Sanidad genera una pol¨¦mica al imponer las mascarillas en centros sanitarios contra el criterio de las comunidades
Las autonom¨ªas se quejan de que la medida se tome sin informes t¨¦cnicos y algunas cuestionan que se est¨¦ utilizando el adecuado procedimiento legal
Las mascarillas pasar¨¢n desde este mi¨¦rcoles a ser obligatorias en los centros de salud y los hospitales de toda Espa?a ¨Dno en farmacias o residencias¨D, pese a la posici¨®n contraria de la mayor¨ªa de las comunidades aut¨®nomas. El Ministerio de Sanidad ha decidido deso¨ªr al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el ¨®rgano de coordinaci¨®n que re¨²ne al Gobierno central y a los auton¨®micos, el mismo que decidi¨® sobre las vidas de los espa?oles ¨Ddesde posibilidad de desplazamientos entre comunidades a horarios¨D durante pr¨¢cticamente dos a?os de pandemia. El departamento de M¨®nica Garc¨ªa defiende su decisi¨®n como la ¨²nica posible para igualar los derechos de todos los espa?oles y dar seguridad jur¨ªdica a todas las autonom¨ªas, pero est¨¢ lejos de la ortodoxia y es discutida por los expertos en derecho sanitario.
Todo comenz¨® este lunes, cuando el fuerte crecimiento de los contagios de virus respiratorios (en particular, de gripe) llev¨® a Sanidad a convocar un pleno extraordinario del CISNS para proponer la obligatoriedad de las mascarillas en los centros de salud y los hospitales. Cuatro autonom¨ªas ya estaban aplicando esta medida y al d¨ªa siguiente se sumaron otras dos, pero el resto era partidaria de limitarse a hacer una recomendaci¨®n.
Incluso las comunidades que est¨¢n de acuerdo con el fondo ¨Dobligar a usar el tapabocas en centros sanitarios¨D critican la forma. Aseguran que la propuesta se distribuy¨® comenzada la reuni¨®n, por lo que no se pudo realizar una evaluaci¨®n previa. Y que se salt¨® los procedimientos habituales en estos casos: un estudio de la Ponencia de Alertas ¨Del grupo de t¨¦cnicos de comunidades y ministerio que, por ejemplo, establec¨ªan los niveles de riesgo en la pandemia¨D, seguida de una reuni¨®n de la Comisi¨®n de Salud P¨²bica ¨Dque integran los directores generales de la materia¨D que emita un informe. Para tomar la decisi¨®n, Garc¨ªa tampoco ha esperado las 48 horas que dio a las comunidades para presentar alegaciones a su propuesta, que terminan este mi¨¦rcoles.
Sanidad se ampara en la Ley de cohesi¨®n y calidad del Sistema Nacional de Salud, cuyo art¨ªculo 65 le otorga la posibilidad de imponer una declaraci¨®n de actuaciones coordinadas en salud p¨²blica. Por lo general, ha de contar con el ¡°previo acuerdo del CISNS, con audiencia de las comunidades directamente afectadas¡±, a no ser que se trate de ¡°situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomar¨¢n las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informar¨¢ de manera urgente de las medidas adoptadas¡±.
David Larios, de la Asociaci¨®n Juristas de la Salud, supone que ser¨¢ este ¨²ltimo supuesto al que se acoja el ministerio, ya que ha quedado de manifiesto que no hay consenso en el CISNS. Sin embargo, discute uno de los motivos aducidos por Sanidad: el de dar respaldo jur¨ªdico a las comunidades que han decidido imponer la obligatoriedad. ¡°Entiendo que no lo necesitan, puesto que [las autonom¨ªas] tienen competencias en materia de salud p¨²blica para establecer este tipo de medidas, que son bastante proporcionadas. Se habla de centros sanitarios; otra cosa ser¨ªan medidas limitativas de los derechos de los ciudadanos¡±, afirma Larios.
Esto mismo sostienen otros dos juristas integrados en el SNS y consultados por EL PA?S que prefieren mantener su anonimato. Ambos afirman que mediante este procedimiento se desvirt¨²a el esp¨ªritu de lo que deber¨ªa ser una declaraci¨®n coordinada y que se deber¨ªa haber procedido de otra forma, como un decreto ley posteriormente validado por el Congreso, que es la manera en la que se regularon las mascarillas hasta el pasado julio, cuando precisamente se elimin¨® su obligatoriedad en centros sanitarios y farmacias.
Jos¨¦ Mart¨ªnez Olmos, experto en salud p¨²blica que fue secretario general de Sanidad con los gobiernos de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, s¨ª cree que se trata de la f¨®rmula jur¨ªdica adecuada: ¡°Una de las competencias del ministerio es la coordinaci¨®n de actuaciones, y, por lo tanto, si hay un problema de pico epid¨¦mico en el que unas comunidades aplican medidas y otras no, tienes que aplicar el art¨ªculo 65 de cohesi¨®n y calidad. Se pueden buscar las cosquillas que quieran, pero creo que no las tiene, porque la autoridad sanitaria tiene que proteger la salud, eso est¨¢ en la Constituci¨®n¡±.
Con el camino que ha tomado Sanidad, Larios considera que no se podr¨¢ publicar una resoluci¨®n del CISNS, ya que no hay acuerdo, sino una orden ministerial. ¡°Esta orden obligar¨ªa a todas las comunidades, aunque hayan votado en contra, pero se les da la posibilidad de que las recurran ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. No s¨¦ si en este caso vamos a llegar al recurso, pero est¨¢ tan polarizado el tema pol¨ªtico, y tenemos un ministerio del Gobierno de coalici¨®n y la mayor¨ªa de las comunidades gobernadas por el PP, con lo que es probable que veamos escenificadas estas diferencias pol¨ªticas en el ¨®rgano de gobierno del CISNS¡±, argumenta Larios.
Sanidad no ha confirmado a EL PA?S cu¨¢l ser¨¢ la f¨®rmula ni cu¨¢ndo entrar¨¢ en vigor, pero la propia ministra portavoz, Pilar Alegr¨ªa, afirm¨® el martes tras el Consejo de Ministros que los cubrebocas ser¨¢n obligatorios en centros sanitarios a partir de este mi¨¦rcoles.
Contestaci¨®n auton¨®mica
La consejera vasca de salud, Miren Sagardui, ha advertido este martes a Sanidad que sus servicios jur¨ªdicos auton¨®micos est¨¢n analizando ¡°los escenarios que pueden resultar de la imposici¨®n de una obligatoriedad¡± de ese tipo, ya que se toma sin que se haya decretado ning¨²n estado de emergencia sanitaria que lo justifique.
Madrid, una de las comunidades m¨¢s contestatarias contra el Gobierno central, ha anunciado que acatar¨¢ lo que imponga el Gobierno central, pero deja claro que est¨¢n en contra de la medida. ¡°Ponemos en duda c¨®mo se ha gestionado todo esto por parte de la ministra de Sanidad¡±, ha dicho su consejera del ramo, F¨¢tima Matute, en una entrevista en Antena 3.
En este mismo tono y sentido se han manifestado la mayor¨ªa de los consejeros de sanidad, que han solicitado criterios t¨¦cnicos y que se establezcan umbrales para imponer las mascarillas. Tambi¨¦n varios presidentes auton¨®micos del PP, como los de Andaluc¨ªa, Castilla y Le¨®n, Arag¨®n o Murcia, quienes han criticado que Sanidad act¨²e ¡°tarde y mal¡± tras una epidemia de gripe que, seg¨²n los populares, ha pillado a la ministra ¡°de vacaciones¡±.
El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha acusado a Garc¨ªa de no haber estado ¡°preparada¡±. ¡°Puede ser una medida positiva, pero siempre avalada por criterios sanitarios¡±, ha declarado a los periodistas tras una reuni¨®n de los mandatarios populares en la sede nacional del PP recogidas por Efe. El presidente aragon¨¦s, Jorge Azc¨®n, ha dicho que la medida de Sanidad ¡°no responde a criterios t¨¦cnicos¡± y ha cuestionado que la decisi¨®n del ministerio haya sido tomada ¡°pensando en la salud de los ciudadanos¡±, y ha afirmado que se ha adoptado solo ¡°por las fotos¡±. ¡°Echo de menos la opini¨®n de expertos y creo que el uso de las mascarillas depende de las condiciones de contagios de cada comunidad aut¨®noma¡±, ha se?alado.
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