El aborto legal en Am¨¦rica Latina, un privilegio m¨¢s que un derecho de las mujeres

El v¨ªdeo ha dado la vuelta a la regi¨®n, generando una ola de ilusi¨®n entre miles de mujeres latinoamericanas. Como si fuera el pitido final de un partido decisivo, las activistas argentinas que se congregaron en la plaza del Congreso celebraban la aprobaci¨®n por la C¨¢mara de Diputados del proyecto de ley que permite acceder libre y legalmente al aborto hasta la semana 14 de gestaci¨®n. En paralelo, por toda Am¨¦rica Latina, esa marea verde inspiraba a colectivos feministas que sue?an con que la interrupci¨®n segura del embarazo deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho para quien lo necesite.

El proyecto impulsado por el Gobierno de Alberto Fern¨¢ndez est¨¢ ahora en manos del Senado. De aprobarse, Argentina, el pa¨ªs natal del papa Francisco, pasar¨ªa a integrar la vanguardia del continente latinoamericano en garantizar el derecho de las mujeres a elegir cu¨¢ndo y c¨®mo ser madres. Hasta hoy, solo Cuba, Uruguay, Guyana y Guayana Francesa han regulado el aborto libre, adem¨¢s del Estado mexicano de Oaxaca y la Ciudad de M¨¦xico. En el extremo contrario, est¨¢n El Salvador, Honduras, Nicaragua, Rep¨²blica Dominicana y Hait¨ª que proh¨ªben, sin excepciones, la interrupci¨®n voluntaria del embarazo.

Entre ambos extremos se abre todo un abanico de condiciones, restricciones y vetos que terminan por quitarle el poder de decisi¨®n a las propias mujeres. Por ejemplo: Bolivia y Colombia son los casos en la regi¨®n que recogen la posibilidad de abortar en m¨¢s supuestos: si no est¨¢ asegurada la viabilidad del feto, en casos de violaci¨®n, incesto, o si existe amenaza para la vida, la salud f¨ªsica o mental de la mujer. La lista puede parecer larga y completa, pero la verdadera diferencia est¨¢ en qui¨¦n reside la carga de la prueba. En una ley de acceso abierto, como la uruguaya o la cubana, la norma presume que la mujer puede decidir bajo su propio criterio. De las normas colombiana o boliviana subyace la presunci¨®n contraria: antes de la interrupci¨®n, la mujer debe probar que su caso se adec¨²a a alguna de las causas contempladas. Y esta lista se reduce a¨²n m¨¢s en otros pa¨ªses: en Chile, donde el aborto se despenaliz¨® solo hace tres a?os, se centra en la inviabilidad del feto o en la amenaza para la vida de la mujer; en Costa Rica, solo cuenta si hay peligro de salud f¨ªsica para ella. En los contextos m¨¢s extremos (Guatemala, Paraguay), la mujer solo puede abortar si se demuestra que su vida corre peligro, lo que casi equivale a una prohibici¨®n de facto.

Cuando hay supuestos, hay personas e instituciones diferentes a la mujer que deben certificar que las condiciones se cumplen. Doctores, jueces, psic¨®logos, o un simple requerimiento de tiempo de espera son algunos de los m¨¢s habituales.

Y si algo tienen en com¨²n todos los pa¨ªses que proh¨ªben o restringen bajo condicionantes el acceso a la interrupci¨®n libre del embarazo es que la mujer que lo practique fuera de la norma corre el riesgo de terminar en la c¨¢rcel o poniendo en riesgo su salud. Una reciente investigaci¨®n publicada por la revista m¨¦dica The Lancet se?ala que la proporci¨®n de procedimientos que se pueden considerar como seguros para la mujer var¨ªa dr¨¢sticamente entre pa¨ªses, normalmente en relaci¨®n con el grado de restricci¨®n que rige en cada uno.

Un mercado clandestino de riesgo

Que el aborto est¨¦ prohibido no significa que no exista. Simplemente que lo hace quien puede: quien tiene los recursos y contactos para interrumpir su embarazo de manera segura, mientras que otras mujeres ponen en riesgo su vida por recurrir a m¨¦todos clandestinos o acaban en la c¨¢rcel, en ocasiones tras tener abortos espont¨¢neos o dificultades obst¨¦tricas. Ese es el caso de El Salvador, donde en la actualidad hay 22 mujeres en la c¨¢rcel, condenadas o con procesos abiertos por ese motivo, como explica la periodista especializada en temas de violencia basada en g¨¦nero Mar¨ªa Luz N¨®chez. En un extenso reportaje en El Faro, titulado El privilegio de abortar, N¨®chez documentaba c¨®mo la prohibici¨®n del aborto en el pa¨ªs generaba un mercado clandestino de intervenciones inseguras y convert¨ªa la salud en un privilegio.

¡°Las mujeres que, por el problema de la desigualdad, no tienen las condiciones necesarias para seguir un control m¨¦dico de calidad, si tienen alg¨²n inconveniente en su embarazo y terminan teniendo una emergencia obst¨¦trica, pueden acabar en la c¨¢rcel hasta por m¨¢s de 30 a?os¡±, explica la periodista. ¡°Desde que salen del hospital las esposan, en lugar de esperar a un juicio y en lugar de concederles la presunci¨®n de inocencia, al contrario de a cualquier otro acusado¡±, afirma.

Naciones Unidas ha alertado de que el C¨®digo Penal de El Salvador afecta ¡°desproporcionadamente a las mujeres pobres¡±. Adem¨¢s, un panel de expertos en derechos humanos de esa organizaci¨®n pidi¨® en 2017 a los pa¨ªses derogar las leyes que penalizan indebidamente la interrupci¨®n del embarazo. ¡°La posibilidad de las mujeres para tomar decisiones libres para ellas y sus familias no debe ser un privilegio reservado para las mujeres con recursos, sino que debe ser un derecho¡±, dijeron entonces.

La desigualdad en el acceso al aborto se ve en todos los pa¨ªses donde hay restricciones. En Argentina, cada a?o se estima que se practican m¨¢s de 300.000 abortos. Las mujeres con recursos econ¨®micos y socioculturales pueden costearse abortos seguros en la clandestinidad, pero las m¨¢s pobres a menudo lo hacen con m¨¦todos y condiciones inseguras. Unas 40.000 deben ser hospitalizadas anualmente por complicaciones.

El referente suramericano es Uruguay, donde desde 2013 las mujeres pueden abortar por voluntad propia en las primeras 12 semanas de gestaci¨®n y hasta la 14 en casos de violaci¨®n. Previo a la ley, se estimaban unos 33.000 abortos clandestinos por a?o; siete a?os despu¨¦s son cerca de 10.000 los que se hacen en los plazos y condiciones que marca la normativa vigente. Su implementaci¨®n redujo las muertes de forma dr¨¢stica: solo una mujer ha fallecido desde entonces por complicaciones quir¨²rgicas durante una interrupci¨®n legal del embarazo.

Pero en otros pa¨ªses, como El Salvador, ese tipo de reformas parecen lejanas. En 2018, en el pa¨ªs centroamericano se plante¨® cambiar las leyes y el C¨®digo Penal para permitir el aborto en algunas excepciones, como cuando la vida de la madre est¨¢ en peligro u otras circunstancias extremas, pero el debate no sali¨® adelante, algo que la periodista Mar¨ªa Luz N¨®chez achaca a los grupos de presi¨®n conservadores y vinculados a organizaciones religiosas. Por eso, ve con esperanza lo sucedido este viernes en Argentina. ¡°Es de mucha inspiraci¨®n para el resto de Am¨¦rica Latina, porque es una ciudadan¨ªa que no se rindi¨® y que lograron penetrar en gente que quiz¨¢s no estaba del todo convencida. Y eso luego se transforma en votos para una reforma como esta¡±, afirma.

El voto positivo en la C¨¢mara de Representantes en Argentina se produce dos a?os despu¨¦s de que un proyecto similar se rechazara en el Senado de ese pa¨ªs que, pese a ser pionero en leyes como el matrimonio homosexual o la de identidad de g¨¦nero, arrastra una normativa sobre el aborto que se remonta a un siglo atr¨¢s. Desde 1921, es legal interrumpir el embarazo en casos de violaci¨®n o riesgo para la vida de la madre, pero en cualquier otra circunstancia se considera un delito penado con hasta cuatro a?os de c¨¢rcel.

Pero los meses de discusi¨®n p¨²blica, desde que se rechaz¨® la propuesta en 2018, hicieron que el aborto dejase de ser un tab¨² y avanzase la despenalizaci¨®n social, impulsada por las m¨¢s j¨®venes. Gracias a ese cambio, diputadas como Flavia Morales, cambiaron su voto respecto a dos a?os atr¨¢s. ¡°He reflexionado y analizado. No se trata de lo que pienso sino de lo que est¨¢ sucediendo fuera. En pandemia se siguen realizando estas pr¨¢cticas clandestinas¡±, se?al¨® Morales antes de votar a favor del proyecto. En otros casos, las f¨¦rreas convicciones religiosas se impusieron.