El Gobierno legislar¨¢ para crear un m¨ªnimo com¨²n de servicios sociales en todo el pa¨ªs y reducir la burocracia

En Espa?a no hay una ley de servicios sociales, como existe en educaci¨®n o en sanidad. Son las autonom¨ªas las competentes en la materia, y cada una ha regulado su propio sistema. Hay 17 realidades. Si bien las comunidades aut¨®nomas son competentes en asistencia social, el Ministerio de Derechos Sociales quiere que haya un m¨ªnimo com¨²n en todo el pa¨ªs. Para ello, ultima una ley que espera que llegue al Consejo de Ministros en las pr¨®ximas semanas y que mandata a las autonom¨ªas a acordar con el ministerio no solo cu¨¢l ser¨¢ el cat¨¢logo com¨²n en todo el territorio, sino tambi¨¦n ¡°un est¨¢ndar de calidad¡±, la ratio de profesionales que se exigir¨¢ o su especializaci¨®n, ha explicado el secretario de Estado del ramo, Nacho ?lvarez, este martes.

El objetivo es que un ciudadano pueda mudarse de regi¨®n y seguir teniendo unos servicios sociales b¨¢sicos, y tambi¨¦n se eliminar¨¢n procedimientos burocr¨¢ticos que hacen que la tramitaci¨®n de las ayudas de emergencia social, que se conceden de urgencia para que quienes las necesitan puedan comprar comida o pagar suministros, se alargue durante meses. ?lvarez ha participado en unas jornadas en las que se ha presentado un estudio de la OCDE sobre los servicios sociales en Espa?a que constata grandes diferencias territoriales. Horas despu¨¦s, ha comparecido en comisi¨®n en el Congreso y all¨ª ha hablado de otra de las medidas en las que ha trabajado el departamento en las ¨²ltimas semanas: la ampliaci¨®n de la deducci¨®n fiscal (de 100 euros al mes) para mujeres con hijos de hasta tres a?os, que se recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, llegar¨¢ a unas 250.000 nuevas beneficiarias, seg¨²n los c¨¢lculos del ministerio.

A las madres trabajadoras que ya perciben esta deducci¨®n de 1.200 euros al a?o (que pueden pedirse de forma adelantada, en forma de pagos mensuales) hay que sumar a quienes reciben una prestaci¨®n o subsidio por desempleo y quienes trabajen al menos 30 d¨ªas a partir del nacimiento del ni?o, as¨ª como las empleadas a tiempo parcial, que ahora no pueden acogerse al 100%. El n¨²mero de beneficiarias subir¨¢ ¡°en un 50%, alcanzando una tasa de cobertura que supera el 85%¡±, ha se?alado ?lvarez, quien ha precisado que la medida se recoger¨¢ en la futura ley de familias, que llegar¨¢ al Consejo de Ministros ¡°en breves semanas¡±. La ministra Ione Belarra (Unidas Podemos) hab¨ªa hablado en repetidas ocasiones de universalidad, algo que piden las organizaciones de infancia, hasta los 18 a?os. ?lvarez ha dicho que, si a esta deducci¨®n reembolsable se suma el complemento de infancia del ingreso m¨ªnimo vital (una ayuda por cada hijo, que pueden solicitar las familias en situaci¨®n vulnerable), estar¨¢n ¡°pr¨¢cticamente universalizando¡± las ayudas para los ni?os de cero a tres a?os.

Cat¨¢logo actualizado

El ministerio solicit¨® en 2019 la asistencia t¨¦cnica de la Comisi¨®n Europea y de la OCDE para desarrollar tanto la ley de familias como la de servicios sociales, a cuya aprobaci¨®n se ha comprometido con Bruselas como uno de los hitos del Plan de Recuperaci¨®n, Transformaci¨®n y Resiliencia. Los plazos son justos para que la tramitaci¨®n parlamentaria finalice en esta legislatura. Este martes, unas jornadas se han centrado en la normativa de servicios sociales. Actualmente, hay un cat¨¢logo de referencia para todo el pa¨ªs, pero data de hace ya casi 10 a?os. Ahora se trata de fijar uno que realmente se cumpla, y que est¨¦ actualizado.

En servicios sociales, uno de los principales retos es el competencial. Partidos nacionalistas han recalcado en diversas ocasiones en el Congreso que la competencia es auton¨®mica. Algo en lo que ?lvarez ha insistido este martes. Por ello, ha afirmado que ¡°la ley no decide por s¨ª sola¡±, sino que ¡°mandata a que sean las comunidades aut¨®nomas las que acuerden en un tiempo determinado¡± en el consejo territorial (donde se sientan ministerio y autonom¨ªas) a decidir el cat¨¢logo m¨ªnimo de servicios sociales en todo el territorio, que deber¨¢n garantizarse en todo el pa¨ªs, los est¨¢ndares de calidad, as¨ª como un ¡°sistema de informaci¨®n interoperable¡± que ¡°proporcione informaci¨®n en tiempo real¡±, ha se?alado ?lvarez.

La OCDE considera ¡°primordial¡± la aprobaci¨®n de una ley que no solo defina un cat¨¢logo com¨²n b¨¢sico en todo el territorio, sino que garantice la transferibilidad de los derechos entre regiones y que mejore los mecanismos de coordinaci¨®n. El organismo apunta grandes diferencias entre autonom¨ªas en cuanto a organizaci¨®n, a dotaci¨®n de personal y de financiaci¨®n, que tiene consecuencias en los servicios que se ofrecen.

Financiaci¨®n ¡°m¨ªnima¡±

La ¡°parte de la Administraci¨®n [General del Estado] en la financiaci¨®n de los servicios sociales es m¨ªnima, financiando una media del 3%-4% de los servicios sociales primarios [los que en Espa?a prestan los ayuntamientos]. En comparaci¨®n, en Francia, el 32% de los servicios sociales son cubiertos por la seguridad social nacional y el 7% por la Administraci¨®n central directamente¡±, se se?ala en el informe, titulado Modernizaci¨®n de los Servicios Sociales en Espa?a. Y hay ¡°diferencias importantes¡± entre comunidades. Si bien se admite que las estad¨ªsticas ¡°est¨¢n plagadas de dificultades para reunir todos los gastos¡± de las comunidades y hacerlos comparables¡±, la OCDE sostiene que, por ejemplo, en Baleares y en Murcia las entidades locales aportan entre 3 y 3,5 veces m¨¢s que el Gobierno regional para financiar los servicios sociales b¨¢sicos. En las dem¨¢s, el Ejecutivo auton¨®mico financia una parte mayor que las entidades locales, desde 1,3 veces m¨¢s en Cantabria hasta 32 veces m¨¢s en Extremadura.

Tambi¨¦n se analiza la dotaci¨®n de personal, tanto en servicios sociales de atenci¨®n primaria como en el conjunto del sector (que incluye a los que atienden en residencias, centros de d¨ªa, etc.). Respecto a los primeros, se lee: ¡°En muchos casos, la elevada demanda de servicios sociales suele ser atendida con recursos humanos inadecuados en cuanto a ratios de personal y tipo de profesionales¡±. ¡°Las ratios legales [que se recogen en las normativas] de personal por habitante oscilan entre [un trabajador por cada] 1.500 y 3.000 o incluso 4.000 habitantes, y ocho regiones no establecen ratios m¨ªnimas en absoluto¡±, se a?ade. La categor¨ªa profesional m¨¢s com¨²n es el de trabajadores sociales, que suelen constituir el 40%-50% de personal, pero pueden representar ¡°menos del 30%¡± en algunas regiones. Sobre los segundos, destaca que en Espa?a para cada persona que declara trabajar en el sector hay unos 90 habitantes. En Grecia, 301, pero en Noruega, 17.

Durante su intervenci¨®n, el secretario de Estado tambi¨¦n ha hecho un diagn¨®stico. ¡°Los servicios sociales son el pilar m¨¢s infradesarrollado y peor dotado del Estado de bienestar¡±, ha dicho ?lvarez, quien ha afirmado que Espa?a no est¨¢ ¡°al nivel de pa¨ªses de nuestro entorno¡±. Ha enumerado cuatro ¡°debilidades que son evidentes¡±. La primera es ¡°sist¨¦mica¡± y ¡°responde al infradesarrollo que viene de d¨¦cadas atr¨¢s¡±, algo que se ha exacerbado con la crisis de 2008 y la pandemia. La segunda, las desigualdades territoriales son ¡°muy relevantes¡±, ¡°no existe un m¨ªnimo b¨¢sico com¨²n de cartera de servicios sociales¡±. La tercera: ¡°Durante mucho tiempo en el ¨¢mbito de la Administraci¨®n General del Estado en los servicios sociales vamos a ciegas¡±. Con esto se refer¨ªa a que no existe un sistema de informaci¨®n que no solo cuantificar n¨²mero de beneficiarios, sino tambi¨¦n evaluar el impacto de las pol¨ªticas. Y en cuarto lugar, ¡°en demasiadas ocasiones est¨¢n demasiado centrados no tanto en las personas, sino en los propios servicios¡±, son ¡°excesivamente r¨ªgidos y fragmentados¡± y tienen una ¡°elevada burocracia¡±.

El secretario de Estado ha dicho que la ley permitir¨¢ ¡°sentar las bases¡± para resolverlo. ¡°Si un ciudadano usuario de servicios sociales se muda de una comunidad a otra, [que] pueda llevarse consigo los servicios adquiridos. Es incomprensible que en el siglo XXI un ni?o cambie de comunidad aut¨®noma y no tenga derecho a educaci¨®n al minuto siguiente. Ser¨ªa impensable que un ciudadano por estar de vacaciones en otra comunidad aut¨®noma no pueda ser atendido por el Sistema Nacional de Salud. ?Por qu¨¦ en servicios sociales no sucede esto?¡±, ha continuado ?lvarez. Tambi¨¦n se ha comprometido a que la ley modifique la normativa de subvenciones para que las ayudas de emergencia social no puedan ser tratadas como tal. Actualmente, hay comunidades y ayuntamientos que sortean este procedimiento, pero otras que no, y la cantidad de burocracia es tal que una ayuda peque?a (la media en 2018 eran 184) puede demorarse m¨¢s de dos meses.