Guerra a las pastillas abortivas en EE UU: los conservadores escalan su lucha judicial contra los derechos de las mujeres

Nuevo cap¨ªtulo en la guerra contra el aborto en Estados Unidos. Un juez federal de tendencias ultraconservadoras radicado en Texas tiene en vilo el futuro de la mifepristona en todo el pa¨ªs, una de las sustancias activas de las p¨ªldoras abortivas que ha sido legal desde hace m¨¢s de 20 a?os. El togado, Matthew Kacsmaryk, ha escuchado este mi¨¦rcoles los argumentos de quienes iniciaron esta batalla judicial, un grupo cat¨®lico que pide a las autoridades federales retirar la aprobaci¨®n para el uso de la sustancia, cuya utilizaci¨®n ha ido en aumento desde que el Supremo declar¨® ilegal el aborto el verano pasado. El argumento del bloque conservador, la Alliance for Defending (la Alianza para la Defensa de la Libertad, un grupo cat¨®lico), es que los Estados deben encargarse de vigilar el consumo del ingrediente activo y que este respete las legislaciones sobre la interrupci¨®n del embarazo.

Kacsmaryk ha aumentado el misterio. El juez no ha comunicado ninguna decisi¨®n sobre el caso esta tarde, pero ha prometido una decisi¨®n ¡°lo m¨¢s pronto posible¡±. Si su fallo da la raz¨®n a la alianza, el acceso de las mujeres a la pastilla se dificultar¨ªa a nivel nacional, una muestra m¨¢s de que las opciones para abortar se van cerrando incluso en las entidades que permiten el procedimiento. La mifepristona, usada en casi la mitad de los abortos que hay en el pa¨ªs, es el primero de dos medicamentos necesarios en los tratamientos con pastillas (Mifeprex y Cycotec, que tiene misoprostol). Los laboratorios Danco, los fabricantes de la sustancia activa, se han sumado a la Administraci¨®n de Alimentos y Medicamentos (FDA), que lucha por mantener la oferta de la medicina. El magistrado Kacsmaryk ha dado este martes dos horas a cada una de las partes para exponer sus argumentos.

El caso es de suma urgencia para las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. Estas, dentro de las que se encuentran Planned Parenthood, han calificado el proceso de ¡°fraudulento¡±. La alianza conservadora no present¨® su demanda contra la FDA en Maryland, donde est¨¢ ubicada la agencia gubernamental. Lo hizo en el condado de Amarillo, Texas, donde el juez Kacsmaryk recibe el 95% de las causas judiciales. El togado lleg¨® en 2019 al distrito judicial y fue nombrado por Donald Trump. Antes de ser un juez federal, trabaj¨® como abogado para el Instituto Primera Libertad, un bufete de abogados que litiga casos relacionados con la religi¨®n, de acuerdo a The Texas Tribune. Desde all¨ª, inici¨® varias demandas destinadas a defender la vida desde su concepci¨®n y a evitar que los servicios de salud pagaran por medicamentos para el control del embarazo. Su opini¨®n jur¨ªdica ha sido muy recurrida por el bando republicano.

El Departamento de Justicia ha se?alado que apelar¨¢ si el juez Kacsmaryk da la raz¨®n al bloque conservador, lo que comenzar¨ªa un largo camino judicial que nuevamente puede quedar en manos de la mayor¨ªa ultraconservadora del Supremo. Este mi¨¦rcoles, el togado reserv¨® algunas de las preguntas m¨¢s duras a la alianza. El abogado de esta, Erik Baptist, reconoci¨® que no existe un precedente judicial que haya acabado con la circulaci¨®n de un medicamento que ha sido aprobado por el regulador farmac¨¦utico. Pero el juez tambi¨¦n escuch¨® c¨®mo el letrado asegur¨® que la sustancia ha resultado peligrosa para algunas pacientes (seg¨²n se dijo en la demanda que inici¨® la controversia). La FDA no est¨¢ de acuerdo. M¨¢s de 3,7 millones de mujeres la han utilizado desde que se permiti¨® su uso, en el 2000. Desde entonces, la agencia ha recibido solo 26 informes de muertes de pacientes. Dos ten¨ªan un embarazo ect¨®pico (fuera del ¨²tero), en cuya situaci¨®n se desaconseja el empleo del medicamento.

En enero, la FDA public¨® un cambio normativo que permiti¨® a las farmacias minoristas ofrecer p¨ªldoras abortivas. El regulador public¨® en su p¨¢gina web las nuevas directrices, pero no se emiti¨® ning¨²n comunicado p¨²blico para evitar que el anuncio sirviera de munici¨®n para agitar la polarizaci¨®n en torno al tema. El costo del tratamiento var¨ªa de acuerdo al Estado, pero puede ascender a unos 500 d¨®lares, que pueden ser cubiertos por algunos seguros. Un mes antes, en diciembre, el organismo hizo otra modificaci¨®n de gran calado: elimin¨® el requisito de que las mujeres recogieran la prescripci¨®n en persona. En cambio, las pastillas podr¨ªan ser recibidas por correo despu¨¦s de una consulta m¨¦dica en l¨ªnea. Este era uno de los reclamos que hac¨ªan las organizaciones en favor del derecho a decidir de las mujeres.

La batalla por la mifepristona ha energizado a ambos bandos, no solo a la derecha. Hace unos d¨ªas, el ingrediente activo gener¨® titulares en California, un Estado santuario para los derechos de las mujeres. El gobernador Gavin Newsom anunci¨® que su Gobierno no renovar¨ªa un contrato de m¨¢s de 50 millones de d¨®lares con Walgreens, una de las principales cadenas de farmacias en Estados Unidos. El motivo fue el anuncio de la compa?¨ªa de que dejar¨ªa de ofrecer la mifepristona en 21 Estados, incluso en algunos donde el aborto sigue siendo legal. ¡°California no permitir¨¢ que las empresas cedan ante los extremistas y minen un acceso cr¨ªtico a la salud reproductiva y a la libertad¡±, afirm¨® el gobernador. El acuerdo que rompi¨® Newsom daba a las autoridades locales acceso a medicinas de prescripci¨®n utilizadas principalmente en las c¨¢rceles del Estado.