Texas, el epicentro de la guerra contra el aborto en Estados Unidos

La ma?ana de este s¨¢bado un solitario hombre rezaba con un rosario frente a una desierta cl¨ªnica de abortos de un suburbio al norte de Austin, la capital de Texas. ¡°Estoy rezando para que los abortos se acaben en Estados Unidos¡±, dijo Oscar Gonz¨¢lez, de 54 a?os, e integrante del movimiento cat¨®lico 40 d¨ªas por la vida. El hombre, de formas suaves como las de un sacerdote sure?o, se dice ¡°feliz¡± por la entrada en vigor de la ley que proh¨ªbe desde el mi¨¦rcoles el aborto desde las seis semanas de gestaci¨®n en el segundo Estado m¨¢s poblado del pa¨ªs, con 30 millones de habitantes. ¡°Es incre¨ªble. Ahora tenemos la ley del latido de Texas [Texas heartbeat, como se llama a la norma Senate Bill 8 (S.B. 8) en referencia a la supuesta pulsi¨®n del feto]. Es una muestra de que controlando el lenguaje podemos avanzar mucho en esta causa¡±, a?ade sonriente.

La cl¨ªnica frente a la que Gonz¨¢lez eleva sus plegarias est¨¢ desierta. Estos sitios se han convertido en la escenograf¨ªa de la guerra que los conservadores han emprendido contra el cuerpo de las mujeres. En la puerta de la Whole Women¡¯s Health hay un cartel que se ve obligado a explicar que ¡°el aborto todav¨ªa es legal en Texas¡±. La organizaci¨®n litig¨® para que la Corte Suprema frenara su entrada en vigor, pero la mayor¨ªa de jueces conservadores evitaron bloquearla el martes. ¡°Es una de las prohibiciones del aborto m¨¢s extremas, radicales e injustas que haya visto este pa¨ªs. La ley no representa a la mayor¨ªa de los tejanos y es sencillamente inconstitucional¡±, informa la cl¨ªnica a sus pacientes. Junto a esta comunicaci¨®n, otro letrero impide entrar a la cl¨ªnica armado, una de las libertades avaladas en el Estado.

Los centros de salud para las mujeres llevan algunos d¨ªas organiz¨¢ndose para seguir operando al mismo tiempo que cumplen con la nueva ley, que se cree que afectar¨¢ a entre el 85% y el 90% de los abortos que se hacen en Texas. La mayor¨ªa de las 35 cl¨ªnicas que hay en el Estado ampliaron sus horarios previos al 1 de septiembre, fecha en la que entr¨® en vigor la prohibici¨®n, para atender a m¨¢s pacientes. ¡°En algunos centros se est¨¢ ofreciendo informaci¨®n sobre recursos en otros Estados para tener acceso a un aborto¡±, se?ala Alejandra Soto, portavoz de Planned Parenthood, otra organizaci¨®n de salud reproductiva que est¨¢ lidiando con la ley mientras ofrece servicios como pruebas de infecciones de transmisi¨®n sexual y anticonceptivos.

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Soto explica que en d¨ªas recientes simpatizantes del movimiento denominado provida han llegado a sus cl¨ªnicas en el Estado a tomar v¨ªdeos y fotograf¨ªas de quienes acuden a los centros. Uno de los puntos m¨¢s pol¨¦micos de la norma es que evita que la vigilancia del cumplimiento recaiga sobre las autoridades. En cambio, la responsabilidad se ha delegado en ciudadanos de a pie, para que estos, sin importar si viven en el Estado de Texas, demanden por la v¨ªa civil a cualquiera que ¡°ayude o sea c¨®mplice¡± de un aborto m¨¢s all¨¢ de las seis semanas de gestaci¨®n. Esto incluye pagar o reembolsar el gasto de la intervenci¨®n. Si la demanda tiene ¨¦xito, el denunciante puede recibir 10.000 d¨®lares para cubrir sus da?os legales. Los acusados no reciben este apoyo monetario si ganan en los tribunales.

¡°Es nauseabundo lo que est¨¢ pasando¡±, se?ala Susan, de 42 a?os. Esta mujer originaria de Austin est¨¢ enojada con la entrada en vigor de la norma. Despu¨¦s de leer en los peri¨®dicos que muchos religiosos est¨¢n acosando a empleados y mujeres en las cl¨ªnicas, ha salido a su b¨²squeda para confrontarlos. ¡°Tengo una hija de 22 a?os y creo que ninguna de estas personas sabe nada del proceso de decisi¨®n por el que las mujeres debemos de pasar¡±, cuenta a las puertas de uno de las cl¨ªnicas de Austin.

La norma es ¡°un ataque a la jurisprudencia sobre el aborto¡±, considera Jack Balkin, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional en Yale. El especialista afirma que la forma en la que est¨¢ redactada la ley, especialmente la parte que impide a las autoridades perseguir a los sospechosos, ¡°es un intento por aislar una ley evidentemente inconstitucional de una revisi¨®n de los tribunales federales¡±. Algunos jueces del Supremo, que no opin¨® sobre la inconstitucionalidad de la norma, la calificaron de ¡°inusual y sin precedentes¡±.

La S.B. 8 es la m¨¢s reciente ficha del movimiento conservador en una guerra abierta contra el Roe v. Wade, el emblem¨¢tico fallo del Supremo que protege el derecho a decidir de las mujeres desde 1973. La ola conservadora alentada por el ascenso de Donald Trump al poder multiplic¨® los intentos por derribar esta ley. ¡°En lo que va del a?o se han registrado cerca de 600 restricciones al aborto en m¨¢s de 45 Estados. Unas 90 han sido aprobadas¡±, se?alan desde Planned Parenthood. ¡°La ola podr¨ªa cobrar fuerza con esta ley, la m¨¢s extrema de todas, y claramente parte de una agenda pol¨ªtica de anular el aborto del todo¡±, considera Soto.

Los movimientos de derechos sexuales de las mujeres creen que la gran prueba de fuego a Roe v. Wade llegar¨¢ en los pr¨®ximos meses, cuando el Supremo, que recibi¨® tres jueces de derechas durante la presidencia de Trump, deba revisar una ley de Misisip¨ª que proh¨ªbe el aborto despu¨¦s de la semana 15 de embarazo en una confrontaci¨®n directa al progresista fallo que va a cumplir 50 a?os. Este imprescindible fallo para el futuro del aborto en Estados Unidos se espera para mediados de 2022.

Trabas a los centros

La norma, que fue aprobada en mayo por la mayor¨ªa republicana en el Legislativo tejano, que tiene ¨²nicamente un 27% de mujeres congresistas, no lleg¨® de la nada. El golpe se ha cocinado durante mucho tiempo. Los republicanos, que gobiernan el Estado desde 1995, llevan a?os con una ofensiva legal en contra del aborto. En 2013 aprobaron una iniciativa que exig¨ªa a las cl¨ªnicas tener las condiciones de un hospital: tuber¨ªas especiales para anestesia, minuciosas especificaciones para las habitaciones y un n¨²mero m¨ªnimo de enfermeras. Adem¨¢s, los m¨¦dicos que realizaban el procedimiento deb¨ªan tener un consultorio en un hospital a menos de 50 kil¨®metros de la cl¨ªnica. Estos requisitos hicieron que el Estado, el segundo m¨¢s grande en extensi¨®n del pa¨ªs despu¨¦s de Alaska, pasara de tener 40 centros a 19. Los abortos realizados en la entidad bajaron un 13%. El Supremo derrib¨® la norma tres a?os despu¨¦s en un importante fallo, pero la composici¨®n del Tribunal era otro entonces.

El esc¨¢ndalo que ha provocado la entrada en vigor de la S.B. 8 eclips¨® otra severa medida adoptada por los legisladores. El Senado ha aprobado una norma que prohibir¨¢ a los m¨¦dicos recetar p¨ªldoras a pacientes que tengan m¨¢s de siete semanas de embarazo. La legislaci¨®n vigente, no obstante, las permite hasta las 10 semanas. La norma aguarda la firma del gobernador Greg Abbott para que entre en vigor.

El gobernador Abbott tambi¨¦n decret¨® a inicios de la pandemia la suspensi¨®n de toda intervenci¨®n quir¨²rgica que no fuera ¡°inmediatamente necesaria¡±, lo que se tradujo en una suspensi¨®n casi total de los abortos por algo m¨¢s de un mes. Whole Woman¡¯s Health tuvo que cancelar 200 citas en ese periodo. Todos estos intentos a lo largo de los a?os han tenido ¨¦xito. El Estado pas¨® de tener 72.470 abortos en 2011 a 55.400 en 2017, de acuerdo al Instituto Guttmacher, especializado en derechos reproductivos.

Solo en esta semana, el Estado ha afianzado un giro a la ultraderecha. No solo con la aprobaci¨®n de una de las leyes m¨¢s estrictas sobre la interrupci¨®n del embarazo. Entr¨® en vigor, asimismo, una norma que permite a los habitantes portar armas de fuego en p¨²blico sin la necesidad de tener un permiso. Y tambi¨¦n fue votada recientemente una serie de medidas que hacen m¨¢s dif¨ªcil participar en las elecciones.

Anne Richards fue la segunda gobernadora de Texas y la ¨²ltima dem¨®crata que lleg¨® al poder en el Estado. En un debate de la campa?a, en febrero de 1990, fue cuestionada sobre una iniciativa que prohibir¨ªa el aborto para las mujeres de menos de 17 a?os. En televisi¨®n, Richards dijo que vetar¨ªa la norma. ¡°Ning¨²n legislador, juez o bur¨®crata tiene por qu¨¦ determinar si una mujer tiene un aborto o no¡±, dijo en el evento. Su hija, Cecile Richards, fue presidenta de Planned Parenthood durante una d¨¦cada, hasta 2018, desde donde defendi¨® el derecho de las mujeres a decidir. Texas, no obstante, ha ido en direcci¨®n contraria.