La hija de Berta C¨¢ceres denuncia irregularidades en el juicio contra el supuesto asesino de la ambientalista

Han pasado cinco a?os desde el asesinato de la ambientalista hondure?a Berta C¨¢ceres y su hija, Berta Z¨²?iga, afirma que varios de los involucrados en el crimen de su madre siguen sin ser enjuiciados en Honduras, un pa¨ªs con una alta tasa de impunidad, principalmente cuando se trata de esclarecer cr¨ªmenes contra ecologistas. A la familia de la activista les alivia que al menos siete personas ya fueron condenadas en 2019 y esta semana se desarrolla el juicio contra Roberto David Castillo, se?alado de ser el actor intelectual del asesinato. Z¨²?iga, sin embargo, denuncia que el Estado hondure?o protege a otras personas involucradas, incluidos integrantes de la poderosa familia Atala, propietaria de la empresa Desarrollos Energ¨¦ticos S.A.?(DESA), a quien el Gobierno le otorg¨® la concesi¨®n del proyecto hidroel¨¦ctrico Agua Zarca, al que C¨¢ceres se opon¨ªa.

¡°Durante todo este tiempo ha quedado claro que hay una estructura criminal que incluye a personas que son protegidas por el Estado¡±, afirma Berta Z¨²?iga en conversaci¨®n telef¨®nica con EL PA?S. La joven, adem¨¢s de a varios integrantes de la familia Atala, se?ala a oficiales de la polic¨ªa de Honduras. En el caso de los Atala dice que ha habido ¡°cientos de mensajes¡± analizados por peritos involucrados en el caso de su madre que pueden ser usados como pruebas de la participaci¨®n de los empresarios hondure?os. ¡°Ellos trafican con influencias. Se comunican con expresidente y ministros. Es urgente que el Ministerio P¨²blico tome acciones y deje de protegerlos¡±, exige Z¨²?iga.

En 2017, DESA env¨ªo un mensaje a este peri¨®dico en el que afirmaba que estaba ¡°completamente desvinculada de los desafortunados hechos que terminaron con la vida de Berta C¨¢ceres¡±. La Fiscal¨ªa de Honduras, sin embargo, afirm¨® en su acusaci¨®n de 2018 que Castillo, entonces presidente ejecutivo de DESA, pidi¨® al jefe de seguridad de la empresa, el militar retirado Douglas Bustillo, que organizara el homicidio. Bustillo acudi¨® a un viejo amigo del Ej¨¦rcito, el mayor Mariano D¨ªaz Ch¨¢vez, instructor de la Polic¨ªa Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a unos sicarios. Se les pag¨® hasta 2.200 d¨®lares (1.986 euros) para cometer el crimen, seg¨²n la Fiscal¨ªa. Tanto Bustillo como D¨ªaz Ch¨¢vez fueron condenados a 30 a?os de c¨¢rcel en 2019.

Mientras la familia de Berta C¨¢ceres espera que otras personas involucradas en el crimen sean enjuiciadas pronto, siguen con expectativa el proceso contra Castillo, que se extender¨¢ durante esta y la pr¨®xima semana. A pesar de sentirse ¡°afortunada¡± porque el caso de su madre no ha quedado totalmente en la impunidad, Z¨²?iga afirma que ha habido irregularidades en el juicio y acusa a la Fiscal¨ªa de mantener ¡°un gran hermetismo¡± en el manejo de la investigaci¨®n. ¡°La Fiscal¨ªa ha desconocido nuestro derecho para conocer las l¨ªneas de investigaci¨®n. Si no fuera por la presi¨®n internacional, Castillo no estar¨ªa siendo procesado¡±, afirma Z¨²?iga.

Gonzalo S¨¢enz, representante de la Misi¨®n Internacional de Observaci¨®n en el juicio, comparte las quejas de la hija de C¨¢ceres y afirma que el Ministerio P¨²blico ha manejado informaci¨®n que no ha compartido con el quipo que defiende el caso de la activista y que tambi¨¦n puede afectar a otras personas involucradas en el crimen. ¡°Es responsabilidad del Estado esclarecer todos los hechos relacionados con el caso de Berta¡±, afirma. Con todo, S¨¢enz toma nota de lo importante que es para Honduras que se realice el juicio contra Castillo, porque puede generar un precedente en un pa¨ªs donde se han cometido decenas de cr¨ªmenes contra ecologistas y que se mantienen impunes.

Berta C¨¢ceres hab¨ªa denunciado p¨²blicamente a Castillo por amenazas de muerte. ¡°Ella se?al¨® que si alguien iba a asesinarla esa persona era ¨¦l¡±, dice su hija. La ecologista se hab¨ªa opuesto abiertamente a la construcci¨®n de la presa de Agua Zarca, un proyecto hidroel¨¦ctrico que afectar¨ªa al r¨ªo Gualcarque, importante fuente de recursos para comunidades ind¨ªgenas hondure?as. C¨¢ceres moviliz¨® a los ind¨ªgenas, denunci¨® el proyecto y atrajo la atenci¨®n internacional. Por su lucha ecologista le fue otorgado el Goldman Enviromental Prize, el galard¨®n m¨¢s prestigioso en su ramo. Bertha Z¨²?iga afirma que ejecutivos de DESA dieron su consentimiento para el asesinato de su madre.

Un tribunal de Honduras conden¨® en 2019 a siete personas por el asesinato de la activista, entre ellos a los tres sicarios que le dispararon en de marzo de 2016, dos exmilitares y dos trabajadores vinculados a la empresa DESA. El tribunal declar¨® culpables a Sergio Rodr¨ªguez (gerente de comunicaciones de DESA), Mariano D¨ªaz (mayor en activo del ej¨¦rcito de Honduras), Douglas Bustillo (teniente retirado y exjefe de seguridad de DESA), Henry Hern¨¢ndez (exmilitar) y a los sicarios Elvin R¨¢palo, ?scar Torres y Edilson Duarte, como coautores del asesinato. La familia de C¨¢ceres espera que David Castillo, presidente ejecutivo de DESA y se?alado de ser el autor intelectual del homicidio contra la activista, tambi¨¦n sea condenado al final del juicio en su contra. ¡°Este es un proceso por la memoria de mi madre. S¨¦ que hace falta un largo trecho para que otros involucrados sean juzgados, pero para lo que es nuestro pa¨ªs [Honduras] y su alta impunidad, este proceso marca un camino y as¨ª evitar que queden impunes otros cr¨ªmenes¡±, afirma Berta Z¨²?iga.

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