Igualdad quiere cambiar la ley del aborto para regular la objeci¨®n de conciencia

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha avanzado este jueves que su ministerio se volcar¨¢ en los pr¨®ximos meses en las pol¨ªticas de salud sexual y reproductiva. ¡°La ley del aborto necesita una reforma¡±, ha dicho Montero, que considera ¡°imprescindible regular la objeci¨®n de conciencia de los m¨¦dicos¡± para garantizar que cualquier mujer pueda acudir ¡°a un hospital p¨²blico y cercano a su domicilio¡± para acceder a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo. Tambi¨¦n que lo pueda hacer ¡°eligiendo el m¨¦todo¡±. ¡°El derecho de los m¨¦dicos a la objeci¨®n de conciencia no puede estar por encima del derecho a decidir de las mujeres¡±, ha se?alado.

¡°Espa?a est¨¢ preparada para despenalizar definitivamente el aborto¡±, considera Montero, que quiere trabajar en eliminar ¡°las barreras que est¨¢n impidiendo el acceso efectivo¡± de las mujeres a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo (IVE). La ministra ha anunciado sus planes de reformar la ley org¨¢nica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva durante la inauguraci¨®n este jueves de los conversatorios sobre salud sexual y reproductiva organizados por el Instituto de las Mujeres.

En este foro ha avanzado sus objetivos pol¨ªticos, que a¨²n deben quedar recogidos en una propuesta que el ministerio espera tener en el ¨²ltimo trimestre de este a?o. La responsable del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillo, mantuvo una reuni¨®n con las comunidades aut¨®nomas en junio y ha organizado estas jornadas como punto de partida para elaborar esa propuesta.

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A lo largo de 2019 se practicaron 99.149 abortos en Espa?a, 3.232 m¨¢s que en 2018, seg¨²n el ¨²ltimo informe anual elaborado por el Ministerio de Sanidad. Solo el 6,20% del total se practicaron en hospitales p¨²blicos y otro 8,12 en centros especializados de la red p¨²blica. La mayor¨ªa se realizan en la red existente de cl¨ªnicas privadas concertadas con la red p¨²blica. La mayor parte de los abortos, adem¨¢s, son tempranos: el 70,97% se realizan en las primeras ocho semanas de gestaci¨®n y el 23,63%, entre la novena y la decimocuarta semana.

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Montero: "Hay que regular la ley del aborto"

La ministra tambi¨¦n ha mostrado su intenci¨®n de eliminar los tres d¨ªas de reflexi¨®n obligatorios antes de proceder a una interrupci¨®n voluntaria del embarazo en esa futura reforma de la ley. Es una medida que respalda la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Autorizadas para la Interrupci¨®n del Embarazo (Acai). ¡°Tanto la evidencia cient¨ªfica como nuestra pr¨¢ctica sanitaria nos se?alan que demorar esa decisi¨®n provoca un estr¨¦s y sufrimiento innecesarios en las mujers. Cuando acuden a los centros ya han tomado la decisi¨®n, no se justifica la necesidad de ese periodo de reflexi¨®n¡±, se?ala Francisca Garc¨ªa, presidenta de Acai.

En esta modificaci¨®n de la ley, Igualdad quiere que se garantice que las cl¨ªnicas acreditadas para la interrupci¨®n del embarazo y sus entornos ser¨¢n lugares seguros para las mujeres y sanitarios, por lo que se penalizar¨¢ el acoso que se realice en ellas. ¡°Es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres que deciden abortar. El acoso no solo se produce a las mujeres que acuden, tambi¨¦n a las profesionales¡±, ha comentado la responsable de Igualdad. Quiere que cese el ¡°acoso¡± ejercido ¡°sobre todo por la extrema derecha¡± en esas cl¨ªnicas. M¨¢s de 9.000 mujeres, seg¨²n Acai, han sufrido alg¨²n tipo de acoso al acudir a estas cl¨ªnicas desde que se aprob¨® la actual ley del aborto en 2010. Desde Acai, se?ala su presidenta, han hecho distintas propuestas en este sentido a Igualdad. Por un lado piden que se emule la ley francesa que penaliza a quienes tratan de evitar el acceso a la IVE tanto presencial como con informaciones ¡°enga?osas¡± en las redes sociales, se?ala Francisca Garc¨ªa. Y mientras, le reclaman que apruebe v¨ªa decreto un cambio para que no puedan celebrarse ¡°manifestaciones ni permitir el acceso a las mujeres¡± a menos de 50 metros de una cl¨ªnica.

Montero ha recordado el ¡°retroceso significativo¡± que hubo en la norma en 2015, cuando el Partido Popular introdujo la obligaci¨®n de que las j¨®venes de 16 a 18 a?os contaran con el consentimiento expreso de ambos progenitores para acceder al aborto. Su previsi¨®n es cambiar tambi¨¦n ese requisito.

El equilibrio entre objetar y garantizar el acceso al aborto

La ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo recoge que los profesionales sanitarios ¡°directamente implicados¡± en una IVE tienen derecho a la objeci¨®n de conciencia ¡°sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestaci¨®n puedan resultar menoscabadas ¡°. El rechazo, prosigue la ley, ¡°es una decisi¨®n siempre individual¡± que debe manifestarse ¡°anticipadamente y por escrito¡±. Y a?ade que si ¡°excepcionalmente el servicio p¨²blico de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestaci¨®n, las autoridades sanitarias reconocer¨¢n a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado¡±. La realidad es que los centros concertados con la red p¨²blica no son la excepci¨®n, sino los que realizan m¨¢s del 85% de los abortos. Y no es p¨²blica la informaci¨®n de cu¨¢ntos m¨¦dicos son objetores de conciencia respecto al aborto.

El presidente del Comit¨¦ de Bio¨¦tica de Espa?a, Federico De Montalvo, explica que Igualdad puede instar a que se modifique la regulaci¨®n de la objeci¨®n de conciencia pero su propuesta de reforma de ley deber¨¢ volver a pasar por el Consejo de Ministros y despu¨¦s ser debatida en el parlamento. Y a?ade que existe ¡°un problema de fondo¡±. El Tribunal Constitucional considera como un derecho fundamental la objeci¨®n ¡°cuando deriva de un imperativo moral vinculado a la vida como son el aborto y la eutanasia¡±. Es decir, el Estado est¨¢ obligado a garantizar que cualquier mujer pueda acceder a una IVE pero tambi¨¦n que un m¨¦dico pueda objetar. Montalvo a?ade que la ¨²nica comunidad que tiene un registro de objetores es Navarra. El listado ¡°acab¨® en los tribunales y el Constitucional se?al¨® que se admit¨ªa el registro para garantizar la prestaci¨®n pero a?adi¨® a su vez que ese registro no pod¨ªa servir para discriminar a un m¨¦dico¡±. Es decir, no se puede organizar una plantilla en funci¨®n de los objetores, se?ala el presidente del comit¨¦ de bio¨¦tica, lo que puede dificultar que todos los hospitales dispongan de m¨¦dicos que practiquen interrupciones voluntarias del embarazo.