El poder de las redacciones

EL PA?S fue el primer peri¨®dico en Espa?a en el que, a trav¨¦s de un pacto con la propiedad y con la direcci¨®n, la Redacci¨®n en su conjunto garantiz¨® su autonom¨ªa profesional respecto a los accionistas y su papel, y su poder, en el desarrollo y en la defensa de un modelo period¨ªstico consensuado. El acuerdo se plasm¨® en el Estatuto de la Redacci¨®n, un texto con tres p¨¢ginas y 21 art¨ªculos que sigue en vigor, que llev¨® meses negociar y que supuso en su momento una formidable novedad en el mundo de las redacciones y de la empresa period¨ªstica. Aun hoy el Estatuto de la Redacci¨®n de EL PA?S, quiz¨¢s demasiado poco conocido, es uno de los instrumentos m¨¢s interesantes que existen en el mundo para que los periodistas aseguren el cumplimiento de los principios b¨¢sicos de la profesi¨®n.

El texto fue aprobado por dos tercios del censo de la Redacci¨®n el 11 de junio de 1980 y por la mayor¨ªa de la Junta General de Accionistas el 20 de ese mismo mes, en una asamblea extraordinariamente agitada en la que un accionista, recogiendo los argumentos de un violento editorial previo de Abc, lleg¨® a afirmar que el Estatuto acababa ¡°con la libertad prensa¡±, y acusaba a la Redacci¨®n de crear un s¨®viet. Un largo editorial de EL PA?S, un d¨ªa antes de la Junta, tomaba el pelo al Abc (¡°?sabr¨¢n lo que es un s¨®viet?¡±) y defin¨ªa el Estatuto como un instrumento de defensa de un periodismo honesto.

La idea de lograr un mecanismo que ordenara las relaciones profesionales entre la Redacci¨®n, la direcci¨®n y la propiedad surgi¨® muy pronto. La mayor¨ªa de los j¨®venes, y sin embargo experimentados, periodistas contratados para el nacimiento de EL PA?S conoc¨ªa el modelo de la Sociedad de Redactores de Le Monde, por el que un 25% de las acciones de ese medio, con capacidad de bloqueo, estaba en manos de los periodistas. Una comisi¨®n abierta integrada por un nutrido grupo de redactores de EL PA?S estudi¨®, ya en junio de 1978, ese modelo, as¨ª como otros que no afectaban a la propiedad, pero que buscaban garant¨ªas de independencia profesional, y que ya exist¨ªan, sobre todo en pa¨ªses escandinavos. La comisi¨®n estableci¨® unas l¨ªneas de trabajo y decidi¨® convocar elecciones para nombrar a los cinco representantes que abrir¨ªan la negociaci¨®n con la direcci¨®n y la empresa. Fueron elegidos, el 8 de junio de 1979, con el 62% del censo, Bonifacio de la Cuadra, F¨¦lix Monteira, Rosa Montero, ?ngel Santacruz y yo misma, entonces una redactora de 28 a?os.

La propuesta de b¨²squeda de un acuerdo consensuado fue alentada inmediatamente por el director y fundador de EL PA?S, Juan Luis Cebri¨¢n, que por aquel entonces acababa de llegar a una alianza con Jes¨²s de Polanco, el principal accionista y presidente de la empresa editora del diario, Promotora de Informaciones (PRISA) para garantizar un modelo period¨ªstico profesional y los amplios poderes del director del medio. Faltaban por definir ese modelo y esos poderes en un texto en el que tambi¨¦n se recogieran los poderes de la Redacci¨®n. Polanco, sometido a la presi¨®n de un grupo de accionistas que no compart¨ªa su proyecto ni su alianza con Cebri¨¢n y con la Redacci¨®n, acept¨® negociar lo que enseguida se llam¨® ¡°Estatuto de la Redacci¨®n¡±. Durante meses, los representantes de los redactores, que discut¨ªan como pod¨ªan, en alguno de los ratos libres que dejaba la fren¨¦tica actividad profesional, se reunieron con Cebri¨¢n y en ocasiones con el director adjunto, Augusto Delk¨¢der, para avanzar en un articulado que todos ¨¦ramos conscientes de que deber¨ªa ser aprobado en ¨²ltima instancia por la Redacci¨®n, pero tambi¨¦n, y no parec¨ªa f¨¢cil, por la Junta General de Accionistas.

Pronto se desech¨® el modelo franc¨¦s de la sociedad de redactores, que no gustaba a Polanco pero, sobre todo, que no hubiera logrado superar la barrera de la Junta General, y los esfuerzos se concentraron en definir los principios de la publicaci¨®n, imprescindibles para desarrollar el muy novedoso derecho a la cl¨¢usula de conciencia (admitida por la Constituci¨®n pero nunca desarrollada por ley) y el todav¨ªa m¨¢s importante art¨ªculo 7, seg¨²n el cual cuando dos tercios de la Redacci¨®n consideran que una posici¨®n editorial vulnera su dignidad o imagen profesional pueden exponer a trav¨¦s del propio diario su opini¨®n discrepante. La clara primac¨ªa del director sobre cualquier ¨®rgano de la propiedad a la hora de fijar la l¨ªnea editorial y de organizar el trabajo de la Redacci¨®n, con derecho de veto sobre todos los originales, incluida la publicidad, qued¨® complementada por el importante derecho de la Redacci¨®n a votar su nombramiento, antes de que el consejo de administraci¨®n pudiera efectuarlo.

El Estatuto, consideran hoy algunos cr¨ªticos, no alter¨® la relaci¨®n entre la propiedad del medio y los periodistas, y de hecho nunca se ha rechazado ninguna propuesta del consejo de administraci¨®n para el cargo de director, y solo una vez la Redacci¨®n recurri¨® al art¨ªculo 7. Pero lo que se constata es lo contrario: que nunca la propiedad ha propuesto a un director que la Redacci¨®n no aprobara. Desde todos los puntos de vista, 40 a?os despu¨¦s, el Estatuto de Redacci¨®n sigue siendo un instrumento pr¨¢ctico, sensato y formidable de independencia profesional.