El Constitucional obliga a Murcia a indemnizar a una mujer a la que se desvi¨® a otra comunidad para abortar

El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia por la que impone a la comunidad aut¨®noma de Murcia el deber de indemnizar a una mujer a la que deneg¨® la prestaci¨®n sanitaria de interrupci¨®n voluntaria del embarazo con el argumento de que no hab¨ªa m¨¦dicos dispuestos a practicar el aborto en sus centros asistenciales. Es la primera vez que el ¨®rgano de garant¨ªas considera que dicha denegaci¨®n supone una vulneraci¨®n de los derechos fundamentales de la mujer que pide la mencionada prestaci¨®n. En este caso concreto, la solicitante fue desviada hacia un centro privado en Madrid.

La sentencia se ha aprobado por unanimidad en la Sala Primera del Constitucional, compuesta por cinco magistrados. Dos de ellos, Ricardo Enr¨ªquez y Concepci¨®n Espejel, ambos del sector conservador, han apoyado la resoluci¨®n, pero anunciando un voto concurrente, que no implica discrepancia con lo acordado, pero s¨ª una argumentaci¨®n propia. Los dos magistrados expondr¨¢n en su texto alternativo que la recurrente tiene derecho a ser indemnizada, pero reiterar¨¢n sus objeciones de fondo al fallo sobre la ley del aborto de 2010, que ya expusieron cuando se discuti¨® esta resoluci¨®n, entre febrero y mayo.

La cuant¨ªa de la indemnizaci¨®n deber¨¢ ser establecida por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la ¨²ltima instancia que se pronunci¨® en contra de la misma. La mujer recurri¨® despu¨¦s al Supremo, pero este no admiti¨® a tr¨¢mite el recurso de casaci¨®n.

Lo m¨¢s relevante de esta sentencia, en cualquier caso, es que fija una doctrina muy clara en cuanto a los derechos de la mujer que acuda a la sanidad p¨²blica para interrumpir su embarazo durante las 14 primeras semanas de gestaci¨®n. Lo que subraya el Constitucional es que debe ser siempre atendida, salvo en situaciones muy excepcionales que en modo alguno se dieron en el caso ocurrido en la comunidad murciana.

La sentencia del ¨®rgano de garant¨ªas ¨Dde la que ha sido ponente el presidente del tribunal, C¨¢ndido Conde-Pumpido¨D ha estimado el recurso de amparo presentado al considerar que el Servicio Murciano de Salud vulner¨® el derecho de configuraci¨®n legal de la recurrente a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo por haberla derivado a un centro sanitario de Madrid. El fallo subraya que la remiti¨®, en definitiva, a una comunidad aut¨®noma ¡°distinta de su residencia habitual¡±. El tribunal razona que el derecho al aborto ¡°forma parte¡± del derecho de la mujer ¡°a la integridad f¨ªsica y moral¡±, y en este punto cita la propia sentencia del Constitucional que as¨ª lo proclam¨® al considerar ajustada a la Constituci¨®n la ley del aborto de 2010, rechazando el recurso que el PP present¨® ese mismo a?o.

El fallo de los tribunales de lo contencioso, recurrido en amparo, consider¨® que la decisi¨®n del Servicio Murciano de Salud se encontraba justificada porque ning¨²n facultativo de la Regi¨®n de Murcia se hab¨ªa mostrado dispuesto a practicar abortos. El Constitucional, por el contrario, entiende que esta circunstancia no puede eximir a los facultativos de la sanidad p¨²blica murciana o de los centros vinculados a ella de practicar la interrupci¨®n voluntaria del embarazo en los casos legalmente previstos.

La sentencia sostiene que tal exenci¨®n solo hubiera sido posible si todos estos profesionales hubieran ejercido su derecho a la objeci¨®n de conciencia conforme establece la ley, que exige que se ejerza individualmente, de forma anticipada y por escrito, ¡°lo que en el caso enjuiciado no qued¨® acreditado¡±. El tribunal establece que la previsi¨®n legal que garantiza que la interrupci¨®n del embarazo ha de efectuarse en los centros de la red sanitaria p¨²blica de la propia comunidad aut¨®noma, salvo en los supuestos excepcionales en los que el servicio p¨²blico de salud no la pueda facilitar por una objeci¨®n de conciencia generalizada, constituye una garant¨ªa de que la interrupci¨®n del embarazo se efect¨²a conforme a las exigencias constitucionales.

El Constitucional razona que dicha garant¨ªa trata de salvaguardar ¡°que la mujer que va a interrumpir el embarazo, que se encuentra en una situaci¨®n de vulnerabilidad f¨ªsica y emocional, no salga de su entorno habitual y pueda contar con los apoyos de sus allegados para hacer frente a esta dif¨ªcil situaci¨®n del modo menos traum¨¢tico posible¡±. Por ello, considera que el Servicio Murciano de Salud, al derivar a la recurrente a un centro sanitario privado de Madrid para practicar la interrupci¨®n del embarazo sin haber aducido ning¨²n motivo excepcional que justificara que no pudieran facilitarle en tiempo la prestaci¨®n, ¡°ha vulnerado su derecho a la interrupci¨®n del embarazo que forma parte de su derecho fundamental a la integridad f¨ªsica y moral¡±.