Coto a la derivaci¨®n de abortos: el Constitucional abre la puerta a indemnizar a las mujeres que no reciban asistencia en su comunidad

Cada a?o, miles de mujeres tienen que viajar fuera de su provincia para abortar. En 2021, fueron al menos 4.154 las que se sometieron a una interrupci¨®n voluntaria del embarazo (IVE) y viv¨ªan en una de las 12 provincias (adem¨¢s de Ceuta y Melilla) donde no se practicaba, seg¨²n el ¨²ltimo informe del Ministerio de Sanidad. Lo que no se sabe es ad¨®nde tuvieron que ir, algo que no recogen las estad¨ªsticas del Gobierno. Para las que se ven obligadas a viajar a otra comunidad, el Tribunal Co...

Cada a?o, miles de mujeres tienen que viajar fuera de su provincia para abortar. En 2021, fueron al menos 4.154 las que se sometieron a una interrupci¨®n voluntaria del embarazo (IVE) y viv¨ªan en una de las 12 provincias (adem¨¢s de Ceuta y Melilla) donde no se practicaba, seg¨²n el ¨²ltimo informe del Ministerio de Sanidad. Lo que no se sabe es ad¨®nde tuvieron que ir, algo que no recogen las estad¨ªsticas del Gobierno. Para las que se ven obligadas a viajar a otra comunidad, el Tribunal Constitucional (TC) acaba de abrir una puerta para que reciban una indemnizaci¨®n.

En una reciente sentencia, el TC ha obligado a Murcia a indemnizar a una mujer que para abortar tuvo que viajar desde esa comunidad aut¨®noma, donde reside, hasta Madrid. Seg¨²n el Servicio Murciano de Salud, porque no hab¨ªa m¨¦dicos dispuestos a practicar el aborto en sus centros asistenciales.

Esto choca con la ley vigente cuando se interrumpi¨® su embarazo (la de 2010), que rezaba: ¡°Corresponder¨¢ a las autoridades sanitarias competentes garantizar la prestaci¨®n contenida en la red sanitaria p¨²blica, o vinculada a la misma, en la comunidad aut¨®noma de residencia de la mujer embarazada, siempre que as¨ª lo solicite la embarazada¡±.

As¨ª, el Constitucional argumenta ahora que esa garant¨ªa trata de salvaguardar ¡°que la mujer que va a interrumpir el embarazo, que se encuentra en una situaci¨®n de vulnerabilidad f¨ªsica y emocional, no salga de su entorno habitual y pueda contar con los apoyos de sus allegados para hacer frente a esta dif¨ªcil situaci¨®n del modo menos traum¨¢tico posible¡±. Y por eso considera que el sistema murciano ¡°ha vulnerado su derecho a la interrupci¨®n del embarazo, que forma parte de su derecho fundamental a la integridad f¨ªsica y moral¡±.

Desde Women¡¯s Link Worldwide, la organizaci¨®n que ha acompa?ado a esa mujer en ese proceso que empez¨® en 2015, recuerdan que ¡°durante casi cuatro semanas¡±, el servicio murciano de salud le neg¨® a la mujer ¡°informaci¨®n sobre la inviabilidad que ten¨ªa el feto para sobrevivir fuera del ¨²tero¡±. Por eso, Estefanny Molina Mart¨ªnez, abogada de Women¡¯s Link, asegura que ¡°esta decisi¨®n sienta un precedente muy importante para la garant¨ªa del acceso al aborto legal, seguro y digno, porque lo conecta con el derecho a la informaci¨®n¡±. Y subrayan el ¡°derecho a recibir informaci¨®n clara y oportuna sobre sus embarazos para que puedan tomar decisiones libres e informadas, lo que incluye el aborto si as¨ª lo desean¡±.

Para Gema Fern¨¢ndez, otra de las letradas de esa organizaci¨®n, con este fallo ¡°el Tribunal Constitucional env¨ªa un importante mensaje a los gobiernos antidemocr¨¢ticos y a los grupos antiderechos que impulsan leyes e iniciativas para obstaculizar el acceso al aborto. Esta sentencia muestra la conexi¨®n del acceso al aborto con derechos protegidos constitucionalmente que amparan a quienes necesitan este servicio de salud¡±.

Un servicio que, a pesar de haber sido despenalizado hace casi 40 a?os, en 1985, nunca se ha desarrollado dentro del sistema p¨²blico. Las autonom¨ªas nunca han desplegado las medidas necesarias para que los abortos puedan darse en la red p¨²blica y, desde entonces, han sido mayoritariamente las cl¨ªnicas acreditadas las que han garantizado este derecho mediante conciertos. Hay 210 de estos centros en Espa?a y, seg¨²n el ¨²ltimo informe del Ministerio de Sanidad, se ocuparon de 76.064 de las 90.189 IVE que se notificaron en 2021, casi el 85%.

La gran mayor¨ªa (82.056) est¨¢n catalogados como ¡°a petici¨®n de la mujer¡±, que se realizan porque expresa su deseo de interrumpir el embarazo. El resto se podr¨ªan etiquetar por motivos m¨¦dicos, que engloban los que se producen cuando hay un grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, riesgo de graves anomal¨ªas en el feto, anomal¨ªas fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

Reforma legal

Entre los objetivos de la reforma de la ley que aprob¨® el Gobierno el pasado febrero est¨¢ garantizar el derecho a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo en la red p¨²blica y lo m¨¢s cerca del lugar donde residan las mujeres. Por eso, el Ministerio de Igualdad insisti¨® desde el primer momento de la importancia de la cercan¨ªa en el acceso a este servicio.

Sin embargo, el texto que se manej¨® en el borrador de esa reforma para garantizar el acceso en el sistema p¨²blico ¡ª¡±que se lleve a cabo en centro sanitario p¨²blico o, excepcionalmente, en un centro privado acreditado¡±¡ª, qued¨® finalmente as¨ª: ¡°Que se lleve a cabo en centro sanitario p¨²blico o en un centro privado acreditado¡±. No se fij¨® ninguna prioridad de la red p¨²blica m¨¢s all¨¢ de estar en primer lugar en el articulado; lo que s¨ª qued¨® establecido fue el requisito de la proximidad.

Se hizo en el art¨ªculo 6 f: ¡°La implementaci¨®n y fortalecimiento de servicios p¨²blicos de proximidad y en todos los niveles de la atenci¨®n sanitaria, especializados en salud sexual y conformados por equipos multidisciplinares¡±. Y en el 18, sobre la garant¨ªa de acceso a la prestaci¨®n: ¡°Las usuarias del Sistema Nacional de Salud tendr¨¢n acceso a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad efectiva. Las administraciones sanitarias que no puedan ofrecer dicho procedimiento en su ¨¢mbito geogr¨¢fico remitir¨¢n a las usuarias al centro o servicio autorizado para este procedimiento, en las mejores condiciones de proximidad de su domicilio, garantizando la accesibilidad y calidad de la intervenci¨®n y la seguridad de las usuarias¡±.

No es algo nuevo. Desde hace d¨¦cadas, las instituciones son conscientes de que cada a?o miles de mujeres tienen que desplazarse para poder interrumpir su embarazo cuando es de forma voluntaria. Ya en 2008, un informe del Grupo de Inter¨¦s Espa?ol en Poblaci¨®n, Desarrollo y Salud Reproductiva, hablaba de ¡°que las mujeres que deciden abortan suelen querer hacerlo de la manera m¨¢s r¨¢pida posible¡±, y que ¡°la escasa respuesta del sistema p¨²blico ante la demanda de aborto conlleva un conjunto de factores cuyos efectos recaen sobre las mujeres y su entorno m¨¢s cercano¡±.

Matizaban tambi¨¦n una cuesti¨®n. Que ¡°existen tambi¨¦n casos en que un peque?o porcentaje del ¡°lote¡± de una provincia se adjudica a los centros acreditados concertados de otra¡±. Es decir, que hay autonom¨ªas que establecen acuerdos con cl¨ªnicas de otras ¡°con el objetivo, por un lado, de dar respuesta a las poblaciones fronterizas, que pueden estar situadas m¨¢s cerca de la capital de otra provincia (por ejemplo, la zona norte de C¨¢diz, situada m¨¢s cerca de Sevilla, o los pueblos de Granada m¨¢s pr¨®ximos a M¨¢laga) y por otro, permitir que aquellas mujeres que por razones de intimidad prefieren no abortar en el centro concertado de su ciudad puedan trasladarse a otro lugar¡±.

Y otros informes, como el del Comit¨¦ de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, de 2018, se?al¨® tambi¨¦n la inequidad territorial e instaba a Espa?a a garantizar ¡°en la pr¨¢ctica la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para todas las mujeres y adolescentes, prestando la debida a atenci¨®n a las disparidades existentes entre las diferentes comunidades aut¨®nomas¡±, que relacionaban con la objeci¨®n de conciencia de los m¨¦dicos del sistema p¨²blico, por lo que tambi¨¦n propon¨ªa que se estableciera ¡°un mecanismo apropiado para asegurar que en la pr¨¢ctica el ejercicio de la objeci¨®n de conciencia no sea un obst¨¢culo¡±.

Con el esp¨ªritu de la nueva ley, en cualquier caso, no deber¨ªa ocurrir ninguna de las cuestiones anteriores. Sin embargo, son las autonom¨ªas quienes ostentan las competencias en sanidad, por lo que la norma obliga a que estas reorganicen sus recursos para hacerlo posible. Pero a¨²n no ha sucedido. En mayo, ante la inacci¨®n de los territorios tras tres meses con la nueva ley en vigor, el Ministerio de Igualdad envi¨® una carta a todas las autonom¨ªas ¡°para que estas garanticen que se lleven a cabo urgentemente todas las medidas relacionadas con la IVE con las que cuenta la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo¡±.