La huida de Macarena para no entregar a su reci¨¦n nacida a los servicios de menores: ¡°Es mi ¨²nica salida¡±

Cuando Macarena Sequera supo que estaba embarazada de su cuarta hija, se fue a los Servicios de Protecci¨®n de Menores de C¨¢diz y les hizo una pregunta a bocajarro: ¡°?Tambi¨¦n me lo vais a quitar? Porque si es que s¨ª, aborto¡±. Le aseguraron que no, as¨ª que la peque?a Macarena naci¨® el pasado 17 de diciembre en el Hospital Puerta del Mar. Pero cuando a madre e hija les dieron el alta cuatro d¨ªas despu¨¦s, Sequera recibi¨® una llamada en la que le advert¨ªan de que deb¨ªa entregar a la beb¨¦. De golpe, regresaron los demonios de aquel 25 de enero de 2019 en el que le retiraron por sorpresa la custodia de sus tres hijos anteriores, a ra¨ªz del maltrato que su anterior pareja le propin¨® a uno de ellos, adem¨¢s de a ella misma. La madre, de 32 a?os, se enfrentaba de nuevo a una resoluci¨®n de desamparo, pero esta vez opt¨® por huir. Ahora, sentada en el despacho de su abogada con la reci¨¦n nacida en brazos, asume las posibles consecuencias penales, si la encuentran: ¡°Es mi ¨²nica salida¡±.

Como los tres hijos de Macarena, Yeray, Adam y Jes¨²s ¡ªhoy con 13, 11 y 6 a?os¡ª, hab¨ªa en 2021 un total de 56.902 ni?os atendidos en los sistemas de protecci¨®n de las 17 comunidades aut¨®nomas espa?olas, un 15,72% m¨¢s que en 2020, seg¨²n los datos estad¨ªsticos recabados por el Ministerio de Derechos Sociales. M¨¢s de la mitad de los casos correspond¨ªan a lo que se conoce como tutelas ex lege, aquellas que se hacen en virtud de resoluciones de desamparo dictadas por equipos de psic¨®logos o trabajadores sociales especializados en menores, como la que le suspendi¨® la patria potestad a Sequera sobre sus hijos. La medida es de car¨¢cter administrativo e informada a la Fiscal¨ªa de Menores de la zona, pero desde una reforma legislativa de 1987 no interviene un juez, salvo que los padres la recurran en un juzgado de familia o de instrucci¨®n en un plazo de tres meses.

Justo as¨ª es como Sequera perdi¨® la tutela de sus hijos, tras una resoluci¨®n de desamparo provisional de abril de 2019 que sustentaba la retirada que los Servicios de Menores hicieron efectiva dos meses antes, en el colegio al que entonces acud¨ªan y sin notificaci¨®n previa, seg¨²n denuncia la progenitora. En el escrito, el equipo evaluador de C¨¢diz se?ala el grado grave de desprotecci¨®n de los menores, a ra¨ªz de las agresiones que la entonces pareja de la mujer propin¨® a uno de los ni?os, sumado a la ¡°sospecha¡± de maltrato que sufr¨ªa la madre, la tambi¨¦n ¡°sospecha¡± de consumo de drogas (no especificadas) y ¡°la dependencia emocional¡± de ella con su pareja de entonces. ¡°No aportan pruebas, solo sospechas, las resoluciones suelen ser as¨ª. Hay desmanes porque se producen informes dispares en los que subyace un ¡®lo tuyo no tiene arreglo¡¯. La actuaci¨®n es deficitaria para atajar los problemas dentro de la familia biol¨®gica, como marca la ley¡±, denuncia Esther Coto, abogada de Sequera.

Coto no est¨¢ sola en su cr¨ªtica. La escritora Consuelo Garc¨ªa del Cid lleva a?os denunciando el funcionamiento de estas resoluciones y la situaci¨®n de los centros de menores. En distintas zonas de Espa?a han surgido asociaciones que aglutinan a padres biol¨®gicos que piden el regreso de la justicia a los procesos desde el inicio. ¡°Es una medida administrativa que no tiene garant¨ªa constitucional porque es la privaci¨®n de la patria potestad sin garant¨ªa jur¨ªdica que luego se eterniza¡±, se?ala Judith Mart¨ªnez, portavoz de la plataforma Stop Impunidad contra el Maltrato Infantil (Simicat) de Catalu?a. De ah¨ª que Coto est¨¦ trabajando junto a los letrados Seraf¨ªn Moreno y Joaqu¨ªn Olmedo, especializados en este tipo de casos, en una acci¨®n conjunta de abogados para pedir la modificaci¨®n de la actual ley, ya modificada en junio 2021, con la entrada en vigor de la Ley Integral de Protecci¨®n a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi).

Una vez la Administraci¨®n interviene en la retirada provisional de los hijos, los padres entran en una mara?a legal torpedeada por los tiempos judiciales y los propios recursos econ¨®micos que los progenitores tengan para enfrentarse a los procesos judiciales. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le¨®n conden¨® a la Consejer¨ªa de Familia de la Junta a indemnizar con 150.000 euros a una madre y a sus dos hijas por los da?os ocasionados por una retirada de tutela en 2016, basada en ¡°apreciaciones subjetivas y juicios de valor¡± del equipo que evalu¨® el caso. En esta ocasi¨®n, tardaron un a?o en regresar con su progenitora. En otros, es a¨²n m¨¢s. La hermana de Mart¨ªnez, m¨¦dico pediatra, emple¨® nueve en conseguir recuperar la tutela de su hija y fue solo porque la peque?a lo solicit¨® cuando cumpli¨® los 12 a?os, momento en el que tiene derecho a ser o¨ªda.

A Almudena Olaguibel, especialista en pol¨ªticas de infancia de Unicef Espa?a, le consta que ¡°hay muchas quejas que no est¨¢n de acuerdo con el procedimiento¡±, aunque advierte de que los cambios como los de la Lopivi ¡°han intentado arreglar la indefensi¨®n de los padres¡±. En la pr¨¢ctica, los recursos de los progenitores, aunque son prioritarios, se topan con el posible colapso de cada juzgado en un proceso en el que el tiempo juega en su contra. ¡°La ley quiere que sea pronto, pero depende de la agenda del juzgado. No va todo lo r¨¢pido que es deseable (¡­). Tiene que ser r¨¢pido porque aqu¨ª prima el inter¨¦s del menor y puede acomodarse a la nueva familia [de acogida]. Puede pasar que, en su inter¨¦s, hay que dejarlo ya donde est¨¦. El tiempo es distinto para un ni?o que para un adulto y no puede estar esperando¡±, explica Pedro Gos¨¢lvez, fiscal de Menores de C¨¢diz, que reconoce estar de acuerdo en que ¡°no es un sistema perfecto¡±, pero que no cree que la vuelta a la tutela judicial sea la soluci¨®n por la lentitud que podr¨ªa adquirir cada proceso de retirada.

La vida de Macarena Sequera ¡ªcondenada a la precariedad de enlazar desempleos y trabajos temporales¡ª se cruz¨® con el equipo de Protecci¨®n de Menores despu¨¦s de que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de C¨¢diz pusiesen su caso en conocimiento del departamento de la Junta de Andaluc¨ªa en 2018. El suyo no es un caso aislado, muchas familias entran en el radar a partir de situaciones de vulnerabilidad econ¨®mica o pobreza. Tras perder la tutela de sus tres primeros hijos, acudi¨® a un abogado de oficio para recurrir la medida, pero el letrado nunca lo lleg¨® a hacer. Por eso, a¨²n ni siquiera ha podido batallar judicialmente por la reintegraci¨®n de sus hijos (hoy dispersos entre centros y familias de acogida), aunque ella creyese que s¨ª, hasta que Coto asumi¨® su caso. ¡°La falta de recursos la ha revictimizado. Puede que no sepa actuar o afrontar bien problemas de la vida. Pero eso no la invalida para ser madre, hay una presunci¨®n de inutilidad y de culpabilidad hacia ella¡±, denuncia Coto.

¡°Es maltrato institucional no justificado¡±

Desesperada por el nuevo informe de desamparo de su beb¨¦ ¡ªnacida de una nueva relaci¨®n con un hombre con el que ahora no convive¡ª, Sequera asegura que solo encontr¨® el camino de huir con ella. ¡°Me he tenido que esconder en otra casa¡±, confiesa. Mientras, la madre afirma que a¨²n no ha tenido acceso a la resoluci¨®n y que los Servicios de Menores han suspendido las visitas que ten¨ªa con dos de sus tres hijos, tal y como le llega a reconocer una de las responsables de los Servicios en una conversaci¨®n a la que ha tenido acceso EL PA?S. ¡°Es maltrato institucional no justificado, un chantaje porque son resoluciones distintas¡±, se?ala Coto. La abogada, que pretende recurrir la decisi¨®n administrativa cuando tenga acceso a ella, asegura adem¨¢s que la medida de retirarle a la beb¨¦ no est¨¢ justificada porque ¡°el supuesto riesgo es el pasado de la madre de hace cuatro a?os porque nadie la ha valorado actualmente¡±.

A su lado, Sequera asiente: ¡°Si ni siquiera han visto a la ni?a. Yo segu¨ª todos mis controles m¨¦dicos con el hospital. Al nacer, a la ni?a le hicieron la prueba de abstinencia [por haber sido derivada por los Servicios de Menores en el pasado al Centro Provincial de Drogodependencia de C¨¢diz] y todo estaba bien, si no, no me habr¨ªan dado el alta en el hospital¡±. La Consejer¨ªa de Inclusi¨®n Social de la Junta de Andaluc¨ªa se niega a ofrecer informaci¨®n sobre el caso por protecci¨®n de datos, pero cierra filas en torno a su forma de proceder: ¡°Cuando se declara el desamparo de un reci¨¦n nacido es porque existen indicadores suficientes y constatados de la gravedad. La evaluaci¨®n de la recuperabilidad se realiza a petici¨®n de los equipos de menores y, salvo situaciones excepcionales, se realiza en todos los casos¡±.

Macarena es consciente del tortuoso camino que le queda por delante. Cuando los Servicios de C¨¢diz pongan el caso en conocimiento de la justicia, la madre se enfrentar¨¢ a una posible condena de sustracci¨®n de menores, penada hasta con cuatro a?os de prisi¨®n y suspensi¨®n de la patria potestad hasta 10. El tiempo, ese gran enemigo para los padres biol¨®gicos en estos casos, dir¨¢. De entrada, ni la estad¨ªstica parece favorecer a la madre. De las 12.756 bajas de ni?os del sistema de protecci¨®n decretadas en Espa?a en 2021, solo el 20,7% fue por reintegraci¨®n con su familia, la mayor¨ªa (el 54,3%) ocurri¨® porque los menores llegaron a la mayor¨ªa de edad. Quiz¨¢ por eso Sequera no suelta de sus brazos ni un segundo a la peque?a Macarena en el rato que dura la entrevista, antes de volver a ocultarse en un lugar desconocido de la provincia. ¡°Peor ya no creo que acabe¡±, zanja la madre antes de marcharse.