El control del cuerpo de las mujeres

Viene con fuerza una ola reaccionaria que, de prosperar, puede llevarse por delante muchos de los derechos civiles conquistados en las ¨²ltimas d¨¦cadas. La sentencia del Tribunal Supremo de EEUU que establece que el derecho al aborto no est¨¢ amparado por la Constituci¨®n y permite a 50 estados del pa¨ªs legislar para restringirlo o prohibirlo, demuestra que ning¨²n avance puede darse por definitivamente conquistado. Lo grave de este caso es que la decisi¨®n no procede de una mayor¨ªa social expresada a trav¨¦s de los ¨®rganos legislativos, sino de un ¨®rgano judicial no electo que se arroga funciones legislativas al servicio de una causa ideol¨®gica que solo sustenta una minor¨ªa religiosa anclada en el pasado.

El Tribunal Supremo es un ¨®rgano formado por jueces vitalicios y su composici¨®n actual est¨¢ determinada por la azarosa circunstancia de que un presidente retr¨®grado y amoral como Donald Trump pudo elegir hasta tres de sus miembros y se asegur¨® de que los elegidos estuvieran en sinton¨ªa con las minor¨ªas religiosas fanatizadas que han colonizado el Partido Republicano. Lo que para esas minor¨ªas es un pecado, puede convertirse de repente en un delito penado con hasta diez a?os de prisi¨®n. Hasta ahora, ninguna mujer que creyera que abortar era pecado estaba obligada a hacerlo. A partir de este fallo, muchas de las que quieran interrumpir un embarazo no deseado tendr¨¢n que viajar a otro estado o poner en peligro su vida con un aborto clandestino.

Muchos temen que la derogaci¨®n de la sentencia Roe contra Wade de 1973 abra la puerta a revisar tambi¨¦n otros derechos civiles. En algunos estados republicanos, la facci¨®n ultraconservadora del partido ya clama por derogar el matrimonio homosexual e incluso el derecho a tomar anticonceptivos. No es un temor infundado. En el voto concurrente introducido en el fallo, el juez Clarence Thompson afirma que esta sentencia permite ¡°reconsiderar todos los precedentes sustantivos¡± que amparan derechos adicionales al cuerpo inicial de la Constituci¨®n, ¡°incluidos los casos Griswold, Lawrence y Obergefell¡±. El caso Griswold contra Connecticut estableci¨® en 1965 el derecho de una pareja casada a usar anticonceptivos sin interferencias del Gobierno. En el caso Lawrence contra Texas el tribunal estableci¨® en 2003 que los estados no pod¨ªan penalizar la sodom¨ªa y en el de Obergefell contra Hodges consagr¨® en 2015 el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Si este planteamiento prosperara, el fallo contra el aborto ser¨ªa el primer paso de un viaje al pasado que puede llevar a gran parte de los Estados Unidos a funcionar como un Estado teocr¨¢tico autoritario capaz de imponer principios religiosos de car¨¢cter minoritario mediante un marco jur¨ªdico propio del siglo XVII. Entre la ofensiva del gobierno teocr¨¢tico talib¨¢n, que ha privado de sus derechos a las mujeres de Afganist¨¢n, incluido el acceso a la educaci¨®n, y la legislaci¨®n de un Estado norteamericano que obligue a las mujeres a culminar un embarazo no deseado, incluso cuando ponga en peligro su vida o sea fruto de una violaci¨®n o un incesto, solo hay una diferencia de alcance. La corriente de fondo es la misma.

Lo que est¨¢ ocurriendo forma parte de una ola ultraconservadora y reaccionaria que no para de crecer. Como sostiene la dirigente feminista Gloria Steinem, el autoritarismo siempre comienza intentando controlar el cuerpo de las mujeres. Es el baluarte de un orden neomachista que quiere relegarlas a una funci¨®n reproductora y de cuidado de la especie. Se empieza cercenando los derechos reproductivos y se puede acabar cuestionando hasta el derecho a voto de las mujeres si pone en peligro ese orden. Al fin y al cabo, el sufragio femenino, reconocido en 1920 al ratificarse la 19 enmienda, tambi¨¦n forma parte de los derechos constitucionales adicionales no incluidos en el n¨²cleo original de la constituci¨®n aprobada por los padres fundadores. Har¨¢n bien las mujeres norteamericanas de tenerlo en cuenta en las cruciales elecciones de noviembre pr¨®ximo que han de decidir el Senado y la C¨¢mara de Representantes.