Una plataforma suspende a Espa?a en el cumplimiento del convenio europeo de violencia machista

Si la realidad no se conoce no puede cambiarse o, en este caso, mejorarse. Cifras que reflejen esa realidad es lo que piden como medida m¨¢s urgente desde la Plataforma Estambul Sombra, que ha publicado un informe que da un suspenso a Espa?a en el cumplimiento del Convenio de Estambul entre 2014 y 2018, los cuatro a?os desde que fue ratificado, firmado por alrededor de 200 colectivos feministas, ONG de derechos humanos y cooperaci¨®n.

"Todas las reivindicaciones son important¨ªsimas, pero si tenemos que elegir una, precisamos ya datos actualizados, segregados y trabajados que nos ayuden a visibilizar la magnitud de las violencias machistas", explica Bego?a San Jos¨¦, una de las portavoces de la organizaci¨®n civil. Sin ellos, cuenta, es imposible eval¨²ar y promover pol¨ªticas p¨²blicas que den respuesta a las necesidades existentes: "Si todo el tiempo nos tenemos que remitir a la macroencuesta de 2015 [el ¨²ltimo gran an¨¢lisis oficial sobre este tema], dif¨ªcilmente podemos avanzar".

De forma m¨¢s concreta se refieren a los datos sobre protecci¨®n social ¡ªatenci¨®n jur¨ªdica, psicol¨®gica y social de proximidad o los recursos residenciales, por ejemplo¡ª, los m¨¢s dif¨ªciles de encontrar y los menos atendidos por los gobiernos, tanto los auton¨®micos como el nacional: "Con el portal estad¨ªstico la Delegaci¨®n del Gobierno para la Violencia de G¨¦nero dio un enorme salto, queremos que ese salto vaya m¨¢s all¨¢ de las mujeres asesinadas".

Pero los errores de esta entidad dedicada durante los ¨²ltimos siete meses a analizar la evoluci¨®n y situaci¨®n en Espa?a en torno a la violencia machista van m¨¢s all¨¢, y no solo a nivel nacional; seg¨²n el an¨¢lisis, las comunidades tampoco aprueban en los cuatro ¨¢mbitos que han analizado ¡ªprevenci¨®n, protecci¨®n social, protecci¨®n judicial y migraci¨®n, asilo y protecci¨®n internacional¡ª y otro, transversal al resto, la violencia sexual, el acoso en el trabajo y otras formas de violencia, que, se quejan, "no est¨¢n contempladas como violencia de g¨¦nero y es una de las cosas m¨¢s relevantes".

Una falta de reconocimiento normativo que tambi¨¦n est¨¢ ausente fuera del ¨¢mbito de la pareja y que incumple el acuerdo europeo. Cuenta Francisca Guisado, otra de las portavoces, que "no reciben el mismo tratamiento preventivo, ni se las cuenta en las estad¨ªsticas ni se han dictado leyes espec¨ªficas". La integraci¨®n de las pol¨ªticas y la dotaci¨®n de recursos son las otras dos "cuestiones b¨¢sicas" por las que Espa?a "suspende". Aunque est¨¢n atentas a los pasos que va dando el Gobierno: "Vemos que se est¨¢n haciendo cosas, algunas con celeridad, es cierto, pero el Parlamento es lento. Entendemos que no es instant¨¢neo que la legislaci¨®n llegue a las personas, pero tambi¨¦n ha habido mucho de falta de voluntad en los ¨²ltimos a?os. Todav¨ªa estamos evaluando cosas que se aprobaron con la ley de 2004 [la Ley Org¨¢nica de Medidas de Protecci¨®n Integral contra la Violencia de G¨¦nero].

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Hablan de la ausencia de educaci¨®n, desde los curr¨ªculos educativos desde primaria hasta la especializaci¨®n en todas las profesiones relacionadas con la violencia machista; de adecuar la normativa de extranjer¨ªa a la de violencia de g¨¦nero, recuperar los permisos de residencia, traductoras y ayuda social a mujeres y menores inmigrantes, discriminados en este ¨¢mbito; de las Unidades de Valoraci¨®n Forense Integral, que todav¨ªa no existen en todas las provincias y las que hay tienen falta de recursos econ¨®micos, humanos y materiales; de las unidades especializadas en violencia sexual, que, aunque se han creado en algunos organismos como la polic¨ªa o la fiscal¨ªa, siguen faltando en muchos otros, "y tampoco existen para todas las formas de violencia, es generalizada la falta de formaci¨®n especializada, de perspectiva de g¨¦nero y de protocolos de actuaci¨®n integral y coordinada", apunta el texto. Inciden tambi¨¦n en las denuncias: "Es escandaloso que la mitad sean sobrese¨ªdas, que no lleguen ni siquiera a juicio. Es evidente que es un fallo y un coste para la v¨ªctima e institucional. Hay que tener una evaluaci¨®n cr¨ªtica desde el Gobierno y desde el poder judicial".

Son conscientes de que algunas de sus reivindicaciones ya forman parte de la nueva pol¨ªtica, como el derecho a protecci¨®n sin tener que denunciar al agresor o la subida de las pensiones de orfandad por violencia machista, pero, a?aden, "ahora hace falta que se pongan en marcha, que se hagan reales". "Obviamente no vamos a aplaudir al Gobierno, los informes son para ser cr¨ªticos", espeta Francisca Guisado. "Y todav¨ªa queda mucho que arreglar", a?ade. Y comienza una larga lista: "Que las v¨ªctimas de trata sean tratadas tambi¨¦n dentro del marco de la violencia de g¨¦nero, que mejoren los procedimientos judiciales para que no acaben siendo revictimizadas o vengadas en sus pa¨ªses de origen [a veces con el asesinato de sus hijos], pol¨ªticas que empoderen...". Bego?a San Jos¨¦ lo resume as¨ª: "Lo id¨®neo ser¨ªa que no hubiese tal cantidad de denuncias y juicios. Ah¨ª el sistema ya ha fallado. Es como si en el sistema sanitario hubiese m¨¢s gente en los quir¨®fanos que en los centros de salud".