La Fiscal¨ªa denuncia a un funcionario de prisiones por filtrar datos de la asesina de Gabriel

La fiscal Elena Mar¨ªa Fern¨¢ndez, que dirigi¨® la acusaci¨®n contra Ana Julia Quezada, condenada el pasado septiembre a prisi¨®n permanente revisable por el asesinato del ni?o Gabriel Cruz, ha presentado ante los juzgados de Almer¨ªa una denuncia contra un funcionario del centro penitenciario de El Acebuche por la supuesta filtraci¨®n a dos medios de comunicaci¨®n de datos de la vida en prisi¨®n de Quezada. Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, el ministerio p¨²blico considera que la informaci¨®n facilitada por el empleado p¨²blico supuso una doble victimizaci¨®n de los padres del peque?o y ve, por ello, indicios de delito en la actuaci¨®n del trabajador penitenciario.

En verano, otra fiscal¨ªa provincial, en este caso la de Valencia, ya denunci¨® un hecho similar. En aquel caso, la investigaci¨®n se centr¨® en sendos trabajadores de las c¨¢rceles de Castell¨®n y Valencia que presuntamente divulgaron en programas de televisi¨®n datos de Mar¨ªa Gombau, acusada de matar a sus dos hijos de cinco a?os y seis meses en marzo en Godella (Valencia). En ambos casos, la fiscal¨ªa considera que los empleados p¨²blicos pudieron incurrir en un delito de revelaci¨®n de secretos castigado con multa y hasta tres a?os de inhabilitaci¨®n, y en los casos m¨¢s graves, con entre uno y tres a?os de prisi¨®n. Hasta ahora no era habitual que se persiguiera judicialmente este tipo de actuaciones.

Investigaci¨®n de Prisiones

En los dos casos, la Fiscal¨ªa inici¨® sus pesquisas a instancias de la Secretar¨ªa General de Instituciones Penitenciarias, que considera que estas supuestas filtraciones no solo atentan contra el derecho fundamental a la intimidad de los reclusos, sino que tambi¨¦n perjudican gravemente a las v¨ªctimas. Su m¨¢ximo responsable, ?ngel Luis Ortiz, remiti¨® en septiembre, coincidiendo con el inicio del juicio contra Quezada, una carta a los directores de las prisiones para que recordaran a los funcionarios su deber de ¡°guardar secreto profesional respecto de los datos, noticias o informaciones que conozca¡± por su trabajo, como recoge el C¨®digo Deontol¨®gico de Instituciones Penitenciarias.

En la misiva, Ortiz tildaba estas filtraciones de ¡°claro decaimiento de la ¨¦tica profesional¡± que, en su opini¨®n, perjudicaban de manera significativa la reinserci¨®n de los internos afectados: ¡°Los internos se observan a s¨ª mismos como objeto de inter¨¦s medi¨¢tico, lo que sin duda distorsiona la imagen que tienen de s¨ª mismos y disminuye las posibilidades de abordar el hecho delictivo¡±. El escrito hac¨ªa hincapi¨¦ en el perjuicio que causaba a las v¨ªctimas el ¡°protagonismo social indebido a quien tanto da?o personal pudiera haberles causado¡±.

En el caso de Quezada, dos medios de comunicaci¨®n reprodujeron la voz distorsionada del que se present¨® como funcionario de prisiones. En aquellas intervenciones, detallaba que la autora del crimen de Gabriel no se relacionaba con otras presas para evitar una agresi¨®n. Tambi¨¦n se hablaba de un intento de autolesi¨®n. Prisiones identific¨® al supuesto trabajador y remiti¨® la informaci¨®n a la Fiscal¨ªa. Esta abri¨® unas diligencias de investigaci¨®n que desembocaron a finales de noviembre en una denuncia ante los juzgados de Almer¨ªa al considerar que existen indicios de delito.

Similar fue el proceso en el caso de la presunta parricida de Godella. Prisiones investig¨® a dos funcionarios de prisiones que desvelaron en programa de televisi¨®n que la reclusa?presentaba "una especie de delirio sin diagnosticar y sin medicaci¨®n", que hab¨ªa sufrido "un brote psic¨®tico" y que hab¨ªa propinado "patadas y mordiscos" a otros funcionarios. Entonces, la Fiscal¨ªa de Valencia tambi¨¦n consider¨® que los empleados p¨²blicos hab¨ªan revelado datos relativos a la salud de la reclusa que "debido a la importancia y el perjuicio que pueden ocasionar a la privacidad de la persona son considerados datos especialmente protegidos", por lo que denunci¨® los hechos en el juzgado.