La ley de infancia se enreda en el tiempo de prescripci¨®n de la pederastia

La ampliaci¨®n del plazo de prescripci¨®n de los delitos de pederastia es uno de los principales logros de la nueva ley de protecci¨®n de la infancia frente a la violencia, que este jueves llega al Congreso. Seg¨²n el proyecto actual, el tiempo que tiene la v¨ªctima para denunciar ya no empezar¨¢ a contar, como hasta ahora, a partir de que cumpla los 18 a?os, sino a los 30. Es decir, que en los casos m¨¢s graves, los delitos no prescribir¨¢n...

La ampliaci¨®n del plazo de prescripci¨®n de los delitos de pederastia es uno de los principales logros de la nueva ley de protecci¨®n de la infancia frente a la violencia, que este jueves llega al Congreso. Seg¨²n el proyecto actual, el tiempo que tiene la v¨ªctima para denunciar ya no empezar¨¢ a contar, como hasta ahora, a partir de que cumpla los 18 a?os, sino a los 30. Es decir, que en los casos m¨¢s graves, los delitos no prescribir¨¢n hasta que la v¨ªctima alcance los 45 a?os de edad. De este modo se da m¨¢s tiempo a las v¨ªctimas para que est¨¦n en condiciones de denunciar, pues tardan a?os en dar el paso. Pero para las asociaciones de supervivientes de abusos y organizaciones de infancia no es suficiente, y quieren ampliar ese tiempo 10 a?os, y que se inicie cuando cumplan los 40 a?os. En todo caso, la ley no tiene efecto retroactivo, solo afecta a los nuevos delitos.

Muchos partidos se han mostrado a favor de aumentar los plazos, seg¨²n las consultas realizadas por este peri¨®dico y las asociaciones de v¨ªctimas: PP, Vox, ERC, Ciudadanos, M¨¢s Pa¨ªs, Comprom¨ªs, BNG y Junts x Cat. Se acercan a la mayor¨ªa absoluta. Este es uno de los puntos de fricci¨®n de una norma con amplio consenso y celebrada por las organizaciones de infancia. Otro es la propuesta de otorgar la condici¨®n de agentes de autoridad a los funcionarios de los servicios sociales, pues las asociaciones consideran que incrementar¨ªa la posici¨®n de poder de la Administraci¨®n frente a las familias en procesos de retiradas de tutela. Pero hay diferencias en la coalici¨®n de Gobierno: el PSOE la avala y Unidas Podemos opta por suprimir esta condici¨®n.

El plazo de prescripci¨®n todav¨ªa puede ser modificado en el pleno del Congreso o durante la tramitaci¨®n en el Senado. Entre los miembros del Ejecutivo, fuentes de Unidas Podemos apuntan que la ampliaci¨®n del plazo ya recogida en la nueva ley hasta que la v¨ªctima tenga 30 a?os es ¡°un avance sustancial¡± porque hace ¡°pr¨¢cticamente imprescriptibles¡± estos delitos, aunque se replantear¨ªan su posici¨®n ¡°si hubiera un acuerdo mayoritario de los grupos¡±. Fuentes del PSOE consideran adecuado el l¨ªmite del proyecto actual. ¡°Es un horizonte lo suficientemente amplio para permitir la asimilaci¨®n de los delitos por las v¨ªctimas y es respetuoso con el principio de seguridad jur¨ªdica de nuestro ordenamiento¡±, sostienen. En realidad, la vicepresidenta Carmen Calvo anunci¨® en 2018 en el Vaticano que el Gobierno quer¨ªa que estos delitos no prescribieran nunca. As¨ª es ya en algunos Estados de Estados Unidos o en el Reino Unido, entre otros pa¨ªses. Pero el texto ha tomado finalmente como modelo Alemania.

La Plataforma de Infancia, que aglutina a 73 entidades, est¨¢ a favor de que el plazo para denunciar empiece a contar a partir de que la v¨ªctima tenga 40 a?os. ¡°Es lo que nos dicen todos los expertos con los que hemos hablado, se tarda mucho en denunciar, entre los 40 y los 42 a?os de media, y el l¨ªmite de los 30 a?os se puede quedar corto¡±, explica su director, Ricardo Ibarra. Para Miguel ?ngel Hurtado, v¨ªctima de abusos en la abad¨ªa de Montserrat, el texto actual ¡°significa que el grueso de casos prescribir¨¢n cuando la v¨ªctima tenga entre 35 y 40 a?os, la mayor¨ªa se quedar¨¢n fuera¡±. Hurtado es promotor de una recogida de firmas en Change.org que suma ya 527.000 para que estos delitos no prescriban. Cita un estudio de la Iglesia cat¨®lica de Australia de 2017, con 4.445 casos: las v¨ªctimas tardaron de media 33 a?os en denunciar, y ten¨ªan una media de 44 a?os. ¡°Algunos partidos siguen sin entender que esta medida no es un ejemplo de populismo punitivo, sino de compromiso con los derechos humanos de la infancia. La prescripci¨®n es la gran aliada de los pederastas¡±.

Save the Children no tiene problema con elevar el inicio de los plazos a los 40 a?os, pero se?ala que ¡°el objetivo no era poner el foco en la responsabilidad penal, debe hacerse un esfuerzo en prevenci¨®n, concienciaci¨®n, especializaci¨®n y detecci¨®n temprana del delito¡±, reflexiona Catalina Perazzo, ?su directora de Sensibilizaci¨®n y Pol¨ªticas de Infancia. Josep Mar¨ªa Tamarit, catedr¨¢tico de Derecho Penal en la Universidad de Lleida y en la Universitat Oberta de Catalunya, especializado en Victimolog¨ªa, opina que ampliar la prescripci¨®n a los 30 a?os ¡°es un paso adelante y es positivo¡±: ¡°La imprescriptibilidad plantea muchos problemas en la pr¨¢ctica, porque tiene que haber pruebas, y aunque se alargue el plazo de prescripci¨®n, confiar en que la soluci¨®n tenga que llegar siempre de la justicia penal es esperar mucho. Las v¨ªctimas ponen demasiado el foco en esta cuesti¨®n, hay un exceso de expectativas¡±.

Pol¨¦mica sobre los agentes de autoridad

Otro punto que ha generado fricciones es el que otorga a los trabajadores de servicios sociales la categor¨ªa de agentes de autoridad. Estos funcionarios son quienes, entre otras cosas, deciden la retirada de tutela de menores en desamparo, una medida que genera conflictos con las familias. Cuenta con el aval del PSOE y del PP, que tienen la mayor¨ªa necesaria. Sin embargo, organizaciones de infancia piden que se suprima. Ibarra, de la Plataforma de la Infancia, considera que ¡°genera un desequilibrio a¨²n mayor del que ya existe¡± entre la Administraci¨®n y las familias en estos procedimientos, y avisa de que ¡°dar¨ªa presunci¨®n de veracidad al agente de autoridad¡±. Seg¨²n la presidenta de la Fundaci¨®n Ra¨ªces, Lourdes Reiz¨¢bal, ¡°para que valga igual la declaraci¨®n de un padre o una madre que la de un agente de la autoridad, las familias tendr¨ªan que conseguir destruir jur¨ªdicamente esa veracidad del trabajador social, una dificultad a?adida muy complicada de salvar¡±.

El art¨ªculo establece que los funcionarios de servicios sociales, en el ejercicio de sus funciones de protecci¨®n de menores, tendr¨¢n la condici¨®n de agente de autoridad y podr¨¢n solicitar la colaboraci¨®n de las fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios. Algo especialmente importante en casos de urgencia. Fuentes socialistas argumentan que los trabajadores sociales tienen una formaci¨®n adecuada, defienden su ¡°papel clave¡± en la protecci¨®n de menores y sostienen que ¡°cuestionar su profesionalidad carece de fundamento¡±.

Pero su socio en el Gobierno, Unidas Podemos, vot¨® la semana pasada en la Comisi¨®n de Derechos Sociales a favor de retirar esta figura, en una enmienda de EH-Bildu. Su propuesta se someter¨¢ a votaci¨®n en el Congreso y volver¨¢ a plantearla en el Senado, si es rechazada. Habr¨¢ que ver entonces c¨®mo se posicionan los partidos. Hasta ahora, ERC se ha manifestado en contra. Vox considera que ¡°las facultades propias de la autoridad deben reservarse a la fuerza p¨²blica y, en todo caso, a jueces y magistrados¡±. Sara Gim¨¦nez, de Ciudadanos, cree que este art¨ªculo no se ¡°ha trabajado bien en la negociaci¨®n¡± y tiene ¡°muchas aristas¡±. ¡°El argumento no puede ser que los trabajadores pueden ser agredidos, porque el texto ya prev¨¦ que puedan recurrir a las fuerzas de seguridad¡±, sostiene Perazzo, de Save the Children. Si en el pleno se mantiene el mismo sentido del voto de la semana pasada en la comisi¨®n, no habr¨¢ cambios en el texto. Deber¨¢ volver a debatirse en el Senado.