El Supremo de Estados Unidos mantiene de momento el acceso a la p¨ªldora abortiva mifepristona

El Tribunal Supremo dio este viernes un respiro al movimiento en favor del aborto en Estados Unidos. Los mismos nueve jueces que en junio pasado derogaron la protecci¨®n federal de ese derecho con una sentencia que tumb¨® el precedente de medio siglo sentado por el fallo Roe contra Wade (1973) quitaron a ¨²ltima hora de la tarde la raz¨®n a un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans. Sus magistrados hab¨ªan fijado restricciones para la administraci¨®n de la mifepristona mientras revisaban la decisi¨®n de un juez federal ultraconservador de Texas que prohibi¨® hace un par de semanas el popular medicamento. La mifepristona concursa en alrededor de la mitad de las interrupciones de embarazos que se registran en el pa¨ªs, y el alto tribunal ha decidido garantizar su pleno acceso mientras contin¨²a la batalla legal.

La decisi¨®n del Supremo, que atend¨ªa a una reclamaci¨®n del Departamento de Justicia y de los laboratorios Danco, fabricantes con sede en Nueva York de Mifeprex, su comercializaci¨®n m¨¢s popular, se sald¨® con siete votos a favor y dos en contra. Eso implica que todo sigue como estaba: al menos hasta que se decida sobre el fondo del asunto, la mifepristona es legal hasta las primeras 10 semanas del embarazo, y no, como pretend¨ªa el tribunal intermedio, solo hasta la s¨¦ptima. Tambi¨¦n podr¨¢ obtenerse sin una visita previa al m¨¦dico y a vuelta de correo.

El dictamen, de cuatro p¨¢ginas, lleg¨® algo m¨¢s de cinco horas antes del l¨ªmite de la medianoche que los magistrados se hab¨ªan dado el mi¨¦rcoles pasado. Era el segundo aplazamiento, y cupo interpretarlo como un s¨ªntoma de la divisi¨®n que sobre este asunto reina en el seno del Supremo, que, tras los tres nombramientos que alcanz¨® a hacer el expresidente Donald Trump durante su ¨²nica legislatura, tiene una supermayor¨ªa, in¨¦dita en ocho d¨¦cadas, de seis jueces conservadores frente a tres progresistas.

Los dos magistrados que disintieron en esta ocasi¨®n son Clarence Thomas, que estos d¨ªas vive acosado por la turbia sombra de la corrupci¨®n y prefiri¨® no exponer sus motivos, y Samuel Alito. La opini¨®n de este se lleva casi todo el espacio del documento y en su argumentaci¨®n hace propios algunas de las razones de los demandantes en Texas.

La decisi¨®n pone fin a dos semanas de incertidumbre, l¨ªos judiciales e inseguridad jur¨ªdica. Todo empez¨® el 7 de abril, cuando un juez de Texas llamado Matthew Kacsmaryk, magistrado federal conservador tambi¨¦n designado por Trump, orden¨® en la ciudad de Amarillo prohibir con efectos para todo el pa¨ªs la mifepristona, al dar la la raz¨®n a un grupo antiabortista de reciente creaci¨®n, Alianza por una Medicina Hipocr¨¢tica, en su denuncia a la agencia del medicamento estadounidense (FDA son sus siglas en ingl¨¦s).

Ese grupo considera que la FDA aprob¨® sin las suficientes garant¨ªas m¨¦dicas hace 23 a?os el uso del f¨¢rmaco, que suele combinarse con otra p¨ªldora, el misoprostol. La primera detiene la producci¨®n de progesterona e interrumpe el embarazo, mientras que la segunda sirve para evacuar el ¨²tero de la paciente. En estas dos d¨¦cadas, un centenar de estudios cient¨ªficos han concluido que esos f¨¢rmacos son seguros, y que no tienen contraindicaciones m¨¢s graves que otros medicamentos de uso extendido. Seg¨²n la FDA, 5,2 millones de mujeres los han usado en este tiempo.

Medidas cautelares

El mismo d¨ªa del fallo de Texas, se hizo p¨²blica en la otra punta del pa¨ªs la decisi¨®n contradictoria de un juez del estado de Washington, que ordenaba que se mantuviera el acceso a la mifepristona en los 17 estados cuyos fiscales generales dem¨®cratas, temi¨¦ndose lo peor, hab¨ªan presentado una demanda preventiva. La coincidencia de ambas resoluciones sembr¨® una considerable confusi¨®n entre m¨¦dicos, pacientes, empresas farmac¨¦uticas y activistas a favor y en contra del aborto.

En su sentencia, que al ser de un juez federal tiene efecto en todo Estados Unidos ¨Dtambi¨¦n en los estados que protegen el derecho al aborto¨D, Kacsmaryk daba un plazo de siete d¨ªas hasta su entrada en vigor. Ese plazo lo aprovech¨® el Departamento de Justicia, que recurri¨® el fallo, y as¨ª el asunto aterriz¨® ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que tiene sede en Nueva Orleans y potestad sobre Texas, Luisiana y Misisipi. Sus magistrados plantearon tres restricciones mientras estudiaban el caso. Y el Departamento de Justicia y la farmac¨¦utica impugnaron la semana pasada esas medidas cautelares ante el Supremo.

La primera de esas cortapisas era una cuesti¨®n de tiempo. Cuando la FDA aprob¨® su uso en 2000 se fij¨® en siete semanas el plazo para la administraci¨®n de la p¨ªldora abortiva. En 2016, bas¨¢ndose en evidencias cient¨ªficas, decidieron ampliarlo hasta las 10 semanas.

Las otras dos buscaban revertir la decisi¨®n con la que la Administraci¨®n de Joe Biden convirti¨® en 2021 en permanentes medidas temporales adoptadas durante la pandemia, tiempo en el que las visitas innecesarias al m¨¦dico quedaron en suspenso. Tras ese cambio, era posible recibir la mifepristona por correo y sin tener que verse con un facultativo. Lo contrario supon¨ªa en la pr¨¢ctica un obst¨¢culo para muchas mujeres en un pa¨ªs en el que es com¨²n que en los trabajos, sobre todo los peor pagados, no concedan permiso por motivos m¨¦dicos, o que si se conceden sea a costa del sueldo.

No es solo eso. Tras la decisi¨®n que tumb¨® Roe contra Wade, el Supremo devolvi¨® la potestad para legislar sobre el tema a los estados (con la idea de, como escribi¨® Alito, redactor de la sentencia, ¡°regresarla al pueblo y a sus representantes electos¡±). Al menos 18 lo han prohibido o restringido severamente. Y en algunos, lo han convertido en un delito que acarrea penas de c¨¢rcel, de modo que obligar a las pacientes a una visita al m¨¦dico puede acabar siendo una prueba incriminatoria en un juicio penal.

Este pen¨²ltimo episodio de las guerras del aborto demuestra que los sectores m¨¢s conservadores, que llevan d¨¦cadas peleando en los juzgados, influyendo en los nombramientos del Supremo y manejando sus hilos en los pasillos del Capitolio para lograr sus objetivos, no quedaron del todo satisfechos con el triunfo que supuso tumbar Roe contra Wade. La demanda de Texas es un buen ejemplo de que su cruzada regresiva no ha terminado, y que ahora se centra en los medicamentos abortivos.

Para lograr sus objetivos, esta vez recurrieron conscientemente a Kacsmaryk, juez que proviene del activismo conservador cristiano. Su elecci¨®n para el Distrito Norte de Texas se top¨® en 2019 con la oposici¨®n de importantes asociaciones en defensa de los derechos civiles, y de senadores republicanos como Susan Collins (Maine). Durante su confirmaci¨®n en el Congreso, Collins puso objeciones a su historial, que, dijo, demuestra ¡°un prejuicio alarmante contra los colectivos LGTBI, as¨ª como desprecio por los precedentes del Supremo¡±. En su jurisdicci¨®n, Kacsmaryk se ocupa del 95% de los casos, y los demandantes buscaban claramente un perfil favorable a sus aspiraciones. Esa pr¨¢ctica en ingl¨¦s se conoce como court shopping, algo as¨ª como ir de compras en busca del juez que m¨¢s conviene.

La peque?a trampa desde dentro del sistema puede en este caso tener una enorme trascendencia jur¨ªdica. Si prevaleciera la sentencia del juez de Texas, abrir¨ªa la puerta a impugnar, por la v¨ªa del precedente, la aprobaci¨®n de otros medicamentos por parte de la FDA, lo que contribuir¨ªa a la inseguridad de los pacientes. Cabe inscribir adem¨¢s la jugada en los intentos del movimiento conservador estadounidense de minar el funcionamiento de las agencias federales, ya sea la del medicamento, como en este caso, el FBI o la EPA, que vela por la protecci¨®n del medioambiente.

Tal vez por eso, el presidente Joe Biden expres¨® poco despu¨¦s de que saltara la noticia su respaldo a la FDA. ¡°Mi Administraci¨®n¡±, dijo en un comunicado, ¡°continuar¨¢ defendiendo su autoridad independiente y experta para revisar, aprobar y regular una amplia gama de f¨¢rmacos recetados¡±.

Alexis McGill Johnson, presidenta y directora de Planned Parenthood Federation of America, que gestiona la mayor red de cl¨ªnicas abortivas del pa¨ªs, declar¨® por su parte: ¡°Sentimos alivio porque el acceso a la mifepristona siga protegido mientras contin¨²a este caso, que carece de fundamento. Podemos tomarnos un respiro, pero sin perder la vigilancia. Los pol¨ªticos antiaborto y sus aliados no se detendr¨¢n hasta prohibir el aborto en todo el pa¨ªs. El aborto con medicamentos sigue estando bajo amenaza¡±.

Este viernes, su organizaci¨®n gan¨® una batalla, pero la guerra contin¨²a en un tribunal de Nueva Orleans. Y no cabe descartar que en pr¨®ximas escaramuzas el caso acabe de nuevo en el Supremo.