El Gobierno propone residencias m¨¢s peque?as, con m¨¢s personal y un mayor control de los centros

El debate sobre los nuevos requisitos que se exigir¨¢n a las residencias est¨¢ en marcha. El Ministerio de Derechos Sociales negocia con los agentes sociales y con las comunidades aut¨®nomas un nuevo acuerdo de acreditaci¨®n de los servicios de la dependencia, es decir, qu¨¦ condiciones m¨ªnimas deber¨¢n regir en todo el territorio para que puedan operar dentro del sistema. Tambi¨¦n mantiene discusiones con asociaciones y expertos en el sector para recabar sus opiniones.

Un borrador de trabajo, al que ha tenido acceso EL PA?S, contempla centros m¨¢s peque?os (de un m¨¢ximo de 50 plazas), divididos en unidades en los que conviva un ¡°grupo reducido de personas¡±, de forma que se pueda garantizar un ¡°funcionamiento tipo hogar¡±. El texto plantea a su vez una subida progresiva del personal que trabaja en el cuidado diario de los usuarios, y que, como m¨ªnimo, en la Administraci¨®n haya un inspector por cada 30 residencias acreditadas. A su vez, reconoce el ¡°importante¡± papel de las familias, con quienes los centros deber¨¢n reunirse peri¨®dicamente, y propone elaborar un sistema de evaluaci¨®n de la calidad de los servicios, cuyos resultados deber¨¢n ser p¨²blicos.

El documento fue discutido este jueves con la mesa de di¨¢logo social, que re¨²ne a empresas y sindicatos, y la semana que viene se abordar¨¢ en la de di¨¢logo civil, con asociaciones y entidades expertas en el sector. Fuentes conocedoras de la negociaci¨®n sostienen que est¨¢n a¨²n en fase inicial y que las ratios o el tama?o de los centros, por ejemplo, son un punto de fricci¨®n.

El asunto tambi¨¦n se discutir¨¢ con las comunidades aut¨®nomas, competentes en la gesti¨®n de la dependencia. Muchas ya est¨¢n emprendiendo cambios normativos encaminados a un nuevo modelo, si bien el ministerio tiene la labor de coordinaci¨®n. El pasado julio, ya acordaron con Derechos Sociales los principios sobre los que se articular¨¢ este acuerdo, que se previ¨® que estar¨ªa listo en diciembre, pero cuya negociaci¨®n se alargar¨¢ durante el primer trimestre de 2022.

Es muy posible, por tanto, que el texto sufra modificaciones y que no resulte f¨¢cil llegar a un consenso. Constituye, sin embargo, el esqueleto del futuro pacto. En ¨¦l se habla de residencias, bien de mayores o de personas con discapacidad, y de centros de d¨ªa. Deber¨¢n a?adirse otros servicios, como la teleasistencia o la ayuda a domicilio. El ¨²ltimo pacto sobre los requisitos m¨ªnimos del sistema de la dependencia, muy escueto, data de 2008, aunque fue modificado en 2017.

La idea es poner a los usuarios en el centro y que sean las entidades que prestan el servicio las que se adapten a sus rutinas, y no al rev¨¦s, tal y como sucede ahora muchas veces. Se plantea, a su vez, promover un cambio de modelo que afecte a los centros que se construyan. Y tambi¨¦n a los ya existentes: estos dispondr¨¢n de cinco a?os para adaptarse, seg¨²n el borrador. El plan afectar¨¢ a los servicios p¨²blicos, a los concertados y a los que operen a trav¨¦s de una prestaci¨®n vinculada (cuando la Administraci¨®n da a la persona dependiente parte del dinero y ella pone el resto de su bolsillo). Las comunidades aut¨®nomas deben trasponer el acuerdo a sus normativas en el plazo de un a?o desde su aprobaci¨®n, seg¨²n consta en el texto.

Personalizar las habitaciones

Las nuevas residencias que se construyan tras la adaptaci¨®n auton¨®mica del acuerdo no podr¨¢n superar las 50 plazas y los centros de d¨ªa, las 100. Las ya existentes tienen que presentar un plan de adecuaci¨®n, ¡°bien sectorizando de forma totalmente independiente sus instalaciones¡±, bien reduciendo ¡°paulatinamente su n¨²mero de plazas¡±. Las residencias contar¨¢n con ¡°m¨®dulos o unidades de convivencia estables¡±, donde viva un n¨²mero reducido de personas, que funcionar¨¢n ¡°tipo hogar¡±. El personal que los atienda tendr¨¢ estabilidad, se evitar¨¢n muchas rotaciones. Se permitir¨¢ ¡°al m¨¢ximo la personalizaci¨®n de las habitaciones¡±, podr¨¢n traer muebles y enseres personales. Los centros estar¨¢n ubicados en suelo urbano, pr¨®ximos a los espacios de actividad social y comunitaria y los ya construidos que no cumplan este requisito deber¨¢n garantizar la comunicaci¨®n mediante transporte p¨²blico u otros medios.

Se deben garantizar requisitos m¨ªnimos en tres ¨¢mbitos: recursos materiales y humanos y ¡°aseguramiento de la dignidad de trato¡±. Cada usuario contar¨¢ con un plan de apoyos en cuya elaboraci¨®n participar¨¢, ¡°una de las estrategias clave para la personalizaci¨®n de los cuidados¡±. Recoger¨¢ preferencias y voluntad de los usuarios sobre c¨®mo quieren vivir. Tambi¨¦n tendr¨¢n un profesional de referencia, responsable de ¡°promover un apoyo personalizado¡±. Esta figura debe contar con la aceptaci¨®n de los usuarios. Adem¨¢s, se establece que los usuarios ¡°tienen derecho a recibir una atenci¨®n libre de sujeciones ya sean estas f¨ªsicas, mec¨¢nicas, qu¨ªmicas o farmacol¨®gicas¡±. Los centros deben tener un plan de reducci¨®n o de su supresi¨®n, que tendr¨¢n siempre ¡°car¨¢cter excepcional y temporal¡±. En las residencias, las familias y allegados tendr¨¢n un ¡°importante papel de apoyo¡± y se celebrar¨¢n ¡°reuniones peri¨®dicas¡± con el equipo de atenci¨®n directa y el profesional de referencia. Se facilitar¨¢n las visitas siempre que los residentes lo deseen, ¡°sin m¨¢s l¨ªmites que los derivados de la convivencia y necesaria organizaci¨®n de cualquier hogar¡±.

Parte del texto se centra en el personal y en sus condiciones laborales. Se establece que las ratios se contar¨¢n por jornadas completas de trabajo, es decir, por n¨²mero de horas de atenci¨®n y no n¨²mero de empleados. Una gran queja de los trabajadores y familiares es una elevada carga de trabajo que redunda en una atenci¨®n deficitaria. Hay diferencias por comunidades y hay normativas anteriores a la aprobaci¨®n de la ley de dependencia, hace ya 15 a?os.

Muchas las miden por n¨²mero total de trabajadores, desde el recepcionista hasta el personal de limpieza. Ahora se prev¨¦ que se midan por atenci¨®n directa, bien de primer nivel (cuidadores) o sumando primer y segundo nivel (que tambi¨¦n incluye a otros profesionales, por ejemplo del ¨¢mbito sanitario y social). En la primera, las ratios en residencias de mayores ser¨¢n de 0,33 empleados por cada usuario el 1 de enero de 2023; de 0,38 en 2025 y de 0,40 en 2027. En atenci¨®n directa en general, que incluye tambi¨¦n a otros profesionales (por ejemplo del ¨¢mbito sanitario y social), las ratios ser¨¢n de 0,36 en 2023, 0,40 en 2025 y 0,43 en 2027.

En el acuerdo de 2008, la cifra que se recoge para atenci¨®n directa en residencias de mayores es de 0,27 para los dependientes de grado dos (en una escala del uno al tres), y de 0,28 para el grado tres. Adem¨¢s, se limita el porcentaje permitido de contratos eventuales y a tiempo parcial. Tambi¨¦n se establece que la atenci¨®n sanitaria ser¨¢ responsabilidad del sistema p¨²blico.

Por ¨²ltimo, se recalca la importancia de la supervisi¨®n p¨²blica de los centros. Una investigaci¨®n de EL PA?S constat¨® que de 2014 a 2019, antes de la pandemia, 10 autonom¨ªas tuvieron de media menos de una inspecci¨®n de servicios sociales al a?o en residencias de mayores. En Asturias, por ejemplo, ten¨ªan de media un inspector por cada 39 centros. En el borrador se exige uno por cada 30 residencias, incluyendo las de mayores y de discapacidad. Adem¨¢s, las autonom¨ªas deber¨¢n hacer p¨²blicos planes anuales de inspecci¨®n y ¡°comunicar de forma peri¨®dica¡± sus resultados.

Tambi¨¦n se crear¨¢ un sistema p¨²blico de evaluaci¨®n de los servicios, teniendo en cuenta su impacto en la calidad de vida de los usuarios. Ahora mismo resulta imposible comparar los centros. Se propone que el consejo territorial del ramo, que re¨²ne al ministerio y las comunidades aut¨®nomas, fije los indicadores y est¨¢ndares en el plazo de un a?o a partir de la aprobaci¨®n del acuerdo, empezando por residencias.

El borrador plantea una bater¨ªa de puntos en torno a cinco principios: la dignidad y el respeto, la atenci¨®n centrada a la persona, la participaci¨®n, el derecho a la salud y bienestar personal y la proximidad y conexiones con la comunidad. Hay indicadores como si se les tiene en cuenta al elegir el men¨² o si hay una estrategia para reducir la sobremedicaci¨®n. Los resultados ser¨¢n p¨²blicos y las evaluaciones podr¨¢n establecer categor¨ªas de resultado que influyan en el precio de concierto con la Administraci¨®n.