Delgado ordena que los fiscales controlen las sujeciones en las residencias y unidades de salud mental

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha emitido una instrucci¨®n en la que ordena que se vigilen las sujeciones en residencias de mayores, de personas con discapacidad y unidades psiqui¨¢tricas. Es decir, cualquier inmovilizaci¨®n, restricci¨®n f¨ªsica o tratamiento farmacol¨®gico aplicado en estos centros. Hasta ahora no exist¨ªa un ¨²nico protocolo a seguir por los fiscales de los servicios de provisi¨®n de apoyos a las personas con discapacidad y mayores. A partir de ahora cuentan con una gu¨ªa que les insta a comprobar, cuando inspeccionen los centros, que las contenciones siempre se utilicen bajo prescripci¨®n m¨¦dica y tras el consentimiento del propio paciente o de su tutor legal. Los principios que deber¨¢n orientar su uso son, entre otros, los de ¡°excepcionalidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibici¨®n de exceso¡±.

La instrucci¨®n, con fecha de 19 de enero y promovida por la Unidad Especializada de Proteccio?n de personas con discapacidad y mayores, tiene el fin de velar por la salvaguarda de la dignidad y promover su autonom¨ªa ante el uso de estas medidas. No existe una ¨²nica ley a nivel nacional que regule las sujeciones, pero el escrito se inspira en recomendaciones internacionales y nacionales, particularmente en la Convenci¨®n de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este instrumento encomienda a los fiscales, en coordinaci¨®n con los servicios de inspecci¨®n auton¨®micos, la supervisi¨®n y el control de la utilizaci¨®n de las contenciones.

El texto, que llevaba meses en preparaci¨®n, se difunde justamente la semana en que EL PA?S ha revelado que una mujer con alzh¨¦imer y que llevaba correas de sujeci¨®n muri¨® por asfixia el pasado junio en una residencia de la Comunidad de Madrid. El Ministerio de Derechos Sociales negocia actualmente con los agentes sociales y las autonom¨ªas un nuevo documento que fije los requisitos m¨ªnimos que han de cumplir los servicios de dependencia, entre ellos las residencias, y seg¨²n un primer borrador al que tuvo acceso este diario, recoge que los usuarios ¡°tienen derecho a recibir una atenci¨®n libre de sujeciones, ya sean estas f¨ªsicas, mec¨¢nicas, qu¨ªmicas o farmacol¨®gicas¡± y que los centros deben tener un plan de reducci¨®n o de su supresi¨®n.

La uni¨®n de asociaciones de mayores Ceoma estima que el 17% de los mayores que viven en residencias espa?olas, unas 55.000 personas, son sometidas a diario a contenciones. La fiscal delegada auton¨®mica de lo civil y provisi¨®n de apoyos a las personas con discapacidad de Canarias, Rosa Rubio, explica que el Ministerio Fiscal trabaja en esta instrucci¨®n desde antes de la pandemia. Rubio lamenta que las ¡°comunidades aut¨®nomas no vigilen suficientemente bien que su uso sea excepcional¡± y aboga por avanzar hacia centros libres de sujeciones.

Delgado establece en la instrucci¨®n que los fiscales deber¨¢n comprobar durante sus inspecciones a los centros que se cumplen determinadas pautas, como que ¡°nadie debe ser sometido a ning¨²n tipo de inmovilizaci¨®n f¨ªsica o tratamiento farmacol¨®gico sin previa prescripci¨®n facultativa en cada caso, salvo que exista peligro inminente para la seguridad de la persona o de terceros¡±. De ser as¨ª, lo acordar¨¢ el profesional responsable, siempre de acuerdo al protocolo vigente.

El escrito recalca que ser¨¢ ¡°imprescindible¡± el consentimiento informado por el paciente o de su representante legal, en caso de que est¨¦ incapacitado, y no ser¨¢n v¨¢lidos ¡°los consentimientos gen¨¦ricos ni los diferidos en el tiempo¡±. Adem¨¢s, el centro deber¨¢ contar con un protocolo para el uso de las contenciones, deben establecerse ¡°pautas de vigilancia permanente de esa medida¡± y ¡°controles peri¨®dicos a fin de determinar su continuidad¡±. Los centros deben garantizar una ¡°correcta documentaci¨®n¡± de las contenciones aplicadas. Se deber¨¢ especificar la indicaci¨®n, la utilizaci¨®n y el tipo de contenci¨®n, as¨ª como su duraci¨®n. ¡°Observada la mayor incidencia del uso de contenciones en fines de semana y durante la noche, se incidir¨¢ sobre esta cuesti¨®n en la evaluaci¨®n para alejar motivos econ¨®micos o de ratios que puedan condicionar su uso¡±, se lee en el texto firmado por Delgado.

Los fiscales deber¨¢n requerir a los servicios de inspecci¨®n auton¨®micos que les informen sobre los centros en los que se haya detectado el uso de sujeciones sin prescripci¨®n m¨¦dica, ni control peri¨®dico, sin supervisi¨®n y sin documentaci¨®n y, respecto a las residencias o unidades de las que no haya una informaci¨®n reciente, se les solicitar¨¢ que remitan tanto el listado de contenciones aplicadas como de las medidas de supervisi¨®n. La instrucci¨®n precisa que, en caso de infracci¨®n penal, se proceder¨¢ a incoar las correspondientes diligencias de investigaci¨®n, y apunta que ¡°una contenci¨®n f¨ªsica o qu¨ªmica realizada completamente al margen de los principios enunciados¡± puede ser susceptible de tipificarse como trato degradante o delito de maltrato. En el documento se recuerda que ¡°los accidentes o decesos de personas en el contexto de una contenci¨®n deber¨¢n ser objeto de investigaci¨®n¡±.

El escrito se?ala que los fiscales auton¨®micos se coordinar¨¢n con los servicios de inspecci¨®n, tanto de sanidad como de servicios sociales, con el objeto de priorizar el control eficaz del uso de las contenciones e informar¨¢n anualmente a los fiscales superiores y fiscales de Sala. Adem¨¢s, en sus actas de inspecci¨®n, los fiscales deber¨¢n recoger aspectos como si los centros disponen de planes espec¨ªficos de mejora de la utilizaci¨®n de las sujeciones o planes de eliminaci¨®n, o si hay actividades para la formaci¨®n y sensibilizaci¨®n del personal.