El Estado reconoce ¡°un fallo en cadena¡± de Interior y Justicia en el asesinato de dos ni?as a manos de su padre

El Estado fall¨® a Itziar Prats. Lo admite negro sobre blanco en una resoluci¨®n que reconoce un ¡°fallo en cadena¡± desde el principio hasta el final del caso de esta madre, cuyas hijas fueron asesinadas por el padre en 2018. Ella alert¨® de que corr¨ªan peligro, pero no la escucharon. Una resoluci¨®n oficial se?ala ahora que hubo una intervenci¨®n ¡°insuficiente e inadecuada¡± de los ministerios de Interior y Justicia y reconoce sin ambages que en el procedimiento hubo ¡°disfunciones e irregularidades¡± que dieron lugar a un ¡°fallo global y transversal¡± en el caso de esta mujer: ninguna de las instituciones a las que acudi¨® hizo caso a su insistente petici¨®n para que protegieran a sus hijas Nerea y Martina, que ten¨ªan seis y dos a?os cuando fueron asesinadas.

El caso comienza un d¨ªa enero de 2018, cuando Prats entr¨® a un centro de salud de Castell¨®n con un cuadro de ansiedad por la actitud violenta del padre de las ni?as. Ricardo Carrascosa, del que estaba en proceso de divorcio, hab¨ªa roto el carrito de la peque?a en un ataque de ira. El m¨¦dico avis¨® al juzgado de un posible caso de violencia machista: no le hicieron caso. Ella inici¨® entonces un peregrinaje que la llev¨® a denunciar ante la Polic¨ªa Nacional que tem¨ªa por la vida de las ni?as, aunque en comisar¨ªa nadie le pregunt¨® por ellas y descartaron que hubiera riesgo. Acudi¨® al juzgado para que se suspendiera el r¨¦gimen de visitas que permit¨ªa al padre quedarse con las peque?as. La ignoraron jueces y fiscales. Tampoco le concedieron la orden de protecci¨®n que reclam¨®. Y entonces lleg¨® el final. El 25 de septiembre de 2018, de madrugada, son¨® su tel¨¦fono. Un polic¨ªa la avis¨® de que su exmarido yac¨ªa muerto, tirado en el suelo. Se hab¨ªa suicidado arroj¨¢ndose desde una ventana de la vivienda, donde hab¨ªa asesinado previamente a las dos ni?as.

¡°Quiero que el Estado admita que fall¨®¡±, ped¨ªa Itizar Prats el pasado junio, sentada en una terraza de Madrid con su abogado, Gabriel Rubio. As¨ª ha ocurrido gracias al empe?o de ambos, que denunciaron el ¡°funcionamiento anormal¡± de una Administraci¨®n p¨²blica que no la crey¨®. E iniciaron el camino administrativo previo al paso a los tribunales: ha sido en esta v¨ªa en la que les han dado la raz¨®n, por eso la resoluci¨®n la ha elaborado el Ministerio de Presidencia. En todo el proceso han contado desde el principio con el respaldo del Defensor del Pueblo. Tres a?os despu¨¦s del asesinato de las ni?as, el Estado admite que err¨® estrepitosamente en su protecci¨®n. Y establece que los ministerios de Justicia e Interior paguen un mill¨®n de euros de indemnizaci¨®n ¨D800.000 a Prats y 100.000 al abuelo y la abuela maternos de las ni?as¨D por no protegerlas.

La resoluci¨®n de Presidencia, a la que ha tenido acceso este peri¨®dico y que se apoya en un contundente informe previo del Consejo de Estado, no solo admite ese fallo sist¨¦mico que acab¨® con el asesinato de las ni?as. A lo largo de 22 folios alerta de que el peregrinaje que tuvo que hacer Prats le hizo perder la confianza en el sistema y desistir. Para el Estado, este desistimiento revela ¡°un hecho de extraordinaria gravedad¡± que no debe emplearse para cuestionarla a ella sino para abrir una reflexi¨®n sobre las ¡°grav¨ªsimas consecuencias que se derivan para las mujeres e hijos sometidos a violencia de g¨¦nero cuando la Administraci¨®n de Justicia (el ¨²ltimo resorte que les queda para buscar protecci¨®n) desarrolla un funcionamiento que no est¨¢ a la altura de los esenciales intereses que se le conf¨ªan¡±.

El Consejo General del Poder Judicial, cuando revis¨® la queja de Prats, consider¨® que el hecho de que ella renunciara a recurrir supon¨ªa un obst¨¢culo para el procedimiento. El Estado replica que no es as¨ª: una vez que la situaci¨®n est¨¢ en conocimiento de las autoridades, ¡°estas no pueden escudarse en la actitud de la v¨ªctima para justificar la no adopci¨®n de medidas adecuadas para prevenir que se lleven a cabo las amenazas¡±, como recoge la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Tanto Justicia como Interior admiten su responsabilidad en los asesinatos de las ni?as, que no fueron escuchadas en todo el procedimiento. Sus nombres solo aparecieron en el expediente despu¨¦s de que el padre las matara.

Cuando Itziar Prats fue a comisar¨ªa a denunciar que sus ni?as corr¨ªan peligro, el protocolo policial para valorar el riesgo de las v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero ¨Del llamado VioG¨¦n¨D no inclu¨ªa preguntas sobre el peligro espec¨ªfico de los menores. Sali¨® de la comisar¨ªa con un diagn¨®stico que condicionar¨ªa el resto del proceso: ¡°riesgo bajo¡±. De hecho, el sistema VioG¨¦n se modific¨® seis meses despu¨¦s del asesinato de Nerea y Martina para incluir precisamente preguntas sobre los menores. ¡°Parece incuestionable¡±, admite Interior en la resoluci¨®n, que el protocolo ¡°era insuficiente¡±. Tal como reclam¨® el abogado de Itziar, el ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska admite tambi¨¦n que el protocolo no cumpl¨ªa con el Convenio de Estambul (el acuerdo del Consejo de Europa para prevenir la violencia contra las mujeres, ratificado por Espa?a en 2014). Ese gran pacto europeo pide a los Estados medidas espec¨ªficas para proteger a ni?as y ni?os. Aquel diagn¨®stico policial fue tomado en cuenta despu¨¦s por los distintos actores judiciales para denegar las medidas de protecci¨®n a las ni?as, pese a que se obtuvo sin hacer una sola pregunta ni sobre ellas ni a ellas.

Es lo que reconoce Justicia ¨Dla resoluci¨®n incluye parte de los pareceres de los dos ministerios implicados¨D cuando se?ala que el fallo es ¡°global y transversal¡±. El Juzgado de Primera Instancia 7 de Castell¨®n llevaba el divorcio y la custodia y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Castell¨®n el riesgo de agresi¨®n a Prats y a sus hijas. Ninguno de los jueces y fiscales que intervinieron en las dos vertientes judiciales del caso se dieron cuenta de que esa valoraci¨®n policial no estaba bien hecha. Tras los asesinatos, fuentes del juzgado de Violencia sobre la Mujer denunciaron que no hab¨ªa disponible un psic¨®logo que escuchara a las ni?as, como constat¨® tambi¨¦n un informe del S¨ªndic de Greuges de la Comunidad Valenciana ¡ªel defensor del pueblo auton¨®mico¡ª: En 2018 el gabinete psicosocial de la Ciudad de la Justicia de Castell¨®n ten¨ªa vacante la plaza de psic¨®logo jefe por baja y no se cubri¨® ¡°por no estar autorizada por Hacienda¡±.

¡°Ninguno de los juzgados concernidos puso en marcha ning¨²n servicio, ni acci¨®n, medida o actividad espec¨ªfica y concreta¡± para velar por el inter¨¦s superior de las menores ¡°cuya salvaguarda, en aquellos momentos, pend¨ªa, en exclusiva, de esos ¨®rganos jurisdiccionales y del conjunto de personas y servicios que lo integraban¡±, reprocha la resoluci¨®n. Con esa falta de elementos, los juzgados ¡°no fueron capaces de detectar que el temor que se les traslad¨® no era un mero p¨¢lpito o sentimiento irracional, ni una argucia instrumental en relaci¨®n con el procedimiento de divorcio¡±, prosigue la resoluci¨®n, ¡°sino un miedo real, fundado y basado en indicios y se?ales que lo preced¨ªan¡±.

En definitiva, los intereses de esas ni?as ¡°no fueron en absoluto prioritarios¡±, admite Justicia, ministerio que encabeza Pilar Llop. Tampoco ayud¨® la actuaci¨®n ¡°fluctuante¡± del Ministerio Fiscal, responsable de defender el inter¨¦s superior de los menores ante los tribunales. Intervinieron varios fiscales con criterios distintos, que les llevaron a pedir una cosa y la contraria, a denegar y solicitar la orden de protecci¨®n y la suspensi¨®n del r¨¦gimen de visitas que hab¨ªa reclamado Itziar Prats.

El Estado establece que cada ministerio asuma la mitad de la indemnizaci¨®n porque la intervenci¨®n de todas las instituciones fue ¡°insuficiente e inadecuada¡±. No se prev¨¦ exigir responsabilidades espec¨ªficas a los distintos intervinientes en el proceso, tal como recomienda tambi¨¦n el Consejo de Estado, que se?ala que la imputaci¨®n del da?o ¡°no se puede concretar en una actuaci¨®n espec¨ªfica ni en un ¨®rgano determinado¡±. A Itziar Prats y a sus hijas Nerea y Martina les fall¨® todo el sistema.