Una mujer muere ahorcada con las correas de sujeci¨®n en una residencia investigada por otro fallecimiento
El suceso se produjo en junio en un hogar de mayores que est¨¢ bajo la lupa de la Fiscal¨ªa por el posible homicidio imprudente de otra mujer en 2019
Una mujer mayor con alzh¨¦imer muri¨® en junio asfixiada por las correas empleadas para sujetarla a la cama en su residencia en un peque?o municipio de Madrid, Villa del Prado, seg¨²n ha sabido EL PA?S. Durante una ronda a medianoche, un cuidador se encontr¨® a la residente sin vida, de acuerdo con un portavoz de la empresa que gestiona el centro, la filial de atenci¨®n a los mayores del gigante de la construcci¨®n Sacyr. Ese mismo hogar de mayores de 120 plazas est¨¢ siendo investigado por la Fiscal¨ªa por el posible homicidio imprudente de otra mujer en 2019. En ese otro caso revelado la semana pasada por este peri¨®dico, do?a Rosa Rodr¨ªguez, de 96 a?os, sali¨® del centro sola en silla de ruedas y falleci¨® tras caer por una rampa y chocar con un muro.
La residencia de Villa del Prado pertenece a la Comunidad de Madrid pero el d¨ªa a d¨ªa de su gesti¨®n depende de Sacyr Social, que recibe a cambio 2,7 millones de euros al a?o. El Gobierno madrile?o prorrog¨® el contrato en abril del a?o pasado a pesar de que en esa fecha ya conoc¨ªa que la Fiscal¨ªa investigaba la primera de esas dos muertes tr¨¢gicas y a pesar de que en los cuatro meses previos a aquel suceso los inspectores auton¨®micos le impusieron dos multas a causa de su poco personal.
Este peri¨®dico ha conocido la muerte m¨¢s reciente a trav¨¦s de fuentes cercanas a la residencia que a?aden que la directora, Bego?a Hinojosa, ha tratado de tapar la informaci¨®n para que no circulara por el peque?o pueblo de algo m¨¢s de 6.600 vecinos en la sierra Oeste de Madrid. Una portavoz de la Guardia Civil ha confirmado el suceso y ha agregado que sus agentes visitaron el hogar de mayores en julio, cuando fue presentada una denuncia ante los juzgados de Navalcarnero, pero esa portavoz no ha precisado qu¨¦ juzgado de los siete de ese municipio dirige la instrucci¨®n ni en qu¨¦ situaci¨®n se encuentra el caso.
Tras d¨ªas de requerimientos por parte de este peri¨®dico, el gabinete de prensa de la Fiscal¨ªa de Madrid y el del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (que centraliza la informaci¨®n sobre juzgados menores) han sido incapaces de aportar m¨¢s informaci¨®n, alegando que para buscar en sus bases de datos es imprescindible conocer esos detalles.
Otros estrangulamientos
La mujer perdi¨® la vida probablemente al tratar de zafarse de las correas. Las residencias que usan sujeciones mec¨¢nicas y psicotr¨®picas defienden que son necesarias para evitar ca¨ªdas de los mayores, pero los cr¨ªticos denuncian que son una forma de tortura a la que recurren por conveniencia ya que las correas les ¡°facilitan¡± el trabajo. Las muertes de mayores por asfixia a causa de las correas se producen con relativa frecuencia. Sucesos similares han sido noticia recientemente en 2016 en Arganda del Rey, (Madrid), o en 2017 en Vilalba, (Lugo). Adem¨¢s de estrangulamientos, las sujeciones pueden causar la muerte s¨²bita en pacientes con patolog¨ªa cardiovascular como consecuencia de la ansiedad de verse atados. Las sujeciones producen da?os psicol¨®gicos y f¨ªsicos como escaras o problemas de digesti¨®n y atrofia muscular.
La ley permite las sujeciones siempre que sean prescritas por un m¨¦dico y se recoja el consentimiento del residente o sus familiares. Expertos y activistas llevan a?os reclamando el fin de ¡°la cultura de atar¡±. Entre ellos se encuentra la uni¨®n de asociaciones de mayores Ceoma, que pide reemplazar las sujeciones por sensores de movimiento y formaci¨®n a los empleados, entre otras medidas.
Ceoma estima que el 17% de los mayores que viven en residencias espa?olas, unas 55.000 personas, son sometidos a diario a sujeciones, lo que convierte a Espa?a en el n¨²mero uno de los pa¨ªses desarrollados para los que existen datos. Tras conocer el suceso en Villa del Prado de mano de este peri¨®dico, Ceoma ha tomado la decisi¨®n de investigar los hechos.
¡°Sospechamos que los casos de muerte por sujeciones que conocemos [en Espa?a] son la punta del iceberg¡±, dice Antonio Burgue?o Torijano, director t¨¦cnico y fundador en 2004 del programa Desatar, promovido de Ceoma. ¡°Desafortunadamente la mayor¨ªa de las muertes de este tipo se ocultan¡±, agrega este doctor buen conocedor de las residencias en Espa?a.
La residencia de Villa del Prado se ha acostumbrado a la tragedia. Durante la primera ola de la pandemia de coronavirus (primavera de 2020) este hogar de mayores de 120 plazas sufri¨® la p¨¦rdida fat¨ªdica de 49 residentes. Depend¨ªa del Hospital Rey Juan Carlos de M¨®stoles, que como toda la red p¨²blica en la regi¨®n de Madrid, aplic¨® un triaje que supuso que miles de mayores enfermos murieran en residencias diezmadas de personal y desprovistas de medicinas.
Licitaciones
Sacyr Social se presenta como una ¡°empresa l¨ªder¡± en el sector de la dependencia. Al igual que sucede con la matriz del grupo, Sacyr Social depende de licitaciones p¨²blicas. Buena parte de su negocio de 141 millones de euros anuales est¨¢ dedicado a la atenci¨®n a domicilio gracias a contratos con casi 1.000 ayuntamientos, entre otros los de capitales como Lugo, Segovia, Gij¨®n, Zamora o Valladolid.
Tambi¨¦n tiene contratos para gestionar residencias y centros de d¨ªa en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana. En total, m¨¢s de 2.000 personas dependen de sus cuidadores en residencias o centros de d¨ªa. El contrato de la residencia que gestiona en Villa del Prado ha sido prorrogado por la Comunidad de Madrid en cinco ocasiones por cortos per¨ªodos de dos a?os. La quinta renovaci¨®n, del pasado abril, extendi¨® el contrato hasta abril de 2023.
En la Comunidad de Madrid hay 18 residencias p¨²blicas cuya gesti¨®n ha sido cedida a empresas privadas. Acumulan un n¨²mero extraordinariamente alto de sanciones. Hay cr¨ªticos que piden acabar con estas cesiones para que la administraci¨®n p¨²blica recupere el control de esos centros (25 residencias p¨²blicas s¨ª son gestionadas de forma directa).
Otros piden una reforma m¨¢s comedida: creen que las concesiones por tan poco tiempo no invitan a las empresas a hacer reformas tan b¨¢sicas como comprar nuevas gr¨²as para mover a los mayores o los sensores que podr¨ªan sustituir a las correas de sujeci¨®n, de modo que ampliando los plazos de la concesi¨®n se pudiese mejorar el servicio.
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