Hasta tres a?os de demora para obtener una evaluaci¨®n de discapacidad: ¡°No podemos esperar m¨¢s¡±
Una protesta en 18 ciudades reclama reducir los tiempos y la publicaci¨®n de un nuevo baremo, que lleva dos d¨¦cadas sin sufrir cambios y que Derechos Sociales espera aprobar antes de agosto


Una puerta blanca en mitad de la calle preside la protesta en Madrid. ¡°Equipos de valoraci¨®n y orientaci¨®n de la discapacidad. Volvemos en 1.546.329 minutos [casi tres a?os]¡±, se lee en un cartel. Varias decenas de personas hacen cola enfrente. As¨ª han querido retratar este martes los largos tiempos de espera para ser evaluadas y que les sea reconocido un grado de discapacidad. Tambi¨¦n denuncian el retraso en la aprobaci¨®n del nuevo baremo, que seg¨²n han explicado los organizadores del acto, de la Confederaci¨®n Espa?ola de Personas con Discapacidad F¨ªsica y Org¨¢nica (Cocemfe), lleva m¨¢s de 20 a?os sin sufrir cambios y est¨¢ desactualizado. La protesta se ha celebrado simult¨¢neamente en 18 ciudades del pa¨ªs. En la capital ha sido frente al Ministerio de Derechos Sociales, que ha explicado en una nota que est¨¢ previsto que se d¨¦ luz verde al real decreto el primer semestre de este a?o. ¡°El que espera desespera¡±, corean los asistentes. El tiempo medio hasta que se resuelven los casos, seg¨²n un estudio de Cocemfe, es de m¨¢s de 11 meses, pero hay quien ha sufrido una demora de hasta tres a?os. Mientras se aguarda, no se puede tener acceso a ayudas.
En la protesta hay casi tantas historias como asistentes. Como la de Carlos Cobo, de 47 a?os, quien lleva desde los 17 diagnosticado de la enfermedad de Crohn, una afectaci¨®n inflamatoria cr¨®nica del tubo digestivo que evoluciona con brotes. ¡°Las enfermedades autoinmunes pr¨¢cticamente no se reconocen [con el baremo actual]. Todo lo que no sea visible pr¨¢cticamente no existe¡±, sostiene. Tiene una invalidez absoluta permanente. Su grado de discapacidad es del 41%, pero cuenta que se ha hecho ¡°inmune a todos los tratamientos¡±. Est¨¢ esperando a que se apruebe el nuevo baremo para pedir otra evaluaci¨®n. A partir del 65% se tiene acceso a ayudas econ¨®micas. ?l ingresa una pensi¨®n de 721 euros al mes, y no puede trabajar. ¡°Para venir [desde M¨¢laga], estoy de pastillas hasta aqu¨ª¡±, afirma se?alando su frente. Pero su discapacidad no se ve a simple vista.
Tampoco se ve la de Noelia Moya y Carmen Porras, madrile?as de 28 y 39 a?os, respectivamente. Trabajan en la Federaci¨®n Nacional de Asociaciones para la lucha contra las enfermedades del ri?¨®n: ambas tienen enfermedad renal cr¨®nica. La primera ha sido trasplantada seis veces. ¡°Tras el quinto me reconocieron una discapacidad definitiva del 40%, pero tras volver a di¨¢lisis la subieron a un 66%, porque entienden que est¨¢s m¨¢s grave. Se revisar¨¢ el a?o que viene¡±, y probablemente vuelva a bajar. Porras, trasplantada una vez, cuenta que muchas personas trasplantadas obtienen un grado inferior al 33%, porque ¡°se considera que el trasplante es la cura¡±, y reivindican ¡°que no sea as¨ª¡±. En su caso es del 35%, porque tiene adem¨¢s otras patolog¨ªas, pero expira en junio. Est¨¢ esperando que la llamen. Puede ocurrir que se quede en el limbo, sin ninguna certificaci¨®n. Algo que le ocurri¨® a la hija de Alda Pozo durante un a?o y medio, una ni?a que ahora tiene nueve y que padece ¡°el s¨ªndrome de 22q11, una alteraci¨®n gen¨¦tica con s¨ªntomas como cardiopat¨ªas, dificultades de aprendizaje, problemas de paladar...¡±. ¡°Ten¨ªa un 66% y lo bajaron a un 44%. Los grados de discapacidad que se conceden no son reales¡±, asegura.

En Espa?a 4,32 millones de personas afirmaban tener alguna discapacidad en 2020, seg¨²n una encuesta del INE. Seg¨²n datos del Imserso de ese mismo a?o, 3,25 millones tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33%, umbral a partir del cual se tiene derecho a determinadas ayudas. La diferencia es de m¨¢s de un mill¨®n. Por ello, las organizaciones apremian a las comunidades aut¨®nomas, competentes en la gesti¨®n, a agilizar los tr¨¢mites, y al Ministerio de Derechos Sociales a aprobar el nuevo baremo.
Daniel An¨ªbal Garc¨ªa, secretario de finanzas de Cocemfe, explica que reivindican acabar con ¡°dos retrasos lacerantes¡±. Apunta que la espera media desde que solicitan ser evaluados hasta que lo son var¨ªa enormemente entre autonom¨ªas e incluso entre ciudades. Un estudio de 2020 del Comit¨¦ Espa?ol de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) pone cifras a esas desigualdades en funci¨®n de las autonom¨ªas. Una media de 10,4 meses, que escala hasta los dos a?os en Canarias. A?o y medio en Andaluc¨ªa, Asturias y Comunidad Valenciana. En Murcia, 15 meses. En Baleares, Galicia y Castilla-La Mancha, de un a?o.
¡°Hay casos dram¨¢ticos de personas a las que llaman cuando ya han fallecido¡±, afirma Garc¨ªa, de Cocemfe. ?l tiene 35 a?os y una discapacidad reconocida del 74%. ¡°En ese tiempo se pierden oportunidades laborales, porque hay contratos reservados a personas con discapacidad, derechos educativos, como las adaptaciones curriculares, incentivos fiscales. Hasta que no tienes el reconocimiento no puedes aplicarlos¡±, se?ala. ¡°No podemos esperar m¨¢s¡±.
A su lado est¨¢ Manuel Mu?oz. ?l tard¨® tres a?os en lograr resolver su caso, en la Comunidad de Madrid. Fue m¨¢s de un a?o hasta obtener un certificado de discapacidad, del 34%, y luego tuvo que pelear para que le reconocieran la movilidad reducida. En 2009 le fue diagnosticado un linfoma, que remiti¨®, pero le dej¨® secuelas que en 2019 le provocaron ¡°una necrosis en las dos caderas¡±. Se qued¨® en silla de ruedas. Ha pasado por cuatro operaciones desde entonces, ahora anda apoyado en una muleta. ¡°[La espera] me ha dificultado poder tener un puesto de trabajo, la rehabilitaci¨®n me la he costeado yo. Muchas veces he tenido que quedarme en casa por no tener movilidad reducida¡±, ha dicho este t¨¦cnico inform¨¢tico, ahora empleado como t¨¦cnico de soporte. Pidi¨® ayuda al Defensor del Pueblo y muestra un documento en el que la instituci¨®n le reconoce un excesivo retraso. Lo describe como un ¡°periplo¡±.

Pero la protesta no solo alude al tiempo de espera, como aclara Cocemfe. ¡°La segunda reivindicaci¨®n es que el actual baremo, de 1999, est¨¢ obsoleto. En 2001 la Organizaci¨®n Mundial de la Salud aprob¨® la clasificaci¨®n internacional de funcionamiento de la discapacidad y de la salud, y desde entonces est¨¢ desfasado nuestro baremo¡±, sostiene Garc¨ªa. Explica que su organizaci¨®n reclama que se cambie desde 2007. La Convenci¨®n de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada por Espa?a y entr¨® en vigor en 2008, y la normativa tiene que adaptarse a ella. ¡°El actual baremo no valora bien ciertas situaciones, como la discapacidad org¨¢nica, por ejemplo las enfermedades reum¨¢ticas que cursan con brotes, la fatiga, la fibromialgia¡±, dice. Si alguien es evaluado en un momento en el que no est¨¢ sufriendo un brote, es posible que se quede fuera, explica.
El asunto lleva mucho encima de la mesa. ¡°Desde 2012¡å, aclara el Ministerio de Derechos Sociales en su nota, en la que explica que el departamento que dirige Ione Belarra ¡°ha desbloqueado definitivamente esta cuesti¨®n tramitando un proyecto de Real Decreto que est¨¢ en su fase final de consultas¡± y que esperan que sea aprobado por el Consejo de Ministros antes de agosto. ¡°Conscientes del problema de los tiempos de valoraci¨®n, [en el texto] se contemplan mejoras en el procedimiento que posibiliten una mayor agilidad en la gesti¨®n y se introduce una tramitaci¨®n por procedimiento de urgencia (tres meses)¡± para situaciones que lo requieran.
Luis Cayo, presidente del Cermi, explica por tel¨¦fono que ¡°el nuevo baremo pasa de una concepci¨®n puramente m¨¦dica de la discapacidad a una m¨¢s social. Se van a tener mucho m¨¢s en cuenta los factores contextuales, ambientales. Es un avance en el sentido de entender la discapacidad con arreglo al modelo social, que es el que establece la convenci¨®n de la ONU¡±. Esta organizaci¨®n tambi¨¦n urge a su aprobaci¨®n. Garc¨ªa, de Cocemfe, reclama adem¨¢s que, una vez aprobado, se actualice peri¨®dicamente, ¡°que no haya que esperar otros 20 a?os¡±.
El Gobierno quiere eliminar los internamientos forzosos por problemas de salud mental
El Gobierno quiere eliminar la institucionalización forzosa de las personas con problemas de salud mental. Este es uno de los objetivos que recoge la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, que marca la hoja de ruta a seguir en los próximos años y que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros este martes. Entre el paquete de medidas que plantea consta “el estudio de las posibilidades de modificación del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de asegurar medidas alternativas a la institucionalización y los tratamientos forzosos por motivo de discapacidad y de garantizar que las intervenciones por motivo de salud mental se basen en los derechos humanos”. Algo que el movimiento asociativo reivindica desde hace años.
En el documento se detallan una treintena de objetivos, como asegurar el pleno acceso a la justicia de las personas con discapacidad, con condiciones de accesibilidad universal, o potenciar el desarrollo de la asistencia personal y reducir el número de personas con discapacidad que viven en instituciones. Cada uno de ellos lleva medidas asociadas que deberá adoptar el Gobierno y recomendaciones a las comunidades autónomas, como reconocer la atención temprana como derecho subjetivo de todos los niños y la formulación de estándares de calidad en este ámbito, elaborar una macroencuesta específica sobre las violencias hacia las mujeres y niñas con discapacidad y modificar el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuido” y sustituirlo por “personas con discapacidad”, entre otras.
En el texto se apuesta por el impulso de la vida independiente y por priorizar la atención en los domicilios. La estrategia pivotará, según se menciona en el texto, sobre “tres asuntos clave que merecen una respuesta desde la política pública” para “reparar déficits de ciudadanía y discriminaciones enquistadas”. El objetivo es poner en “la agenda de los derechos” a las mujeres y niñas con discapacidad, a las personas que viven en la España rural y a aquellas con grandes necesidades de apoyo.
El desarrollo e implementación de la estrategia corresponde a la dirección general de Derechos de las Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales. En el texto se especifica que su misión es contribuir a “garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos, a través de políticas públicas, que aseguren la inclusión en la comunidad, su pleno desarrollo vital, calidad de vida, autonomía personal y vida independiente, con condiciones de igualdad de oportunidades y no discriminación, y de accesibilidad universal”.
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