Manuela, la salvadore?a que no debi¨® morir en prisi¨®n

Manuela lleg¨® a un hospital de El Salvador casi arrastr¨¢ndose por el suelo y sali¨® de all¨ª esposada y directo a una c¨¢rcel. Ten¨ªa 31 a?os y suplicaba atenci¨®n m¨¦dica tras haber ido al ba?o de su casa -en realidad era una letrina a unos metros de su vivienda- y sufrir un desmayo. Hab¨ªa tenido una emergencia obst¨¦trica y fue condenada a 30 a?os de prisi¨®n bajo del delito de homicidio agravado. Fue encarcelada en 2008 y dos a?os m¨¢s tarde, en 2010, muri¨® de c¨¢ncer. Su caso es estudiado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que este mi¨¦rcoles y jueves escuchar¨¢ a su familia y al Estado salvadore?o. La Corte IDH tendr¨¢ por primera vez la oportunidad de reconocer que negar y penalizar los servicios b¨¢sicos de salud son actos de discriminaci¨®n y violencia contra las mujeres que presentan problemas durante el embarazo. El pronunciamiento del organismo servir¨¢ de br¨²jula para todos los pa¨ªses que hacen parte del sistema interamericano de derechos humanos.

Manuela -la familia ha pedido no revelar su verdadero nombre para cuidar su memoria- fue v¨ªctima de un Estado acostumbrado a perseguir a las mujeres que abortan, incluso cuando es involuntario. El personal m¨¦dico que la recibi¨® no la atendi¨®, la denunci¨® y la acus¨® de provocarse el aborto para ocultar una infidelidad. Manuela no pudo defenderse. Ni su emergencia obst¨¦trica ni el c¨¢ncer linf¨¢tico que ya empezaba a deteriorar su salud fueron tenidos en cuenta. ¡°El Estado no le brind¨® un diagn¨®stico ni un tratamiento apropiado para el c¨¢ncer que padec¨ªa y esa fue una de las causas de la emergencia que sufri¨®¡±, dice Catalina Mart¨ªnez Coral, del Centro de Derechos Reproductivos, una organizaci¨®n que junto a la Colectiva Feminista presentan sus argumentos a favor de Manuela ante la Corte.

Esta es la ¨²ltima etapa del caso, cuatro a?os despu¨¦s de que la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos lo admitiera tras determinar que el Gobierno de El Salvador no le proporcion¨® acceso a la justicia ni a ella ni a su familia. ¡°La Comisi¨®n determin¨® que el Estado viol¨® el derecho a la libertad personal por la detenci¨®n ilegal de la v¨ªctima, tomando en cuenta que fue detenida el 28 de febrero de 2008 bajo la figura de flagrancia sin que se llenaran los requisitos para ello, pues en el momento de la detenci¨®n se encontraba en el Hospital Nacional de San Francisco Gotera¡±. La CIDH tambi¨¦n concluy¨® que ¡°el Estado viol¨® el derecho a la vida, el derecho a la salud, las garant¨ªas judiciales y la protecci¨®n judicial, tomando en cuenta que la v¨ªctima no recibi¨® un diagn¨®stico m¨¦dico integral cuando fue privada de la libertad -en los primeros meses de detenci¨®n perdi¨® 13 kilos-, ni tampoco un tratamiento m¨¦dico oportuno y adecuado, que hubiera permitido prolongar la vida de Manuela, quien falleci¨® luego de padecer de una enfermedad cuyos indicios se manifestaron desde 2007. La muerte de la v¨ªctima, bajo custodia del Estado, no fue esclarecida mediante una investigaci¨®n adecuada¡±, se?al¨® la CIDH cuando present¨® el caso ante la Corte.

¡°No se trata de determinar su inocencia sino la responsabilidad del Estado. Los m¨¦dicos no pueden ser fiscales, los procesos penales deben tener garant¨ªas y ella no las tuvo¡±, se?ala Mart¨ªnez Coral. Manuela ten¨ªa dos hijos y su tercer embarazo avanzaba, nunca quiso abortar, estaba enferma y fue encarcelada y separada de su familia, que este jueves se presenta a trav¨¦s de un v¨ªdeo en la audiencia. Su mam¨¢, hoy con m¨¢s de 80 a?os, busca desde 2008 justicia. Fue ella quien llev¨® al hospital a su hija, moribunda tras expulsar el feto involuntariamente. Como viv¨ªan en una zona rural tuvo que pagarle a un vecino 60 d¨®lares -una fortuna para ellas que no ten¨ªan dinero- para que las transportara por un camino de casi tres horas hasta San Salvador. Les urg¨ªa que la atendiera un especialista, pero se encontraron con m¨¦dicos que hicieron de fiscales y la denunciaron. ¡°Quienes la recibieron no debieron haberla declarado culpable sin siquiera examinarla. No le suturaron las heridas por el desgarro que sufri¨®, ni le dieron una pastilla. La interrogaron antes que atender su emergencia¡±, cuenta Mart¨ªnez Coral.

Morena Herrera, activista de la Agrupaci¨®n Ciudadana para la Despenalizaci¨®n del Aborto en El Salvador, ha dicho que esperan que la Corte ordene una reparaci¨®n econ¨®mica para la familia de Manuela y un tratamiento m¨¦dico y psicol¨®gico para sus dos hijos. Las organizaciones que han acompa?ado el caso tambi¨¦n esperan que el resultado en este proceso permita que se ordene al Estado establecer una normativa que garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en un pa¨ªs en donde una complicaci¨®n obst¨¦trica es un delito que se paga hasta con 50 a?os de c¨¢rcel.

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