Las v¨ªctimas, entre el alivio y la cautela: ¡°Es un indudable avance democr¨¢tico¡±
Los afectados coinciden en que lo importante es que las recomendaciones del Defensor sobre los abusos en la Iglesia se apliquen, y critican que el Estado tenga que aportar al fondo de compensaci¨®n
Javier decidi¨® contar su historia en el primer reportaje de investigaci¨®n que public¨® EL PA?S sobre la pederastia en la Iglesia. Era octubre de 2018. Su relato era demoledor: sufri¨® abusos en el seminario de La Ba?eza, en Le¨®n, cuando ten¨ªa 13 a?os y lo denunci¨® en dos ocasiones, una de ellas ante el obispo de Astorga en 2014, pero no recibi¨® justicia. Han pasado cinco a?os de ese primer art¨ªculo. Pero ahora, a la luz de los resultados del informe que este viernes ha entregado el Defensor del Pueblo sobre la pederastia en la Iglesia, cree que ha valido la pena. ¡°Parece que se ve un poquito de luz al final del t¨²nel¡±, dice. Cuando ¨¦l habl¨® para este peri¨®dico la Iglesia espa?ola afirmaba que solo hab¨ªa ¡°casos aislados¡±. Ahora la estimaci¨®n del informe del Defensor del Pueblo, que ha entregado este viernes en el Congreso de los Diputados, es de 440.000 v¨ªctimas. No obstante, Javier pide cautela: ¡°Las v¨ªctimas deben ser resarcidas de tanto dolor, escuchadas e indemnizadas. Eso a¨²n est¨¢ por ver¡±.
Juan Cuatrecasas, presidente de la asociaci¨®n de Infancia Robada, se muestra satisfecho por las proposiciones que ha incluido el Defensor en su documento, como el derecho a que las v¨ªctimas reciban terapias o que la Fiscal¨ªa act¨²e de oficio cuando los afectados sufran amenazas si denuncian. ¡°Es un informe que se ha hecho con un trabajo serio¡±, comenta. Cuatrecasas tiene esperanza de que ¡°cristalice¡± un acuerdo entre los grupos parlamentarios para que las se cumplan las recomendaciones del Defensor. ¡°Si se queda en el informe como tal, pues no habremos conseguido nada. Y no se pretende conseguir una limosna: se pretende conseguir, ni m¨¢s ni menos, el estatuto de la v¨ªctima¡±, defiende.
El Defensor, ?ngel Gabilondo, ha mostrado durante la rueda de prensa tras la entrega del informe un apoyo total a las v¨ªctimas, a la necesidad de que sean reparadas: ¡°Ya no pueden esperar. Algunas han declarado varias veces, est¨¢n revictimizadas, y dicen: ¡®Por favor, ahora lo que queremos son medidas y reparaci¨®n¡±. Javier Bl¨¢zquez, uno de los integrantes del grupo de 12 v¨ªctimas de los maristas de Vigo que denunciaron su caso en junio 2021, ha valorado ¡°la forma tan clara y contundente¡± con la que se ha referido el Defensor a la opacidad de la Iglesia y la necesidad de dar una respuesta al problema. ¡°Constituye un claro reconocimiento de nuestras reclamaciones como v¨ªctimas y un indudable avance democr¨¢tico de la sociedad civil¡±, declara.
Hay un interrogante que sigue en el aire: ?Cu¨¢l ser¨¢ la respuesta de la Iglesia? Para Bl¨¢zquez, solo hay dos opciones: ¡°Se allana y reconoce las conclusiones del informe o se pone en situaci¨®n de rebeld¨ªa, ignorando las conclusiones del Defensor. Estaremos a la espera y siempre en la lucha por nuestros derechos¡±.
Marcos Leyun, presidente de AVIPIREN, Asociaci¨®n de V¨ªctimas de Abusos en Instituciones Religiosas en Navarra, considera que el informe es ¡°exhaustivo¡±, y que ¡°la investigaci¨®n de EL PA?S tiene un gran peso¡±. ¡°Habla de una Iglesia del silencio, pero tambi¨¦n es una Iglesia del encubrimiento y la mentira¡±, se?ala. ¡°Es verdad que hemos llegado tarde, pero hemos llegado. Ojal¨¢ sea el inicio del debate. En cuanto a las cifras, el Defensor que dice que no hay que extrapolar, pero tiene todo el derecho, es una encuesta a m¨¢s de 8.000 personas¡±. Pero apunta que no est¨¢ de acuerdo con que el Estado deba aportar al fondo de compensaci¨®n a las v¨ªctimas. ¡°Creo que debe presionar para que la Iglesia se haga cargo de ese fondo¡±, defiende.
Tambi¨¦n hay voces menos entusiastas con el trabajo del Defensor. Manuel Barbero, fundador de la asociaci¨®n Mans Petites, cree que ¡°todo lo que sean estimaciones, sin contar con la otra parte¡±, le parece arriesgado. ¡°Me parece que va a ser una guerra de cifras que unos aceptar¨¢n y los otros, no¡±, dice. Su posici¨®n es que ambas instituciones, la del Defensor y la Iglesia, deber¨ªan haber creado conjuntamente una comisi¨®n y sacar una ¨²nica estimaci¨®n ¡°aceptadas por todos¡±.
Miguel Hurtado, v¨ªctima de los abusos en la abad¨ªa de Montserrat, destaca la falta de una recomendaci¨®n que, en otros pa¨ªses, ha sido un pilar fundamental en la prevenci¨®n de los abusos: hacer imprescriptibles estos delitos. ¡°La investigaci¨®n espa?ola ha sido un gatillazo y una decepci¨®n. Es de una calidad p¨¦sima en comparaci¨®n con otros Estados de nuestro entorno, como por ejemplo, Australia o Irlanda. Y las recomendaciones son insuficientes y descafeinadas¡±, opina. Hurtado se?ala que el Defensor no tiene poderes coercitivos para obligar a la Iglesia a colaborar. La soluci¨®n, para Hurtado, habr¨ªa sido una comisi¨®n de la verdad en la que los obispos tuvieran que haber acudido a declarar. Tambi¨¦n, igual que Leyun, critica la creaci¨®n de un fondo com¨²n en el que colabore el Estado para indemnizar a las v¨ªctimas. ¡°La factura de la reparaci¨®n econ¨®mica la tienen que pagar los obispos y no el contribuyente¡±, dice.
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