Una activista venezolana presa por ayudar a una menor violada a abortar
Vanessa Rosales fue detenida en octubre. Se le acusa de aborto inducido en el caso de una adolescente de 13 a?os que fue violada
Luego de que le practicaron un legrado para abortar, una ni?a venezolana de 13 a?os fue sometida a un interrogatorio policial sin presencia de fiscales de menores ni representaci¨®n legal. As¨ª comenzaba la pesquisa sobre la denuncia de esa familia por la violaci¨®n de la que fue v¨ªctima, que tuvo como consecuencia inicial un embarazo. La polic¨ªa no ha atrapado hasta ahora al presunto agresor, Carlos Alberto Ter¨¢n, de 52 a?os, se?alado de haber abusado en repetidas ocasiones de la v¨ªctima, su vecina en el barrio Pueblo Nuevo del estado M¨¦rida, en el occidente de Venezuela. Pero s¨ª llevo a prisi¨®n a la madre de la ni?a y a la activista feminista Vanessa Rosales, de 31 a?os.
Las detenciones ocurrieron el pasado 12 de octubre. Fueron acusadas de los delitos de agavillamiento, asociaci¨®n para delinquir y aborto inducido por terceros. El caso del que se supo apenas este mes de enero por la presi¨®n del movimiento de derechos de las mujeres para la liberaci¨®n de Rosales espera convertirse en un parteaguas que empuje el debate sobre la despenalizaci¨®n del aborto en Venezuela, uno de los pa¨ªses con las legislaciones m¨¢s restrictivas de la regi¨®n. Cuando la ni?a qued¨® embarazada producto de la violaci¨®n, su madre recurri¨® a Rosales que tiene m¨¢s de una d¨¦cada siendo activista por los derechos sexuales y reproductivos en la comunidad donde viven. Rosales, adem¨¢s, hab¨ªa sido docente de la ni?a, se conoc¨ªan. Por orientar a la v¨ªctima de violaci¨®n sobre la interrupci¨®n del embarazo estuvo presa tres meses en una comisar¨ªa de M¨¦rida. Desde el 11 de enero en su casa, bajo arresto domiciliario. La madre fue liberada 23 d¨ªas despu¨¦s de la detenci¨®n ¡ªel 4 de noviembre¡ª bajo medidas cautelares de presentaci¨®n. Hicieron una concesi¨®n porque la mujer estaba amamantando a algunos de sus ocho hijos, que quedaron ¡ªincluida la adolescente violada¡ª al cuidado de la hermana mayor mientras estuvo presa.
¡°Vanessa fue la profesora de la ni?a, le hab¨ªa dado clases, la conoce de la escuelita del barrio. La madre es una se?ora muy pobre, con ocho ni?os, a la que obviamente se le recomend¨® que denunciara al violador. Cuando denunciaron formalmente la violaci¨®n, se desata la persecuci¨®n por el aborto, criminalizando a la mam¨¢ y a Vanessa¡±, se?ala Venus Faddoul, del equipo de defensor de Rosales y directora de la organizaci¨®n 100% Estr¨®geno.
El proceso penal contra ambas contin¨²a y en el caso de Rosales la defensa ha denunciado una suma de irregularidades. ¡°Violaron el debido proceso y todos los lapsos probatorios, hicieron la audiencia cuatro d¨ªas despu¨¦s de lo que corresponde, no nos admitieron nada ni el amparo constitucional ni la medida cautelar. Llegamos a un punto de quiebre¡±, enumera Faddoul. Durante la detenci¨®n en la comisar¨ªa, Rosales tampoco tuvo acceso a audiencias privadas con sus abogados, a quienes no se les permiti¨® ver el expediente de la acusaci¨®n. Durante la reclusi¨®n hubo dificultades para la entrega de los medicamentos que toma Rosales.
La pelea del movimiento de mujeres es por la libertad plena y sin cargos para Rosales, pero tambi¨¦n porque el caso sirva ¡ªen medio de la estela que ha dejado el reciente logro de las argentinas con la legalizaci¨®n del aborto hasta la semana 14¡ª para mover en el pa¨ªs el debate sobre este tema, aplastado por las posiciones conservadoras y por la profunda crisis pol¨ªtica e institucional venezolana. ¡°Siempre est¨¢ el factor mis¨®gino de desestimar a los movimientos de mujeres independientes, pero este es el momento para desempolvar esas iniciativas para despenalizar el aborto¡±, dice Faddoul. ¡°Ac¨¢ todos son conservadores, cerrados y medievales. No hay una revoluci¨®n ni una oposici¨®n feminista¡±, se queja.
En 2019 el informe Mujeres al L¨ªmite de 2019 revel¨® los resultados de un monitoreo hecho en cuatro hospitales del pa¨ªs. Durante el seguimiento registraron un total 2.246 abortos, unos 15 diarios, un tercio en adolescentes e incluso ni?as menores de 12 a?os. Por cada tres partos atendidos se recib¨ªa una mujer con un aborto iniciado de forma clandestina e insegura. ¡°Este caso lo que viene a demostrar las consecuencias negativas de la penalizaci¨®n del aborto, tanto para quienes se lo realizan como para quienes lo acompa?an. La crisis venezolana y la vulneraci¨®n de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres obligan a una flexibilizaci¨®n de la norma, como han recomendado al Gobierno, sin que este cumpla, la Cedaw (Comit¨¦ para la Eliminaci¨®n de la Discriminaci¨®n contra la Mujer) y tambi¨¦n el Comit¨¦ de Derechos Econ¨®micos y Sociales de la ONU¡±, se?ala la psic¨®loga Magdymar Le¨®n, de la Asociaci¨®n Venezolana por una Educaci¨®n Sexual Alternativa, una de las organizaciones que realiz¨® el informe. La activista se?ala que el debate sobre el aborto debe salir del ¨¢mbito de las creencias y entrar en el de los derechos humanos y de la salud p¨²blica. Pelear porque al menos la violaci¨®n sea una causal para permitir el aborto es un objetivo que podr¨ªan trazarse las activistas.
La norma venezolana sobre el tema est¨¢ contenida en un C¨®digo Penal de m¨¢s de 100 a?os. Solo permite la interrupci¨®n del embarazo cuando la madre est¨¢ en riesgo, aunque admite una disminuci¨®n de la pena si se apela ¡°el honor¡± de la familia, el llamado aborto honoris causa. No existe un protocolo para guiar la excepci¨®n del aborto terap¨¦utico. ¡°El embarazo en la adolescencia se entiende como de alto riesgo, y m¨¢s en las condiciones sociales como las de la muchacha que ayudo Vanessa. ?No era un riesgo para la vida de esa adolescente de 13 a?os continuar con su embarazo?¡±, se pregunta Le¨®n.
La historia de Rosales ha trascendido y la organizaci¨®n internacional Womens Link, con oficinas en Espa?a y Colombia y presencia en Am¨¦rica Latina y Europa, se ha sumado al caso en apoyo del equipo legal que defiende a la activista presa. ¡°El caso ilustra una de las consecuencias de penalizar el aborto y c¨®mo el Estado desv¨ªa sus funciones en perseguir a quienes ayudan y orientan y no al perpetrador de una violaci¨®n¡±, dice la abogada costarricense Marcia Aguiluz, de Womens Link. ¡°Venezuela tiene uno de los contextos m¨¢s restrictivos de la regi¨®n. La penalizaci¨®n del aborto no es una manera efectiva de evitar o reducir los abortos, porque solo se criminaliza a las mujeres en m¨¢s riesgo y con menos recursos. Y hay evidencia de que en los pa¨ªses donde se ha legalizado m¨¢s bien han disminuido¡±.
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