Justicia admite que Espa?a incumpl¨ªa normativa internacional cuando un padre mat¨® a sus dos hijas en Castell¨®n

El aviso lleg¨®, de madrugada, el 25 de septiembre ce 2018. Un polic¨ªa llam¨® por tel¨¦fono a Itziar Prats a su casa de Castell¨®n. Hab¨ªan encontrado muerto en la calle, tras lanzarse desde la ventana, a su exmarido, Ricardo Carrascosa. En el apartamento de ¨¦l encontraron despu¨¦s a sus dos hijas, Nerea y Martina, de seis y dos a?os. Ambas estaban muertas. Las hab¨ªa asesinado su padre. Ocurri¨® despu¨¦s de que Prats reclamara en distintas instancias (el centro de la mujer, la comisar¨ªa, los juzgados) que protegieran a las menores tras las amenazas de su ex. Esta madre inici¨® hace casi medio a?o una cruzada contra la Administraci¨®n para intentar que se admitan los errores cometidos en su caso. Dos ministerios, Justicia e Interior, acaban de darle una primera respuesta negativa: consideran que no hubo ning¨²n fallo.

El Ministerio de Justicia, ante el que present¨® una reclamaci¨®n patrimonial compartida con Interior, admite que cuando ella pidi¨® ayuda, en los a?os 2017 y 2018, Espa?a no estaba aplicando en los protocolos con los que se atiende a las mujeres cuando van a denunciar el convenio del Consejo de Europa sobre prevenci¨®n y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia dom¨¦stica, el conocido como Convenio de Estambul. No se aplicaba pese a que era un acuerdo ratificado por Espa?a a?os antes, en 2014.?

Este ministerio, que ahora encabeza Juan Carlos Campo, no aprecia no obstante que hubiera ¡°un funcionamiento anormal de la Administraci¨®n de Justicia¡± en este caso, seg¨²n el escrito remitido el pasado 20 de enero a la denunciante, al que ha tenido acceso EL PA?S. Tampoco revisa la actuaci¨®n del ministerio fiscal, que no retir¨® el r¨¦gimen de visita ni apreci¨® peligro para las menores ¡°por lo que el posterior asesinato de estas a manos de su progenitor no aparece conectado con un funcionamiento anormal alguno del juzgado o de sus agentes colaboradores¡±. Y concluye: ¡°No se aprecian los elementos necesarios para declarar la existencia de una responsabilidad patrimonial del Estado¡±.

A lo largo del proceso, en los meses que discurrieron entre las primeras alertas de Itziar Prats y el asesinato de las ni?as, ning¨²n psic¨®logo examin¨® a las menores, tampoco al padre ni a la madre. No hubo personal especializado de las unidades de valoraci¨®n forense que revisaran a los implicados. La polic¨ªa decret¨® que el riesgo era ¡°bajo¡± tras la denuncia en comisar¨ªa. El protocolo que aplic¨® la comisar¨ªa, de 2016, fue revisado y cambiado tras el asesinato de Nerea y Martina para ajustarse al Convenio de Estambul. El nuevo protocolo, publicado en abril de 2019, s¨ª analiza el riesgo espec¨ªfico de los menores y la ¡°letalidad¡± para las mujeres.

El Ministerio de Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, es el responsable de ese protocolo policial. En su respuesta a la familia Prats, del pasado 11 de diciembre, tambi¨¦n descarta una actuaci¨®n err¨®nea en este caso. ¡°Sin que la causaci¨®n del tr¨¢gico suceso pueda ser atribuido a la utilizaci¨®n de protocolos obsoletos¡±, dice el escrito de respuesta. Se?ala adem¨¢s que hubo una segunda valoraci¨®n de riesgo, en la que se baj¨® la apreciaci¨®n a ¡°riesgo no apreciado¡± y se desactiv¨® el caso de los listados policiales. Seg¨²n el abogado de Itziar Prats, Gabriel Rubio, ¡°nadie de la comisar¨ªa volvi¨® a ponerse en contacto con ella¡±. El letrado ha pedido a Interior fecha y documentaci¨®n de esa valoraci¨®n de la que la familia no ten¨ªa noticia hasta ahora.

En su reclamaci¨®n, la familia hab¨ªa denunciado tambi¨¦n la actuaci¨®n ¡°voluble¡± del Ministerio Fiscal, que pidi¨® primero la orden de protecci¨®n para las ni?as y cinco d¨ªas despu¨¦s solicit¨® que se archivara. Justicia no entra a valorar esta actuaci¨®n. Solo considera que no son ¡°imputables a la Administraci¨®n de Justicia las distintas decisiones que el ministerio fiscal vaya adoptando a lo largo del proceso¡±. Frente a esto, el abogado replica: ¡°El ministerio p¨²blico es el garante de la seguridad de los menores y no actu¨® bien¡±. Rubio considera ¡°una grave contradicci¨®n¡± que Justicia reconozca en su respuesta que ¡°los protocolos de valoraci¨®n de riesgo no estaban adaptados al vigente Convenio de Estambul, y sin embargo se afirme que la Administraci¨®n de justicia ha funcionado correctamente. ?Es correcto no aplicar la ley?¡±. El letrado debe decidir ahora si recurren ante los ministerios o presenta una demanda ante la Audiencia Nacional: ¡°La voluntad es seguir hasta agotar todas las instancias nacionales o internacionales¡±.

Apoyo social y del Defensor del Pueblo

Las reclamaciones de la familia de Itziar Prats est¨¢n teniendo una amplia acogida social. Todo empez¨® con unas mariposas que empezaron a bordar ella y su madre, la abuela de las menores, y que han llegado hasta el presidente del Gobierno. Pedro S¨¢nchez las mostr¨® en su cuenta de Twitter el pasado 25 de noviembre, D¨ªa Internacional de la Eliminaci¨®n de la Violencia contra la Mujer, con el siguiente mensaje: ¡°?l amenaz¨® con matarlas. Itziar denunci¨® pero algo fall¨®. Debemos volcarnos en la protecci¨®n a las mujeres y menores v¨ªctimas de violencia machista. No podemos volver a fallar".

La lucha de esta mujer para que las Administraciones reconozcan errores en su caso cuenta tambi¨¦n desde el principio con el respaldo del Defensor del Pueblo, Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n. El defensor acaba de publicar una bater¨ªa de peticiones sobre violencia de g¨¦nero, como el seguimiento a los menores en los casos de violencia machista. El abogado de la familia asegura que est¨¢n ¡°muy satisfechos¡± con el apoyo del defensor y con los cambios que se han conseguido, como la modificaci¨®n de protocolo de valoraci¨®n policial. ¡°De alguna manera, compensan el esfuerzo y ahondan en algo que llevamos reclamando desde el principio: hace falta una mejor coordinaci¨®n entre quienes combaten la violencia de g¨¦nero, solo as¨ª se pueden evitar casos como el de Itziar¡±.