Hacia un nuevo modelo de residencias: Gobierno y comunidades pactan establecer un sistema de evaluaciones que se hagan p¨²blicas

El objetivo es que no sean los mayores y personas con discapacidad quienes se adapten al modo de vida en las residencias, sino que estas se amolden en lo posible a ellos, a sus rutinas e intereses: que los centros se asemejen mucho m¨¢s al concepto de hogar y mucho menos al de instituci¨®n. El Gobierno y las comunidades aut¨®nomas han comenzado a debatir los criterios m¨ªnimos que deben cumplir los servicios de dependencia, empezando por las residencias. Y han pactado las bases sobre las que se articular¨¢ el acuerdo, que deber¨ªa estar listo en diciembre: se han comprometido a que este incluya el establecimiento de un sistema p¨²blico de evaluaci¨®n de la calidad de vida de los usuarios cuyos resultados ser¨¢n p¨²blicos; a encaminarse al modelo de atenci¨®n centrada a la persona, y a que las residencias se dividan en unidades de convivencia.

La negociaci¨®n est¨¢ a¨²n en fase inicial, este mismo lunes se aprobaron los principios sobre los que girar¨¢ el debate, pero un documento de trabajo presentado por el Ministerio de Derechos Sociales a las autonom¨ªas esboza la hoja de ruta de la negociaci¨®n: potenciar la convivencia en el entorno donde est¨¢n ubicados los centros, respetar la historia de vida de los residentes, aumentar su participaci¨®n, visitas libres para los familiares, etc¨¦tera.

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El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonom¨ªa y la Atenci¨®n de la Dependencia, que re¨²ne a las comunidades y al ministerio, se ha comprometido a llegar a un nuevo acuerdo de acreditaci¨®n a final de a?o, es decir, un acuerdo sobre los m¨ªnimos que deben cumplir las entidades que ofrezcan servicios en el sistema de la dependencia: tanto las p¨²blicas como las que tengan plazas concertadas y las privadas que operan a trav¨¦s de una prestaci¨®n vinculada (un dinero que se da al dependiente para que pague parte del coste, el resto lo pone de su bolsillo). En ¨¦l, seg¨²n lo pactado, se regular¨¢n varios aspectos. Por un lado, se fijar¨¢n est¨¢ndares dirigidos a evaluar los resultados de los servicios en la calidad de vida de las personas, y por otro, deber¨¢n establecerse las ratios de trabajadores, requisitos de cualificaci¨®n del personal, entre otros, empezando por las residencias de mayores.

Este acuerdo es uno de los puntos que contemplaba el plan de choque en dependencia aprobado el pasado enero, que ha supuesto este a?o la inyecci¨®n de 600 millones de euros. El anterior acuerdo de acreditaci¨®n, bastante escueto, data de 2008, aunque ha sufrido alguna modificaci¨®n desde entonces. En ¨¦l ya se recog¨ªa que en el plazo de 12 meses el Consejo Territorial deb¨ªa fijar ¡°indicadores y est¨¢ndares esenciales de calidad para la evaluaci¨®n¡± de los centros y servicios, algo que no se hizo. Se prev¨¦ que el primer borrador del nuevo acuerdo est¨¦ listo en oto?o, que posteriormente haya un an¨¢lisis del impacto presupuestario y que en diciembre se apruebe el acuerdo. Los plazos son apretados.

Las autonom¨ªas tienen la competencia en servicios sociales, y de hecho muchas est¨¢n emprendiendo cambios normativos en este sentido, pero el ministerio tiene la labor de coordinaci¨®n. Fuentes auton¨®micas de distintos partidos pol¨ªticos precisan que comparten la filosof¨ªa del acuerdo. De hecho, todas votaron a favor de iniciar la negociaci¨®n a partir del documento presentado por el ministerio, a excepci¨®n de Catalu?a, que se abstuvo porque considera que hay ¡°una invasi¨®n competencial clara¡±. Varias fuentes recalcan que para poder elevar los est¨¢ndares se necesita financiaci¨®n adicional a la del plan de choque. Y otras fuentes sostienen que estos criterios deber¨ªan aplicarse a las residencias de nueva construcci¨®n, pero no a las viejas, pues muchas no se adec¨²an a ellos y algunas se ver¨ªan abocadas al cierre. Solo de mayores, se cuentan en Espa?a m¨¢s de 5.000 centros. En el Consejo Territorial se ha pactado que en el documento final se especifiquen ¡°los plazos de adecuaci¨®n a los requisitos m¨ªnimos comunes para los servicios preexistentes¡±.

Rendici¨®n de cuentas y transparencia

En Espa?a no hay criterios comunes de evaluaci¨®n del servicio en centros residenciales. Una investigaci¨®n de EL PA?S, publicada a principios de este mes, revel¨® que antes de la pandemia, de 2014 a 2019, 10 comunidades tuvieron de media menos de una inspecci¨®n de servicios sociales al a?o en residencias de mayores, e hizo p¨²blicos, por primera vez a nivel nacional, los nombres de las sancionadas en ese periodo. A diferencia de lo que sucede en otros pa¨ªses del entorno, en Espa?a los resultados de las inspecciones no se publican y las familias no disponen de informaci¨®n oficial que les sirva de referencia para elegir un centro u otro, as¨ª que fijar unos mismos est¨¢ndares para evaluar los servicios en cuanto a la calidad de vida de los usuarios del sistema de dependencia, en el que se enmarcan las residencias, y hacer accesible esa informaci¨®n supondr¨ªa una novedad importante. En Alemania, por ejemplo, los resultados de esa evaluaci¨®n est¨¢n publicados en la puerta de cada establecimiento.

El documento presentado a las comunidades por el Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Ione Belarra, que seguramente sufrir¨¢ modificaciones durante la negociaci¨®n y tambi¨¦n se presentar¨¢ a patronal, sindicatos, asociaciones y expertos, describe los principios b¨¢sicos que en su opini¨®n debe incluir el acuerdo de diciembre. A partir de este texto se articular¨¢ la negociaci¨®n. El ministerio plantea que es preciso abordar la creaci¨®n de un sistema de evaluaci¨®n p¨²blico ¡°que incorpore no solo los est¨¢ndares m¨ªnimos que habr¨¢n de cumplir los servicios ligados¡± al sistema de la dependencia para su acreditaci¨®n, algo de lo que se encargan las actuales inspecciones de las comunidades, ¡°sino tambi¨¦n los resultados en t¨¦rminos de calidad de vida de las personas¡±. Considera que debe incorporarse una ¡°cultura de rendici¨®n de cuentas y de transparencia¡±, para que los usuarios puedan comparar servicios. Fuentes de Derechos Sociales explican, respecto al Consejo Territorial del lunes, que el debate proseguir¨¢ a lo largo de los pr¨®ximos meses y que ¡°el sistema de acreditaci¨®n p¨²blico mejorar¨¢ los est¨¢ndares de calidad en el sistema, y adem¨¢s dar¨¢ una mayor transparencia, favorecer¨¢ el control de este tipo de centros¡±.

A partir de los principios b¨¢sicos que se plantean en residencias, se esboza un cambio de modelo en estos centros. Seg¨²n el documento, deben dividirse en peque?as unidades de convivencia, con un n¨²mero de mayores a decidir, estar decoradas con un ¡°dise?o de hogar¡±, contar con sala de estar, cocina, aseo y comedor, que podr¨¢n usar tanto ellos como sus familiares. Tambi¨¦n se propone mejorar las ratios de personal, a calcular en jornadas completas de trabajo por cada 10 residentes o por unidad de convivencia y no en personas contratadas (hay mucha parcialidad en el sector), y diferenciar entre las horas de apoyo durante el d¨ªa y la noche, as¨ª como especificar la ratio de quienes atienden a los residentes en las actividades del d¨ªa a d¨ªa.

El ministerio propone un cambio gradual. Quiere que se eviten los horarios y normas r¨ªgidas y que, en lo posible, se trabaje con horarios personalizados, sin tanta rotaci¨®n entre los cuidadores. Cada usuario que as¨ª lo desee contar¨¢ con un plan de apoyos, que deber¨¢ evaluarse como m¨ªnimo anualmente en el centro, y para cuya elaboraci¨®n se contar¨¢ con el residente. Habr¨¢ profesionales de referencia para cada uno y sus familias. Seg¨²n el documento, los centros con muchos internos (no se fija el n¨²mero) deber¨¢n planificar en los pr¨®ximos a?os reducir poco a poco la oferta, para adaptarse a este modelo, as¨ª como un plan de reducci¨®n del n¨²mero de habitaciones compartidas, para que quien vaya a una doble sea por elecci¨®n. Se precisa que los residentes puedan disfrutar en los espacios personales, como el ba?o y la habitaci¨®n, de su intimidad y de su sexualidad.

En el texto se insiste en que una residencia no puede sustituir al sistema de salud, y ministerio y comunidades han pactado que el acuerdo recoger¨¢ el ¡°acceso a la atenci¨®n sanitaria proporcionada por el sistema de salud¡±, acreditando la coordinaci¨®n con servicios sociales. Derechos Sociales considera que deben ser un servicio de proximidad, por lo que el documento indica que estar¨¢n conectadas con la vida social del entorno: ¡°Los centros gueto¡±, desconectados de la comunidad, ¡°ya no resultan admisibles¡±. Los usuarios deber¨¢n estar motivados a participar y tomar decisiones en su d¨ªa a d¨ªa, independientemente de los apoyos que precisen. Podr¨¢n recibir visitas siempre que lo deseen, deber¨¢ justificarse claramente cuando esto no sea posible. Y se plantean ¨®rganos de participaci¨®n donde haya usuarios, familiares, trabajadores, direcci¨®n del centro y agentes locales. Las familias son ¡°claves¡± para garantizar los buenos apoyos.