La ley que ampl¨ªa la prescripci¨®n de los delitos sexuales contra menores, a un paso de su aprobaci¨®n en el Congreso

La ley de protecci¨®n de la infancia y la adolescencia frente a la violencia est¨¢ un paso m¨¢s cerca de su aprobaci¨®n. La comisi¨®n de Derechos Sociales del Congreso ha dado luz verde este mi¨¦rcoles, por 27 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, al dictamen que pasar¨¢ a pleno previsiblemente la pr¨®xima semana, tras lo cual llegar¨¢ al Senado. Los grupos registraron 576 enmiendas y, seg¨²n ha destacado la mayor¨ªa de portavoces durante sus intervenciones, se han incluido sustanciales mejoras durante el tr¨¢mite parlamentario. Entre ellas, dotar al texto legal de perspectiva de g¨¦nero, con medidas que refuerzan la protecci¨®n de los menores en caso de violencia machista en el ¨¢mbito familiar o la prohibici¨®n de que se aluda al llamado s¨ªndrome de alienaci¨®n parental ¡ªque no tiene aval cient¨ªfico y por el que se considera que un progenitor, normalmente la madre, manipula a sus hijos en contra del otro, al que terminan por rechazar¡ª, el refuerzo del ni?o a ser informado en procesos administrativos y judiciales, o el veto a que un funcionario p¨²blico desestime la denuncia de un menor porque entienda que le falta madurez.

Tanto el Comit¨¦ de Derechos del Ni?o de la ONU como las organizaciones de infancia reclaman desde hace a?os la aprobaci¨®n por parte de Espa?a de una ley integral que proteja al menor de situaciones de violencia. Fue una de las primeras promesas de Pedro S¨¢nchez al llegar al poder, y en el Gobierno de coalici¨®n el texto pas¨® a depender de la cartera de Pablo Iglesias. La normativa tiene como fin prevenir, identificar y reparar la violencia que sufren los menores de edad. En junio del a?o pasado, el Consejo de Ministros aprob¨® en segunda lectura el anteproyecto de la norma, que ampliar¨¢ el plazo de prescripci¨®n de los delitos m¨¢s graves cometidos contra menores, entre ellos, los delitos sexuales. El tiempo no empezar¨¢ a correr hasta que la v¨ªctima cumpla los 30 a?os, y no los 18 actuales, algo que reivindicaban las organizaciones de infancia debido a que quienes han sufrido abusos tardan normalmente muchos a?os en procesar lo sucedido y atreverse a denunciar. Tambi¨¦n se crear¨¢n unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad y se instaurar¨¢n protocolos contra la violencia en los centros educativos, deportivos y de ocio.

El dictamen ha sido aprobado en comisi¨®n con los votos a favor de los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, adem¨¢s del Partido Popular, Ciudadanos y el Grupo Plural. Vox y PNV han votado en contra, el primero por opinar que es ¡°el colmo de la insensatez en la batalla de la cultura antifamilia¡± y el segundo por considerar que invade competencias auton¨®micas. ERC y EH Bildu se han abstenido. Los grupos parlamentarios se han reunido en ocho ocasiones en la fase de ponencia y han debatido los centenares de enmiendas recibidas. Seg¨²n ha destacado la portavoz socialista, Mar¨ªa Luisa Carcedo, m¨¢s de 200 se han incorporado y 75 se han transaccionado entre los grupos pol¨ªticos, de ah¨ª que la mayor¨ªa de diputados que han intervenido hayan destacado que se trata de una ley de consenso. Carcedo ha criticado que ¡°solo el 15% de los casos de violencia contra la infancia son conocidos¡± y que sobre estos asuntos existe ¡°una espesa capa de silencio¡±. Seg¨²n ha dicho, la ley refuerza la creaci¨®n de ¡°espacios seguros¡± en los ¨¢mbitos en los que los ni?os desarrollan su vida.

Luc¨ªa Mu?oz, portavoz de Unidas Podemos, ha destacado que los cambios introducidos durante la fase de enmiendas se dividen en bloques, el primero refuerza los mecanismos de protecci¨®n y participaci¨®n de los ni?os, que incluyen medidas como el desarrollo de los protocolos que deber¨¢n instaurarse en los centros de protecci¨®n de menores o las mejoras de las funciones del coordinador de bienestar de los centros educativos (la figura a la que deber¨¢n recurrir los alumnos en caso de violencia y que deber¨¢ velar por la aplicaci¨®n del protocolo, en cuya elaboraci¨®n adem¨¢s participar¨¢n los estudiantes). ¡°El segundo, formado por las que van a permitir dotar a la ley de una marcada perspectiva de g¨¦nero de la que carec¨ªa anteriormente¡±.

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Entre las enmiendas pactadas, se evitar¨¢ que ¡°planteamientos te¨®ricos o criterios sin aval cient¨ªfico que presuman interferencia o manipulaci¨®n adulta, como el llamado s¨ªndrome de alienaci¨®n parental, puedan ser tomados en consideraci¨®n¡±. Adem¨¢s, se incluye un nuevo art¨ªculo para proteger a la infancia en situaciones de violencia de g¨¦nero en el ¨¢mbito familiar y se establece la garant¨ªa de una atenci¨®n integral para la recuperaci¨®n de los menores de delitos violentos de naturaleza sexual o de g¨¦nero y se elimina la posibilidad de guarda conjunta en caso de que existan indicios de violencia de g¨¦nero, ha destacado Mu?oz. En el texto tambi¨¦n se da un mandato al Gobierno para que apruebe un reglamento para establecer un procedimiento com¨²n para determinar la edad de los menores no acompa?ados y de regular el r¨¦gimen aplicable a las medidas de contenci¨®n en los centros de internamiento de menores.

Pese al consenso en torno a la norma, se han evidenciado discrepancias durante la jornada. Dos de ellas ata?en a los socios de gobierno. La primera de ellas, debido a una enmienda que ha sido rechazada y en la que los dos partidos que forman el Ejecutivo han tenido votos contrapuestos. Mientras Unidas Podemos quer¨ªa regular en esta norma la prohibici¨®n de desahucios de familias con menores a cargo, fuentes parlamentarias socialistas explican que han votado en contra de esta enmienda porque es un asunto que ya se est¨¢ negociando en la ley de vivienda. La segunda ha llegado con la intenci¨®n de Unidas Podemos de prohibir la asistencia de menores a espect¨¢culos taurinos o en los que se lesione o mate animales, una enmienda pactada con BNG, M¨¢s Pa¨ªs-Comprom¨ªs y ERC y que ha sido rechazada por el resto de grupos, entre ellos, el PSOE, con la abstenci¨®n de EH Bildu y PNV. Fuentes socialistas apuntan que las competencias son auton¨®micas y que incluir esta prohibici¨®n en la ley supondr¨ªa exponerse a que la tumbe el Tribunal Constitucional.

Elevar la prescripci¨®n de los delitos graves

Mar¨ªa de la O Redondo, portavoz del PP, ha afeado el ¡°enfoque partidista¡± de la ley, dado que ¡°el Gobierno ha tenido una voluntad de consenso diferente dependiendo de qu¨¦ grupo se tratase¡±. ¡°Se han presentado 600 enmiendas. El 70% son suyas [los socios de Gobierno], de Ciudadanos o M¨¢s Pa¨ªs¡±, ha dicho.

Sara Gim¨¦nez, portavoz de Ciudadanos, ha elogiado la ¡°disposici¨®n a llegar a acuerdos¡±. Ha explicado, no obstante, que en su opini¨®n deber¨ªa ¡°adaptarse la nueva legislaci¨®n a las necesidades de las v¨ªctimas¡± y elevar la edad a partir de la cual prescriben los delitos graves contra menores de los 30 a?os fijados actualmente en el texto a 40, una reivindicaci¨®n de las organizaciones de infancia. Finalmente, la enmienda no ha obtenido los apoyos suficientes. La diputada ha destacado que s¨ª se ha logrado aumentar ¡°de seis a 12 meses el tiempo en el que la Administraci¨®n mantiene la tutela sobre menores fugados [de centros de protecci¨®n]¡± y ha considerado que ¡°ha faltado trabajo¡± con el art¨ªculo que confiere a los trabajadores sociales la condici¨®n de agentes de autoridad, algo sobre lo que algunas organizaciones de infancia han manifestado su preocupaci¨®n, por la posibilidad de que genere indefensi¨®n entre familias a las que se retira la tutela de sus hijos.

Este punto es precisamente uno de los que m¨¢s ha destacado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien lo ha descrito como un ¡°error flagrante¡± dado que los trabajadores ¡°podr¨¢n saltarse procedimientos en caso de urgencia¡±. En este aspecto tambi¨¦n ha insistido Mar¨ªa Carvalho, de ERC, quien ha asegurado que hay aspectos ¡°mejorables¡± en el texto, como el hecho de que no se hable de ¡°violencia institucional¡±, en referencia a la que sufren menores tutelados en centros.