El Poder Judicial pide cambios en la ley trans y exige que un juez avale el cambio de sexo de los menores

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este mi¨¦rcoles por unanimidad su informe al anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garant¨ªa de los derechos de las personas LGTBI, en el que pide que un juez avale el cambio de sexo de los menores de 18 a?os. Es decir, el CGPJ propone que se eleve hasta los 18 a?os la edad m¨ªnima por la que una persona puede solicitar el cambio de sexo en el registro. Extiende, pues, el procedimiento de aprobaci¨®n judicial previsto en el anteproyecto para los menores transexuales de entre 12 y 14 a?os. En estos casos, se abrir¨¢ antes un expediente de jurisdicci¨®n voluntaria y el demandante tendr¨¢ que demostrar suficiente madurez para dar el paso y estabilidad en su decisi¨®n de cambio de sexo.

El anteproyecto del Ministerio de Igualdad prev¨¦ que los menores de entre 14 y 16 a?os puedan cambiarse de sexo con consentimiento de sus representantes legales y a partir de los 16 sin requisitos. El texto del ¨®rgano de los jueces es propositivo, pero no vinculante ¡ªes decir, el Gobierno puede despu¨¦s introducir las modificaciones que indican o decidir no hacerlo¡ª, y deber¨ªa haberse entregado en enero. El Ministerio de Igualdad envi¨® el anteproyecto el 15 de diciembre y pidi¨® que se tramitara con urgencia: un dictamen en 15 d¨ªas. El retraso en el informe ha avivado las tensiones creadas en el Gobierno a ra¨ªz de esta propuesta, aprobada el pasado junio por el Consejo de Ministros.

El Poder Judicial ha aprobado por mayor¨ªa esta intervenci¨®n de un juez y por unanimidad ha acordado que no est¨¢ de acuerdo con que se proh¨ªban las terapias de conversi¨®n que recoge el anteproyecto. El ¨®rgano de gobierno de los jueces considera que no cabe la prohibici¨®n en aquellas situaciones en las que se cuenta con el consentimiento del afectado.

Pese a la aprobaci¨®n del anteproyecto por unanimidad, tres vocales del CGPJ ¨DJuan Manuel Fern¨¢ndez, Jos¨¦ Antonio Ballestero y Jos¨¦ Mar¨ªa Mac¨ªas¨D han emitido un voto concurrente. En ¨¦l firman que el cambio de sexo en el registro no puede justificarse solo por una declaraci¨®n de voluntad, sostienen que el solicitante debe acreditar ¨D¡±por los medios que el legislador estime proporcionados y oportunos¡±, se afirma en la nota de prensa¨D que est¨¢ disconforme con el sexo con el que se le inscribi¨® al nacer.

Por otra parte, los vocales Carmen Llombart, Jos¨¦ Antonio Ballestero, Jos¨¦ Mar¨ªa Mac¨ªas y Nuria D¨ªaz Abad han formulado otro voto concurrente, en el que sostienen que el anteproyecto de la conocida como ley trans afecta a derechos fundamentales como la libertad ideol¨®gica y religiosa (art¨ªculo 16 de la Constituci¨®n), la libertad de expresi¨®n (art¨ªculo 20) y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formaci¨®n religiosa y moral con sus propias convicciones (art¨ªculo 27.3). Asimismo, cuestionan c¨®mo se define la discriminaci¨®n directa en la nueva norma, pues consideran que no cumple los principios de legalidad penal y de seguridad jur¨ªdica en la medida en que incluye situaciones que no han llegado a producirse.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha quitado en Twitter relevancia al informe del CGPJ, y no parece dispuesta a hacer cambios: ¡°El CGPJ emite su informe sobre la Ley Trans y LGTBI con tres meses de retraso. Ninguna sorpresa. Nuestra hoja de ruta es clara: tramitar con urgencia esta ley para que llegue al Congreso en este periodo de sesiones. Los derechos de las personas trans y LGTBI ser¨¢n ley¡±.

La Federaci¨®n Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y m¨¢s (Felgtbi+), Fundaci¨®n Tri¨¢ngulo y Chrysallis han emitido una nota conjunta en la que tachan el informe del CGPJ de ser un compendio de ¡°valoraciones pol¨ªticas y prejuicios sin justificar¡± contra los derechos trans y LGTBI. Aunque consideran que el documento cierra el debate jur¨ªdico, sostienen que las ¨²ltimas modificaciones ¡°apuntan a presiones e incluyen recomendaciones puramente pol¨ªticas, que exceden del papel de este ¨®rgano jur¨ªdico consultivo y entra en el terreno de los legisladores¡±.