El ladrillo se impone al medio ambiente en plena pandemia para combatir la crisis econ¨®mica

Relanzar la actividad econ¨®mica hundida por la crisis del coronavirus con la agilizaci¨®n de los tr¨¢mites urban¨ªsticos, resume las explicaciones ofrecidas por los dirigentes pol¨ªticos de varias comunidades aut¨®nomas que han modificado leyes con contenido medioambiental. Lo hacen por la v¨ªa r¨¢pida, por decreto ley, y el que paga es el medio ambiente, denuncian las principales asociaciones ecologistas. Los plazos se acortan, se da mayor poder a los Ayuntamientos o se reducen los estudios de impacto ambiental, entre otras medidas. Andaluc¨ªa y Murcia ya han aprobado cambios, mientras que Galicia ha agilizado la tramitaci¨®n de un millar de proyectos, algunos rodeados de pol¨¦mica por su impacto ambiental. Otros Gobiernos regionales como los de la Comunidad de Madrid, Catalu?a, Castilla-La Mancha, Castilla y Le¨®n, las Islas Canarias o las Baleares han anunciado su intenci¨®n de modificar normativa para simplificar tr¨¢mites urban¨ªsticos.

¡°Estamos viendo que la nueva normalidad es la vieja, porque se repiten los argumentos de anteriores crisis que sit¨²an la normativa urban¨ªstica por encima de la ambiental. Se busca en el ladrillo la salida¡±, plantea Pilar Marcos, responsable de biodiversidad de Greenpeace. La ONG apoya su denuncia en iniciativas como la del Gobierno murciano, que el 7 de mayo aprob¨® un decreto que modifica la ley 4/2009 de Protecci¨®n Ambiental Integrada. O en los cambios introducidos, tambi¨¦n por decreto, el 9 de abril por el Gobierno andaluz en 21 leyes, nueve de ellas referidas a urbanismo y medio ambiente. Ignacio Sotelo, doctor en Derecho e investigador del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Complutense, asegura que ¡°lo verdaderamente preocupante¡± en estos casos no es que se pueda promover ¡°una destrucci¨®n ambiental inaceptable, que tambi¨¦n, sino que a trav¨¦s del cumplimiento de una norma cuyo prop¨®sito es proteger el medio ambiente, dicho fin no se consiga".

La oposici¨®n y sindicatos en el caso murciano ponen el foco en que se permita que una industria o proyecto sujeto a evaluaci¨®n ambiental ampl¨ªe las emisiones, vertidos o utilizaci¨®n de los recursos naturales un 30% ¡ªel doble del 15% autorizado hasta ahora¡ª sin someterse otra vez a ese tr¨¢mite. Y Pedro Luengo, presidente de Ecologistas en Acci¨®n, se pregunta c¨®mo una norma para paliar los efectos de la covid-19 reduce los controles sobre la contaminaci¨®n cuando esta agrava los problemas respiratorios. Se hace para eliminar cargas burocr¨¢ticas y converger con la normativa nacional, explic¨® el consejero de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, en rueda de prensa. Sotelo advierte de que agilizar proyectos sin la evaluaci¨®n de impacto puede "llegar a afectar negativamente al medio ambiente¡±.

Otro de los puntos de desencuentro en Murcia es la posibilidad de que los Ayuntamientos aprueben evaluaciones ambientales de sus planes parciales y especiales, que antes se reservaba a los de m¨¢s de 50.000 habitantes (Murcia, Cartagena, Lorca y Molina del Segura). Las entidades locales ya hab¨ªan ganado competencias con otro decreto de 28 de abril para ¡°mitigar los efectos de la covid-19 en el ¨¢rea de vivienda e infraestructuras¡±. El socialista Alfonso Mart¨ªnez Ba?os considera que es ah¨ª donde se introdujeron los ¡°mayores disparates¡±, porque se permite modificar los planes generales de urbanismo sin pasar por la comunidad aut¨®noma, con el tope del 10% que tuvieran permitido previamente. Desde Podemos, Mar¨ªa Mar¨ªn, su portavoz en Murcia, recuerda que ¡°la nefasta planificaci¨®n no solo afecta a los n¨²cleos urbanos, sino que ha llevado a la completa degradaci¨®n del Mar Menor¡±.

La liberalizaci¨®n en Andaluc¨ªa

Murcia se sit¨²a en la senda del Gobierno andaluz ¡ªdonde tambi¨¦n gobierna una coalici¨®n entre PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox¡ª, que convalid¨® el 9 de marzo el decreto de ¡°mejora y simplificaci¨®n de la regulaci¨®n para el fomento de la actividad productiva en Andaluc¨ªa ¡°. Las principales asociaciones ecologistas han advertido sobre sus efectos. Entre los m¨¢s da?inos est¨¢n la ampliaci¨®n de las actuaciones que se pueden declarar de Inter¨¦s Auton¨®mico algo que favorece la aprobaci¨®n de urbanizaciones residenciales supramunicipales, puertos y aeropuertos, embalses o grandes establecimientos tur¨ªsticos o industriales. ¡°Tambi¨¦n se da v¨ªa libre a la implantaci¨®n de minas y canteras con un mero informe¡±, a?ade Juan Clavero, de Ecologistas en Acci¨®n, que recuerda el episodio negro de la mina de Aznalcollar (Huelva).

Tras la contundente contestaci¨®n a estas medidas de 80 asociaciones y del Gobierno central, que recurri¨® al Tribunal Constitucional la parte sobre audiovisual y patrimonio hist¨®rico, la Junta accedi¨® a tramitar las reformas en el Parlamento. Pero, si hay modificaciones ser¨¢n muy leves, adelant¨® a EL PA?S la Consejer¨ªa de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible. De hecho, el decreto ley ya se ha empezado a desarrollar. El 22 de abril se comunic¨® a los Ayuntamientos que pod¨ªan aplicar la tramitaci¨®n de urgencia para aprobar los instrumentos urban¨ªsticos. Lo que implica, por ejemplo, que el plazo para verificar que se cumplen las normas sectoriales pasa de tres meses a uno. ¡°Se genera una v¨ªa alternativa para no tener que volver a tramitar todos los planes generales de urbanismo que est¨¢n suspendidos judicialmente¡±, abunda Clavero. A todo ello, se sum¨® este martes la aprobaci¨®n de un decreto ley sobre la desescalada en las playas que ha modificado la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica para favorecer el establecimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en suelos de especial protecci¨®n.

Y mientras, en Galicia, el Gobierno de Alberto N¨²?ez Feij¨®o (PP) reactiv¨® la semana pasada un millar de expedientes de vertederos, parques e¨®licos o l¨ªneas de alta tensi¨®n. Ha defendido que son iniciativas ¡°indispensables¡± para el ¡°inter¨¦s p¨²blico¡± con el fin de esquivar las restricciones de actividad decretadas por el Gobierno central y su ¡°gran repercusi¨®n econ¨®mica¡±. Los ecologistas denuncian ¡°indefensi¨®n¡± y acusan a la Xunta de aprovechar la crisis del coronavirus para ¡°dificultar la participaci¨®n de la ciudadan¨ªa en los procedimientos para beneficio y lucro de empresas privadas¡±.

En este contexto, Ignacio Sotelo recuerda que las leyes se deben someter a la Constituci¨®n y eso garantizar¨ªa que ¡°no se llegara a anteponer los principios econ¨®micos a los valores sociales, entre los que podr¨ªamos a?adir el medio ambiente y los entornos naturales¡±.

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