El Tribunal Constitucional rechaza el recurso del PP y avala en su totalidad la ley de plazos del aborto

La ley del aborto vigente desde 2010 en Espa?a es plenamente acorde con la Constituci¨®n y, por tanto, no se va a anular ninguno de sus art¨ªculos. Es la principal consecuencia de la decisi¨®n que este jueves adopt¨® el Tribunal Constitucional al rechazar por 7 votos a 4 el proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Enrique Arnaldo, del sector conservador, al hilo del recurso presentado por el PP hace 13 a?os que ahora resulta desestimado. Arnaldo propuso al tribunal avalar, por un lado, el sistema de plazos y, por otro, anular el art¨ªculo 17.5 de la ley, por estimar insuficiente la informaci¨®n que se proporciona a la mujer que quiere abortar y c¨®mo se le suministra. La mayor¨ªa progresista consider¨® inaceptable cuestionar este aspecto de la ley, y Arnaldo renunci¨® a redactar otro proyecto de fallo que obviara esta objeci¨®n. El nuevo texto, favorable a la completa constitucionalidad de la ley, ser¨¢ redactado por la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalb¨¢n, y tiene asegurada su aprobaci¨®n cuando se vote en un pr¨®ximo pleno.

El fallo que se va a aprobar, una vez rechazada la ponencia de Arnaldo, se considera hist¨®rico en el propio tribunal, por la relevancia de la cuesti¨®n a la que se refiere y por el injustificable retraso con que se ha abordado su deliberaci¨®n y resoluci¨®n. La mayor¨ªa progresista del ¨®rgano de garant¨ªas ha querido lanzar un claro mensaje al llevar este asunto al pleno en menos de un mes desde la renovaci¨®n del tribunal, y resolvi¨¦ndolo en dos jornadas de debate, en t¨¦rminos coherentes con el nuevo proyecto de modificaci¨®n de la ley del aborto que se est¨¢ debatiendo en el Parlamento. El texto parlamentario no contempla que haya que dar un per¨ªodo de reflexi¨®n a la gestante que quiera abortar en las primeras 14 semanas del embarazo, y el proyecto de sentencia que se va a elaborar tampoco contemplar¨¢ la fijaci¨®n de un plazo con dicha finalidad. Precisamente, lo que ha rechazado el tribunal es la propuesta de Arnaldo para anular por escasa la informaci¨®n previa al aborto, con el a?adido de pretender que en el futuro se diera no solo por escrito, sino tambi¨¦n verbalmente, aunque no fuera solicitada.

Fuentes del tribunal subrayan que el nuevo proyecto de sentencia estar¨¢ terminado y se votar¨¢ en menos de un mes. Destacan, asimismo, por los t¨¦rminos en que ha discurrido la deliberaci¨®n, que lo importante del fallo es que va a dar la m¨¢xima importancia al valor de la libre determinaci¨®n de la mujer para interrumpir su embarazo, y a la plena garant¨ªa de que nada ni nadie podr¨¢ interferirse en su camino para entorpecer o retrasar su decisi¨®n. Por eso se ha rechazado la ponencia de Arnaldo, en la medida en que objetaba que la ley en vigor diera a la mujer una informaci¨®n supuestamente insuficiente, y propusiera reforzarla de forma verbal. La mayor¨ªa progresista del Constitucional no quiere que cualquier reproche de este tipo a la ley del aborto pueda traducirse en actuaciones susceptibles de suponer cualquier tipo de presi¨®n o restricci¨®n de derechos para que la gestante que haya decidido abortar.

Al hasta ahora ponente del fallo le hubiera cabido seguir en esta funci¨®n y modificar su propuesta de resoluci¨®n con los criterios de la mayor¨ªa. As¨ª se ha hecho muchas veces en el Constitucional. Pero Arnaldo ha preferido renunciar a la ponencia y que la labor de elaborar un nuevo borrador de sentencia pase a otras manos. La mayor¨ªa progresista, en el fondo, se lo ha agradecido. Dicha mayor¨ªa consider¨® muy positivo que Arnaldo avalara el sistema de plazos en su proyecto de fallo. Pero, al mismo tiempo, estima muy conveniente que se conf¨ªe a otras manos la tarea que queda por delante para extraer del borrador de sentencia las consideraciones cr¨ªticas hacia la vigente ley del aborto, y su sustituci¨®n por un texto muy garantista, redactado con perspectiva de g¨¦nero y basado en el reconocimiento de la completa autonom¨ªa de la mujer para tomar la decisi¨®n de interrumpir su embarazo y para poder llevarla a cabo sin riesgo alguno para su dignidad personal.

Votos particulares en contra

Hasta que no haya un nuevo texto y sea votado como sentencia, no podr¨¢ hablarse, en rigor, de votos particulares en contra. Pero en el tribunal se cuenta con que los habr¨¢, a tenor de la deliberaci¨®n registrada. La magistrada Concepci¨®n Espejel, que ya quiso abstenerse de tomar parte en el pleno sobre este asunto, apoy¨® la mayor parte de la ponencia de Arnaldo, pero subrayando el criterio de que el Estado deber¨ªa prestar mayor protecci¨®n al nasciturus (el concebido y a¨²n no nacido), por lo que a su juicio el art¨ªculo que regula los plazos para el aborto deber¨ªa declararse inconstitucional. Los otros dos magistrados del sector conservador, Ricardo Enr¨ªquez y C¨¦sar Tolosa, no criticaron el sistema de plazos, en l¨ªnea con la ponencia de Arnaldo. Pero al apoyarla con su voto respaldaron sus objeciones respecto a la insuficiencia de la informaci¨®n que se suministra a la gestante, y su coincidencia con que debe ampliarse el derecho a la objeci¨®n de conciencia a todos los intervinientes en los procesos de interrupci¨®n del embarazo, y no solo a los m¨¦dicos. El nuevo proyecto de sentencia, sin embargo, mantendr¨¢ dicho derecho solo en el caso de los facultativos que practiquen la intervenci¨®n.

En cuanto a la designaci¨®n de Inmaculada Montalb¨¢n como ponente de la sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad que el PP present¨® contra la ley del aborto en junio de 2010, fuentes del Constitucional destacan la trayectoria de la vicepresidenta del tribunal en defensa de la igualdad de derechos y contra la violencia de g¨¦nero. El objetivo es que el fallo que se apruebe contenga una doctrina s¨®lidamente argumentada sobre la legalidad constitucional de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo dentro de los plazos fijados por la ley, y reconocido como un derecho de la mujer y su libre determinaci¨®n.

Montalb¨¢n ya particip¨® en la elaboraci¨®n de un informe favorable a la ley cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cinco exdiputados del PP la recusaron junto al presidente del tribunal, C¨¢ndido Conde-Pumpido, y los magistrados Juan Carlos Campo y Concha Espejel. La vicepresidenta del ¨®rgano de garant¨ªas no consider¨® que su criterio favorable a la ley de plazos fuera un motivo para que pudiera prosperar su recusaci¨®n ni para que tuviera que abstenerse, criterio ratificado por el pleno del tribunal.