Claves de la nueva ley de servicios sociales que aspira a unificar las prestaciones m¨ªnimas en todo el pa¨ªs

La aprobaci¨®n este martes en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de condiciones b¨¢sicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales supone un paso relevante en la mejora de millones de personas en situaci¨®n de emergencia para que puedan acceder a un m¨ªnimo de prestaciones en todo el pa¨ªs sin importar su lugar de residencia. En Espa?a la competencia de estas ayudas es de las comunidades aut¨®nomas, por lo que existen 17 modelos diferentes de gesti¨®n y multitud de desigualdades entre las regiones e incluso entre los ayuntamientos. Esta nueva normativa, la primera estatal sobre servicios sociales en democracia, promete limar esas diferencias y sentar unas bases comunes en todo el territorio nacional. No obstante, debido a que son las comunidades las que poseen la potestad de legislar sobre este asunto, el anteproyecto ¨²nicamente ¡°mandata¡± a estas a consensuar, en un tiempo determinado, dentro de la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales ¡ªdonde se re¨²ne el ministerio con las autonom¨ªas¡ª, un cat¨¢logo de prestaciones y servicios esenciales que deber¨¢n garantizarse en todo el pa¨ªs.

Seg¨²n el Ministerio de Asuntos Sociales, impulsor de la ley, estos servicios sociales se encontraban ¡°precarizados y debilitados¡±, en comparaci¨®n con otros pa¨ªses europeos. Para la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, esta ley pretende ser ¡°un bal¨®n de ox¨ªgeno¡±, tanto para los profesionales de los servicios sociales ¡°que, demasiadas veces, han cubierto con su vocaci¨®n y a costa de sus derechos laborales un servicio que deber¨ªa haber garantizado mejor la administraci¨®n p¨²blica¡±, como para las personas que son atendidas, ¡°para que entiendan que es su derecho que los servicios p¨²blicos les atiendan sus necesidades cuando las cosas vienen mal dadas¡±, ha explicado la ministra en rueda de prensa tras la reuni¨®n del Consejo de Ministros este martes. La norma tambi¨¦n mandata a las autonom¨ªas a acordar los est¨¢ndares de calidad, a crear un sistema de informaci¨®n estatal, a simplificar el proceso para recibir ayudas de emergencia y a impulsar que los servicios sociales sean m¨¢s personalizados y menos burocr¨¢ticos.

Estas son las claves que figuran en el anteproyecto aprobado:

Cat¨¢logo com¨²n de servicios. Las comunidades acordar¨¢n un ¨ªndice de prestaciones m¨ªnimas en todo el territorio nacional, donde no solo se describir¨¢ el nombre del servicio que se debe ofrecer, sino tambi¨¦n qu¨¦ actuaciones comprende, a qu¨¦ poblaci¨®n va dirigida, cu¨¢l es la forma de acceso y cu¨¢les son los requisitos de calidad. Adem¨¢s, en el cat¨¢logo se establecer¨¢ la ratio de profesionales destinados a cada servicio, en qu¨¦ intensidad deben prestarse y cu¨¢l debe ser su especializaci¨®n, entre otros aspectos.

Creaci¨®n de la red de sistemas de servicios sociales. Una de las claves de la nueva norma es sentar las bases de una red de sistemas de servicios sociales ¡°para conseguir que estos sean menos asistencialistas y reducir las diferencias que hay en la atenci¨®n a lo largo del territorio¡±. Esta red estar¨¢ formada por los sistemas p¨²blicos de servicios sociales auton¨®micos, por los recursos, servicios y prestaciones del conjunto de comunidades aut¨®nomas, Ceuta, Melilla y entes locales. Su finalidad es ¡°blindar a las personas¡± ante las situaciones de vulnerabilidad social.

Servicios sociales esenciales. El anteproyecto establece como esencial el acceso a los servicios sociales y considera como un derecho la atenci¨®n integral e interdisciplinar por un equipo b¨¢sico formado ¡°por profesionales del trabajo social, la educaci¨®n social y la psicolog¨ªa¡± (derecho que existen en muchas localidades, pero no en todas). Este cambio implicar¨¢ que deber¨¢ asegurarse la atenci¨®n a todas las personas en situaciones de emergencia. Los usuarios tendr¨¢n pleno acceso a la informaci¨®n personal y a no tener que presentar documentos innecesarios o que ya est¨¦n en poder de la Administraci¨®n. Tampoco ser¨¢ necesario un tiempo m¨ªnimo de empadronamiento o residencia en un municipio para acceder a una ayuda que sea considerada esencial y no se podr¨¢ excluir a nadie de un servicio por no tener recursos econ¨®micos (como ocurre con los copagos). Al declararse como prestaciones esenciales, las tasas de reposici¨®n (a qui¨¦n se puede contratar para suplir una jubilaci¨®n) son superiores a las del resto de servicios. Tambi¨¦n se crean nuevos ¨®rganos vinculados a los servicios sociales, como la Comisi¨®n Interministerial de Servicios Sociales, el Observatorio de los Servicios Sociales y el Consejo Asesor en Servicios Sociales.

Movilidad territorial. La persona que acceda al servicio b¨¢sico lo mantendr¨¢ si cambia su lugar de residencia, temporal o permanente, a otra comunidad aut¨®noma. La Conferencia Sectorial de Servicios Sociales articular¨¢ los acuerdos necesarios para que estas prestaciones sigan siendo efectivas, aunque no se ha fijado un plazo para hacerlo. Del mismo modo, la Administraci¨®n General del Estado facilitar¨¢ un sistema de comunicaci¨®n entre las comunidades que permita el env¨ªo autom¨¢tico de la informaci¨®n que sea necesaria ¡°para el acceso y disfrute de los servicios y prestaciones b¨¢sicos¡± en caso de movilidad territorial, del mismo modo que ocurre con la atenci¨®n sanitaria o la educaci¨®n.

Facilitar el cobro de ayudas de emergencia. Uno de los objetivos de la norma es que las personas en situaci¨®n de vulnerabilidad o urgencia social puedan cobrar sin demoras las ayudas destinadas para paliar situaciones de emergencia, como la falta de alimentos, ropa, vivienda u otros suministros. Actualmente, en gran parte de los municipios se tramitan como subvenciones, con procedimientos r¨ªgidos y complejos que ralentizan el proceso. El anteproyecto contempla que las Administraciones P¨²blicas revisen constantemente los tr¨¢mites de estas ayudas para simplificarlos y evitar retrasos en las concesiones. Para agilizar estas prestaciones se contar¨¢ con una regulaci¨®n espec¨ªfica en la Ley de Subvenciones, que deber¨¢ negociarse entre Hacienda y Servicios Sociales en los pr¨®ximos seis meses.

Historia social ¨²nica. Las comunidades crear¨¢n un expediente ¨²nico que recoger¨¢ toda la informaci¨®n de los usuarios de los servicios b¨¢sicos para que todas las administraciones competentes puedan acceder a ella.

Sistema de informaci¨®n estatal de servicios sociales. La nueva norma sienta las bases para la puesta en marcha de una plataforma que integre los datos de los servicios p¨²blicos del sector en todo el pa¨ªs. La informaci¨®n, totalmente an¨®nima, ser¨¢ de acceso p¨²blico. Este plan que permitir¨¢ conocer la realidad actual de los servicios sociales e impulsar la cooperaci¨®n entre administraciones. El ministerio deber¨¢ financiarlo y la Conferencia Sectorial dispondr¨¢ de dos a?os tras la entrada en vigor de esta ley para decidir qu¨¦ informaci¨®n y datos debe contener este sistema de informaci¨®n, as¨ª como los plazos y las condiciones para su transmisi¨®n.

Procesos judiciales m¨¢s r¨¢pidos. El anteproyecto recoge que la litigiosidad de los servicios sociales pase de la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa, m¨¢s lenta y farragosa, a la social. El objetivo es resolver con m¨¢s celeridad cualquier exigencia de prestaci¨®n o derechos.

Comit¨¦s de ¨¦tica. Las comunidades formar¨¢n ¨®rganos colegiados, interdisciplinares y consultivos llamados comit¨¦s de ¨¦tica que trabajar¨¢n para analizar los ¡°desaf¨ªos ¨¦ticos derivados de la pr¨¢ctica profesional, y de asesoramiento a profesionales, administraciones y personas usuarias en casos concretos de conflicto ¨¦tico¡±.