Igualdad env¨ªa una carta a las autonom¨ªas para que activen ¡°urgentemente¡± las medidas aprobadas en la reforma de la ley del aborto

La reforma de la ley del aborto se aprob¨® el pasado 16 de febrero. Entre sus objetivos estaba la devoluci¨®n de la capacidad de decidir sin autorizaci¨®n de padres y madres a las menores de 16 y 17 a?os ¡ªque el PP hab¨ªa retirado en 2015¡ª, y tambi¨¦n garantizar el derecho a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo (IVE) en los hospitales p¨²blicos y que todas las mujeres puedan hacerlo lo m¨¢s cerca de su casa posible. Pero, con las competencias en sanidad en manos de las comunidades aut¨®nomas, la norma obliga a que estas reorganicen sus recursos para que eso sea posible. Y eso a¨²n no ha sucedido. Ahora, el Ministerio de Igualdad ha enviado una carta a todas las autonom¨ªas ¡°para que estas garanticen que se lleven a cabo urgentemente todas las medidas relacionadas con la IVE con las que cuenta la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo¡±.

En Espa?a, a pesar de que el aborto es un derecho desde hace d¨¦cadas y de que ya la anterior legislaci¨®n contemplaba que las IVE se dieran en la sanidad p¨²blica, tambi¨¦n se alud¨ªa a las cl¨ªnicas acreditadas. Y la inmensa mayor¨ªa se practicaban en esos centros: de las 90.189 que se notificaron en 2021, 76.064 fueron en centros privados, el 84,3%, seg¨²n el ¨²ltimo informe del Ministerio de Sanidad.

?Por qu¨¦? Porque desde que se despenaliz¨® el aborto, en 1985, el sistema p¨²blico no ha reestructurado sus servicios para poder hacerlo y desde entonces, las mujeres que acuden a su centro de salud o al hospital para acceder a este derecho han sido derivadas a estas cl¨ªnicas privadas, en las que no pagan a no ser que acudan directamente, sin haber pasado antes por el sistema p¨²blico, ya que es una prestaci¨®n gratuita, financiada por el Estado. Aun as¨ª, hay a¨²n mujeres que s¨ª pagan por ese servicio.

Ocurre cuando se va directamente a una de estas cl¨ªnicas acreditadas, sin haber pasado antes por el centro de salud o el hospital. En esos casos, el coste medio ronda los 400 euros, pero var¨ªa seg¨²n el territorio, el centro, la semana de embarazo y las circunstancias espec¨ªficas de cada aborto; puede ir desde menos de 200 euros por un aborto farmacol¨®gico (con pastillas) a superar los 1.000. Y los motivos pueden ser m¨²ltiples, desde no poder o no querer esperar, a la privacidad que a veces se decide mantener en torno a este tema, todav¨ªa un tab¨² y un estigma en muchos lugares.

En Madrid, los hospitales p¨²blicos se ocupan del 0,7% de las interrupciones voluntarias del embarazo, el pasado a?o, dos de 15.188; en Castilla y Le¨®n, el sistema p¨²blico solo se hizo cargo de 60 abortos, de los 2.597 que notificaron; Castilla-La Mancha, uno de 3.203; Andaluc¨ªa, 10 de 17.487; Comunidad Valenciana, seis de 8.013; Extremadura, ninguno de 1.284... Y as¨ª todas y cada una de las autonom¨ªas.

Para que eso cambie, como establece la reforma de la ley, es necesaria una reestructuraci¨®n del sistema sanitario. Jefes de servicio de Ginecolog¨ªa y expertos en el sector explicaron el a?o pasado a este diario que los centros p¨²blicos no est¨¢n preparados para asumir las m¨¢s de 70.000 interrupciones voluntarias del embarazo que se realizan cada a?o en cl¨ªnicas privadas (generalmente concertadas), ya sea por falta de recursos, de formaci¨®n o de m¨¦dicos dispuestos a hacerlo, que es un obst¨¢culo que se encuentra en la mayor¨ªa de centros: los profesionales objetores de conciencia.

Igualdad, con las cartas enviadas, ¡°insta¡± a las autonom¨ªas a que empiecen a dar los pasos necesarios para reorganizar su red p¨²blica, y se?ala de forma concreta la cuesti¨®n de los profesionales: ¡°Que todas las comunidades aut¨®nomas den los pasos necesarios para garantizar que haya m¨¦dicos y m¨¦dicas no objetores en todos los hospitales p¨²blicos, incluyendo si es necesario la contrataci¨®n de m¨¦dicos y m¨¦dicas¡±, y apunta que la ley ¡°es clara en ese aspecto y plantea la creaci¨®n de registros de objetores en cada comunidad aut¨®noma para as¨ª garantizar el acceso de las mujeres a su derecho al aborto, respetando siempre el derecho de los m¨¦dicos y m¨¦dicas a la objeci¨®n de conciencia¡±.