La sanidad p¨²blica deber¨¢ reforzarse para asumir los 74.000 abortos que ahora deriva a la privada

La nueva ley del aborto que prepara el Gobierno obligar¨¢ a una reestructuraci¨®n del sistema sanitario. Como aseguran jefes de servicio de Ginecolog¨ªa y expertos en el sector, hoy por hoy, los centros p¨²blicos no est¨¢n preparados para asumir ¡ªtal y como establece el nuevo texto¡ª las m¨¢s de 74.000 interrupciones voluntarias del embarazo que se realizan cada a?o en cl¨ªnicas privadas (generalmente concertadas), ya sea por falta de recursos, de formaci¨®n o de m¨¦dicos dispuestos a hacerlo.

Hay una frase que obliga a esta transformaci¨®n, si se mantiene el borrador que prepara el Ministerio de Igualdad y al que ha tenido acceso EL PA?S. Pone como requisito que el aborto ¡°se lleve a cabo en centro sanitario p¨²blico o, excepcionalmente, en un centro privado acreditado¡±. Esto cambia el paradigma actual, que establec¨ªa lo siguiente: ¡°La prestaci¨®n sanitaria de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo se realizar¨¢ en centros de la red sanitaria p¨²blica o vinculados a la misma [concertados]¡±.

Hasta ahora, los abortos practicados en centros privados (concertados) no son la excepci¨®n, sino la regla. Seg¨²n los ¨²ltimos datos del Ministerio de Sanidad, de 2020, el 84,5% de las 88.269 interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros no p¨²blicos.

Seg¨²n este informe, cuatro comunidades aut¨®nomas (Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia) no notificaron ni un solo aborto en centros p¨²blicos, si bien este peri¨®dico ha constatado que hay hospitales en los que se han efectuado y que no aparecen recogidos en la estad¨ªstica.

El esp¨ªritu de la nueva norma, tal y como recoge en su pre¨¢mbulo, es allanar el camino a las mujeres que tienen dificultades para ejercer este derecho y acabar con esta inequidad territorial. Tambi¨¦n va en la l¨ªnea de lo que explicita la Ley General de Sanidad: aunque no establece que la concertaci¨®n debe ser la ¡°excepci¨®n¡±, s¨ª dice que la prestaci¨®n de cualquier servicio debe ser preferentemente de titularidad p¨²blica. Y es lo que sucede para la gran mayor¨ªa de la asistencia sanitaria. El aborto es una anomal¨ªa.

¡°Como cualquier intervenci¨®n sanitaria, tiene que estar en la red p¨²blica. Como cualquiera. Es la forma de normalizarlo¡±, asegura Luc¨ªa Mazarrasa, enfermera jubilada y activista por los derechos humanos.

David Larios, presidente de la Asociaci¨®n de Juristas de la Salud, cree que el nuevo texto viene a insistir en esto, en dar un paso en el camino ¡°correcto¡± y que es una ¡°llamada de atenci¨®n¡± en un campo donde se ha generalizado lo contrario. Echa en falta que recoja cu¨¢les deben ser esas situaciones ¡°excepcionales¡± en las que se pueda acudir a la concertaci¨®n para que no quede ¡°un vac¨ªo¡±.

Lo que tampoco queda claro es c¨®mo se revertir¨¢ un sistema que lleva casi cuatro d¨¦cadas en funcionamiento y que requerir¨ªa transformaci¨®n en la manera en la que se presta este servicio. El Ministerio de Sanidad ha declinado opinar sobre el borrador. En cualquier caso, ser¨¢ competencia de las comunidades aut¨®nomas garantizar este derecho en centros p¨²blicos.

Una larga historia de cl¨ªnicas concertadas

El germen de la situaci¨®n actual viene de la legalizaci¨®n del aborto del a?o 1985. La red p¨²blica existente no fue capaz de atenderlos: se encontraba con el muro de la objeci¨®n de conciencia en muchos profesionales. As¨ª, se teji¨® una red que hoy componen casi un centenar de centros en toda Espa?a.

La objeci¨®n de conciencia es un problema directo en una minor¨ªa de los casos actualmente. Generalmente, sucede en aquellos que se podr¨ªan denominar como terap¨¦uticos: en los que una mujer quiere llevar su embarazo a t¨¦rmino, pero se encuentra con alg¨²n problema en el camino y decide interrumpirlo (un 9% de los casos). No hay cifras oficiales, pero existen hospitales donde no se realizan este tipo de intervenciones, ya sea porque todos los m¨¦dicos son objetores o porque la objeci¨®n inicial de un grupo de ellos o del jefe de servicio ha provocado que nunca se hagan. A muchos ginec¨®logos nunca les han preguntado, porque su servicio no los practica.

Esto provoca que haya mujeres que han visto c¨®mo les negaban ese derecho en su propio hospital y han tenido que buscar otras v¨ªas. Uno de los retos de la nueva ley es, precisamente, garantizar que todos los hospitales tengan equipos que puedan practicar abortos para que no se repitan estas situaciones. Para ello, la ley insta a la creaci¨®n de un registro de objetores de conciencia, de forma que se puedan reorganizar todos los servicios.

En los dem¨¢s casos, los llamados voluntarios (el 91% restante, que suele ser un procedimiento m¨¢s sencillo), las mujeres no se suelen encontrar con el problema de la objeci¨®n de conciencia, porque son derivadas directamente a circuitos en los que esto no sucede: acuden en la mayor¨ªa de las ocasiones a un centro p¨²blico para poner fin a su embarazo y este les deriva, en funci¨®n del lugar donde residan, a una cl¨ªnica de titularidad p¨²blica o privada. No se encuentran con un rechazo. Pero a menudo no pueden elegir un centro p¨²blico.

Una formaci¨®n necesaria

Enriqueta Barranco, ginec¨®loga y profesora del Instituto Universitario de Investigaci¨®n de Estudios de las Mujeres y de G¨¦nero de la Universidad de Granada, hace mucho hincapi¨¦ en la distinci¨®n de estos dos tipos de abortos. ¡°No tiene ning¨²n sentido que los hospitales inviertan en las mejores unidades de diagn¨®stico, si cuando se encuentra una malformaci¨®n cong¨¦nita o riesgo de salud para la madre se tiene que desplazar a otra provincia para interrumpir su embarazo. Eso se tiene que acabar¡±, se?ala. Sin embargo, cree que el actual sistema s¨ª funciona bien en la mayor¨ªa de los casos para las mujeres que quieren abortar en las primeras semanas voluntariamente. ¡°Muchas veces buscan una privacidad y una especializaci¨®n que no hay en los hospitales p¨²blicos. Podemos encontrarnos con barreras adicionales si canalizamos todo por los hospitales¡±, se?ala.

Barranco sostiene que una reforma como la que se plantea ¡°no se puede tomar a la ligera¡±. ¡°Hoy en d¨ªa los profesionales que mejor dominan las t¨¦cnicas est¨¢n en estas cl¨ªnicas privadas. Ni en las facultades ni en las residencias se forman a los m¨¦dicos para hacerlas. As¨ª que si se trasladan [los abortos] a centros p¨²blicos, antes tendr¨ªa que haber una formaci¨®n a cargo de fondos p¨²blicos que no se consigue de la noche a la ma?ana¡±, zanja.

Varios ginec¨®logos consultados discrepan con la viabilidad de asumir en los hospitales todos los abortos. Txanton Mart¨ªnez-Astorquiza, presidente de la Sociedad Espa?ola de Ginecolog¨ªa y Obstetricia (SEGO) y jefe de servicio en el Hospital de Cruces de Bilbao, cree que no tiene sentido t¨¦cnicamente, porque muchos procedimientos son ambulatorios. Asegura que, al menos en su comunidad aut¨®noma, el sistema funciona: ¡°Lo que hay que garantizar es que todas las mujeres tengan acceso a este servicio con calidad y de forma gratuita, independientemente de si es p¨²blico o concertado¡±. Toni Pay¨¤, jefe del servicio de obstetricia y ginecolog¨ªa del Hospital del Mar, defend¨ªa en un reportaje en este peri¨®dico que ¡°la capacidad del sistema es finita¡±: ¡°Si tienes que hacer todas interrupciones voluntarias del embarazo, no hay espacio para nada m¨¢s¡±.

Otros ginec¨®logos consultados deslizan otro problema: el aborto no es un procedimiento que guste hacer. ¡°No aporta profesionalmente¡±, dice uno que prefiere permanecer en el anonimato. ¡°Si al final todos tienen que ir por la sanidad p¨²blica y te tocan a ti todos los d¨ªas porque el resto de tu servicio es objetor, igual te declaras tambi¨¦n para poder dedicarte a otras cosas¡±, reflexiona.

Precisamente es la objeci¨®n de conciencia el principal obst¨¢culo con el que se puede encontrar la nueva ley, seg¨²n Jos¨¦ Ram¨®n Repullo, profesor de Planificaci¨®n y Econom¨ªa de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, que no cree que la barrera sea de recursos, ya que la red p¨²blica cuenta con 400 hospitales. ¡°Que los abortos se hagan en centros p¨²blicos o privados no tiene mucha diferencia en su dimensi¨®n econ¨®mica; en los centros p¨²blicos la estructura de costes es m¨¢s cara, pero unas pocas intervenciones adicionales se benefician de incurrir s¨®lo en costes marginales; en el sector privado, particularmente en las cl¨ªnicas dedicadas a las IVEs [interrupciones voluntarias del embarazo], se ajustan los costes por el propio modelo de especializaci¨®n¡±.

Repullo considera que el problema es organizativo y de gesti¨®n de personal: ¡°Para asegurar que un centro p¨²blico har¨¢ abortos, y que ninguno de sus profesionales va a activar su cl¨¢usula de objeci¨®n de conciencia, deber¨ªa poder condicionar sus contratos a esta circunstancia. Y esto no no es posible, pues siempre puede exhibirse una objeci¨®n sobrevenida. Este problema tiene una soluci¨®n parcial con la externalizaci¨®n de procesos a centros privados que est¨¢n guiados por un fuerte compromiso y activismo social a favor del aborto como derecho de las mujeres¡±. Sin embargo, reconoce que esa soluci¨®n no es tan v¨¢lida para casos complejos o gestaciones avanzadas, que implican procesos quir¨²rgicos que se deben realizar en hospitales. ¡°Aqu¨ª la red sanitaria p¨²blica ¨Dm¨¢s que cada hospital concreto¨D puede y debe asegurar una buena respuesta¡±, asegura.

Aborto farmacol¨®gico

Para facilitar la respuesta p¨²blica, comunidades como Catalu?a y Valencia est¨¢n apostando por el aborto farmacol¨®gico. Se trata de pastillas que las mujeres pueden tomar en sus casas y que se utilizan en algo menos de un tercio de los casos en Espa?a. Aunque requieren seguimiento m¨¦dico, ya que hay un porcentaje de fallos de hasta un 5%, la preparaci¨®n del sistema sanitario para este proceso ser¨ªa mucho menor.

La Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo (ACAI) argumenta que avanzar por este camino puede ser un paso atr¨¢s en el derecho de las mujeres. Su presidenta, Francisca Garc¨ªa, explica que el aborto farmacol¨®gico tiene inconvenientes, como el sangrado abundante y el dolor. ¡°El instrumental se practica con sedaci¨®n en una hora y pico, y la mujer se va a casa con todo resuelto sin haberse casi enterado. Son dos t¨¦cnicas completamente distintas, cada una con sus ventajas e inconvenientes. Pero es la mujer la que tiene que decidir cu¨¢l quiere¡±, se?ala. Seg¨²n sus datos, el 70% se decanta por la instrumental, que es una intervenci¨®n que generalmente consiste en la dilataci¨®n y aspirado del feto.

El sector defiende que en los 12 a?os que lleva en vigor la actual ley del aborto no se ha hecho nada por formar a los centros p¨²blicos en estas t¨¦cnicas y que no puede ser un cambio de un d¨ªa para otro. ¡°Si finalmente se hace, quiz¨¢s nuestras cl¨ªnicas queden para mujeres que se quieran pagar un servicio de calidad¡±, dice Garc¨ªa.

La enfermera Luc¨ªa Mazarrasa cree que es intolerable que en el sistema p¨²blico se ofrezca mayoritariamente aborto farmacol¨®gico. ¡°Lo que hay que garantizar es que las mujeres puedan elegir la prestaci¨®n que mejor les venga, con asesoramiento y en centros p¨²blicos, como sucede con cualquier otra asistencia. Es necesario formar a los profesionales, pero no es tan complicado. Y si no hay otra forma, la red deber¨ªa incorporar a estas cl¨ªnicas privadas¡±, asegura.

Sea como fuere, el Ministerio de Igualdad est¨¢ decidido a cambiar el paradigma actual. ¡°Se va a poder abortar en la p¨²blica, es incre¨ªble que ocho de cada 10 mujeres aborten en la privada, siendo nuestro sistema de salud uno de nuestros mayores orgullos¡±, ha dicho este viernes en una visita oficial a Baleares ?ngela Rodr¨ªguez, secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de G¨¦nero.