La Fiscal¨ªa General del Estado pide informaci¨®n sobre las causas por las muertes en residencias tras las cr¨ªticas de inacci¨®n

La Fiscal¨ªa General del Estado ha pedido informaci¨®n a las Fiscal¨ªas de la Comunidad de Madrid, de Barcelona y de Castilla-La Mancha sobre todos los procedimientos penales abiertos con motivo de las muertes de usuarios de residencias durante la pandemia de covid-19. El escrito llega despu¨¦s de meses de quejas de las asociaciones de familiares, que se sienten abandonadas ante el archivo de diligencias y causas judiciales, y tras el duro reproche que esta misma semana emit¨ªa Amnist¨ªa Internacional, tras analizar casos en Madrid y Catalu?a. La ONG concluy¨® en un informe que el Ministerio P¨²blico no est¨¢ actuando de acuerdo a los est¨¢ndares internacionales y est¨¢ incumpliendo sus obligaciones, y critic¨® que casi el 90% de las investigaciones penales abiertas a hogares de mayores han sido archivadas: 451 de 517. Ahora Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, reclama a los fiscales se?alados que, en el plazo de 30 d¨ªas, informen sobre todos los procedimientos, tanto los iniciados directamente en Fiscal¨ªa como en los juzgados tras las denuncias de los familiares. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PA?S, se considera preciso adquirir un ¡°conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situaci¨®n actual de los procedimientos penales¡±, lo cual supondr¨¢ ¡°proporcionar a las v¨ªctimas y sus familiares la atenci¨®n y tutela que el Ministerio Fiscal les debe dispensar¡±.

Durante los ¨²ltimos meses ha ido creciendo la indignaci¨®n de los familiares y se han multiplicado sus reproches a la Fiscal¨ªa por su labor a lo largo de la pandemia. Especialmente despu¨¦s de que la Fiscal Superior madrile?a, Almudena Lastra, declarara a la prensa que el sistema de triaje que cre¨® la Comunidad de Madrid en la primera ola ¡°no evit¨® derivaciones¡± y ¡°era meramente orientativo¡±. Una afirmaci¨®n que contradice lo asegurado por familiares de fallecidos, por directores de residencias y por patronales. Las asociaciones de familiares consideran que no ha habido una investigaci¨®n real de lo ocurrido en las residencias en Espa?a, ni tampoco del proceso por el cual, durante la primera oleada, se restringi¨® el ingreso hospitalario de mayores que viv¨ªan en estos centros en las comunidades aut¨®nomas m¨¢s saturadas.

Al inicio de la pandemia, la Fiscal¨ªa General del Estado solicit¨® a todos los fiscales superiores de las comunidades aut¨®nomas que realizaran un especial seguimiento de las residencias, que fueron uno de los grandes focos en la primavera de 2020. Estos fueron remitiendo diariamente informaci¨®n de las incidencias en cada comunidad, tanto sobre personas fallecidas y contagiadas como de las medidas de la Administraci¨®n que limitaran la libertad u otro derecho fundamental, as¨ª como de las ¡°resoluciones judiciales sobre esta cuesti¨®n emitidas por los juzgados de guardia o de lo contencioso-administrativo¡±, seg¨²n se lee en el escrito, firmado por el fiscal jefe de la secretar¨ªa t¨¦cnica y fechado este mi¨¦rcoles. Es decir, que se fue elaborando, ¡°en la medida en que las circunstancias sanitarias lo permitieron¡±, un ¡°compendio diario de datos¡± con informaci¨®n sobre la situaci¨®n de las residencias que fue centralizando la Fiscal¨ªa General del Estado.

Hasta ahora ha trascendido que entre 2020 y 2021 las fiscal¨ªas iniciaron 1.040 diligencias preprocesales civiles, en el marco de su papel protector, por actuaciones como por ejemplo la existencia de brotes en los centros, y 517 investigaciones penales, la mayor¨ªa por homicidio por imprudencia y omisi¨®n del deber de socorro. Sin embargo, puede haber casos que no est¨¦n recogidos en estas cifras, procedentes de denuncias interpuestas directamente en los juzgados.

Ahora se ampl¨ªa la informaci¨®n que se solicita sobre las regiones se?aladas. En el escrito se expone que, por orden de Delgado, las fiscal¨ªas deben remitir informaci¨®n sobre el n¨²mero de diligencias de investigaci¨®n abiertas por el ministerio fiscal desde el inicio de la pandemia; el n¨²mero de denuncias interpuestas ante los juzgados directamente y copia de las mismas; el n¨²mero de decretos de archivo de las diligencias de investigaci¨®n y copia de esos documentos; el n¨²mero de autos de sobreseimiento de los procedimientos judiciales, y el n¨²mero de procedimientos penales actualmente en tramitaci¨®n y el estado en que se encuentran.

En el escrito se afirma que ¡°la ingente informaci¨®n recopilada¡± a lo largo de la pandemia dio lugar a ¡°m¨²ltiples documentos normativos y regulatorios¡±, pero que ¡°se ha podido constatar la necesidad de contar con informaci¨®n de mayor calidad acerca de los procedimientos penales incoados en las fiscal¨ªas territoriales y ¨®rganos judiciales de todo el Estado, que por su indudable importancia y trascendencia deben ser puestos en conocimiento¡± de la fiscal general. Por ello, es preciso adquirir un ¡°conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situaci¨®n actual de los procedimientos penales incoados¡± en relaci¨®n con las muertes de mayores que viv¨ªan en residencias.

En el texto se menciona concretamente a la Comunidad de Madrid y a Catalu?a, donde seg¨²n la ¨²ltima informaci¨®n publicada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, las muertes de ancianos que viv¨ªan en residencias ascienden desde el inicio de la pandemia a 6.479 y a 5.744, respectivamente. Datos ¡°especialmente relevantes¡±, seg¨²n se lee. Estas dos autonom¨ªas acumulan m¨¢s de un tercio de todos los decesos del pa¨ªs en estos centros. La Fiscal¨ªa considera ¡°igualmente destacable¡± el fallecimiento de 75 mayores en una residencia de Tomelloso (Ciudad Real), de ah¨ª que tambi¨¦n se solicite informaci¨®n a Castilla-La Mancha, donde los decesos ascienden a 2.959. A finales del a?o pasado, ocho familiares de mayores que viv¨ªan en esta residencia denunciaron que el director no apareci¨® por el centro durante los primeros d¨ªas del brote y que los trabajadores quedaron a su suerte, sin protocolo ni material de protecci¨®n. El procedimiento ha sido archivado y los familiares lo han recurrido. El peri¨®dico Infolibre public¨® que la fiscal del caso no acudi¨® a la declaraci¨®n del director porque estaba de vacaciones y reconstruy¨® las nueve horas de declaraciones de los testigos que constataban el caos vivido en la residencia durante aquellos d¨ªas.