El juicio de Berta C¨¢ceres: siete condenas y un sabor agridulce

El tribunal de Honduras que juzga el caso de Berta C¨¢ceres conden¨® este jueves a siete personas y absolvi¨® a otra m¨¢s por su implicaci¨®n en el asesinato de la l¨ªder ecologista. Entre los condenados est¨¢n los tres sicarios que dispararon contra C¨¢ceres el 2 de marzo de 2016, dos exmilitares y dos trabajadores vinculados a la empresa DESA (Desarrollos energ¨¦ticos), que construir¨ªa la presa hidroel¨¦ctrica a la que la ecologista se opon¨ªa frontalmente.

El tribunal declar¨® culpables a Sergio Rodr¨ªguez (gerente de comunicaciones de DESA), Mariano D¨ªaz, (mayor en activo del ej¨¦rcito de Honduras) Douglas Bustillo (teniente retirado y exjefe de seguridad de DESA), Henry Hern¨¢ndez (exmilitar) y a los sicarios Elvin R¨¢palo, ?scar Torres y Edilson Duarte, como coautores del asesinato.Tras un juicio de cinco semanas, considera tambi¨¦n que est¨¢ probado que los directivos de la empresa DESA planificaron el asesinato con el objetivo de da?ar su lucha.

La familia de la ecologista se mostr¨® contraria al fallo y opin¨® que ¡°hubo condenas pero no hubo justicia¡±, resumi¨® la hija de Bertha C¨¢ceres a este diario, en referencia a que no se ha investigado a los due?os de la hidroel¨¦ctrica. Organizaciones como CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional ) y Amnist¨ªa Internacional consideran que "los autores intelectuales del asesinato a¨²n est¨¢n en impunidad¡±.

Seg¨²n la reconstrucci¨®n de la sala I del Tribunal de Tegucigalpa, cansado de las protestas de Berta C¨¢ceres y COPINH, la organizaci¨®n que lideraba, el gerente de la empresa DESA pidi¨® ayuda a uno de sus jefes de seguridad para que terminara con ella. En concreto se lo pidi¨® al teniente retirado Douglas Bustillo. A su vez, Bustillo recurri¨® a otro amigo de los cuarteles, el mayor Mariano D¨ªaz, instructor de la Polic¨ªa Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a los sicarios. Al ¨²ltimo de los pistoleros lo capturaron en enero en una peluquer¨ªa de Reynosa, Tamaulipas, en la frontera entre M¨¦xico y Estados Unidos, donde trabajaba. Hab¨ªa recibido 50.000 lempiras (2.200 d¨®lares) por apretar el gatillo. Coordinado con los siete estar¨ªa el presidente de la compa?¨ªa, David Castillo, detenido en marzo y que sigue un juicio paralelo. Hasta hoy el ¨²nico testigo de lo sucedido aquella noche es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien result¨® herido en el ataque.

Adem¨¢s de se?alar a los culpables, el tribunal, compuesto por dos juezas y un juez, hizo p¨²blicos algunos detalles que abonan las dudas sobre quienes fueron los autores intelectuales o de d¨®nde sali¨® el dinero para pagar a los sicarios. La sentencia constat¨® que las protestas lideradas por Berta C¨¢ceres molestaban a los directivos de DESA y que intentaron asesinarla sin ¨¦xito un mes antes.Tambi¨¦n que tras el frustrado intento, Bustillo se comunic¨® con miembros de DESA para planificar un nuevo asesinato.

Adem¨¢s, Sergio Rodr¨ªguez pagaba a informantes para tener permanentemente localizada a C¨¢ceres sobre los lugares, d¨ªas y fechas en los que habr¨ªa protestas. Mediante un chat de WhatsApp, informaba a los ejecutivos de DESA sobre las acciones, movimientos y ubicaci¨®n de Berta C¨¢ceres y el Copinh.

Los a?os de finales de condena para los siete culpables se conocer¨¢n en enero, pero la pena por asesinato en Honduras ronda los 50 a?os de c¨¢rcel. Seg¨²n la empresa, la familia C¨¢ceres y Copinh han intentado manipular el juicio y se han dejado fuera pruebas sobre una supuesta relaci¨®n de C¨¢ceres que demostrar¨ªan una relaci¨®n tormentosa que habr¨ªa acabado con su vida.

¡°Tenemos una sensaci¨®n agridulce sobre la sentencia. Por un lado, los siete condenados, seg¨²n nuestras pruebas, est¨¢n vinculados al asesinato, pero no se ha juzgado a quienes dieron la orden¡±, se?al¨® v¨ªa telef¨®nica Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presente en el juicio. ¡°Sin embargo, hay un claro se?alamiento del tribunal a los directivos como responsables¡±, dice la responsable de la organizaci¨®n de derechos humanos con sede en Washington.

¡°A pesar de la existencia de una sentencia (...) la justicia hondure?a tiene pendiente demostrar su compromiso con la verdad e identificar a todos las personas que planearon y ordenaron el asesinato de la defensora Berta C¨¢ceres¡±, se?al¨® ?rika Guevara Rosas, directora para las Am¨¦ricas de Amnist¨ªa Internacional. Para la empresa nunca se han demostrado que la orden saliera de sus despachos y, aunque mantiene la concesi¨®n, ha renunciado a seguir con el proyecto "como gesto de buena voluntad".

C¨¢ceres fue asesinada en marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, en el occidente de Honduras. Hasta ese d¨ªa ella era la piedra en el zapato en contra de la presa Agua Zarca de la empresa DESA que cambiar¨ªa el rumbo del r¨ªo Gualcarque. Una nueva hidroel¨¦ctrica en la l¨ªnea de la pol¨ªtica de grandes obras p¨²blicas concesionadas a un pu?ado de familias, que ha llevado a cabo los ¨²ltimos a?os el gobierno de Honduras. Un a?o antes, C¨¢ceres, 2015 hab¨ªa recibido el reconocido premio Goldman Enviromental Prize, el galard¨®n m¨¢s prestigioso entre los defensores del medio ambiente.

Su muerte provoc¨® la indignaci¨®n global y desde Barack Obama a El Vaticano, exigieron el esclarecimiento. Para Aguiluz, los chats conocidos durante el juicio dejan claro que los autores intelectuales son los directivos y algunos accionistas de DESA cuyos nombres aparecen en los chats como la poderosa familia Atala, concluye.