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La violencia machista devor¨® a Alina, Larisa y Elisa: todo fall¨® para protegerlas

La falta de coordinaci¨®n entre instituciones, la vulnerabilidad extrema de una v¨ªctima de maltrato migrante y desamparada en el mundo rural hicieron posible que un padre asesinara a sus hijas para destruir a la madre

El cortijo en la pedan¨ªa de Las Alcubillas, perteneciente al municipio almeriense de G¨¦rgal, donde se encontraron los cuerpos de las dos peque?as y su padre.
El cortijo en la pedan¨ªa de Las Alcubillas, perteneciente al municipio almeriense de G¨¦rgal, donde se encontraron los cuerpos de las dos peque?as y su padre.Marian Le¨®n (Europa Press)

El tel¨¦fono sonaba dentro de la casa. Alina Florentina y el hermano de su expareja lo escuchaban desde la puerta de un cortijo insalubre rodeado de la nada en la pedan¨ªa de Las Alcubillas, muy cerca del desierto de Tabernas, en Almer¨ªa. Eran m¨¢s de las diez de la noche del pasado domingo y ella llevaba horas esperando que el padre de sus hijas fuera a llev¨¢rselas. Pero Cristian Iona no descolgaba el tel¨¦fono, no abr¨ªa la puerta. Lo hicieron ellos de una patada. Dentro de esa construcci¨®n medio ruinosa, Alina encontr¨® a sus ni?as. Llevaban muertas m¨¢s de doce horas, ten¨ªan dos y cuatro a?os. Tambi¨¦n a su expareja, que agonizaba. Llamaron a Emergencias, que envi¨® a la Guardia Civil y a una ambulancia, pero no fue posible reanimarlo. Cristian hab¨ªa asesinado a sus hijas envenen¨¢ndolas con un pesticida y se hab¨ªa suicidado.

Cristian tambi¨¦n hab¨ªa maltratado y amenazado a Alina, que tiene ahora 24 a?os, cuando a¨²n estaban juntos; ten¨ªa una orden de alejamiento de ella en vigor por malos tratos y amenazas desde hac¨ªa dos a?os; ten¨ªa el juicio por esa denuncia el pr¨®ximo 10 de abril; y ten¨ªa tambi¨¦n un r¨¦gimen de visitas con sus hijas aprobado por un juzgado, aunque modificado en varias ocasiones por los progenitores, de lo que no siempre informaban a la justicia. Antes de que el domingo las asesinara ¡ªson cuatro los cr¨ªmenes por violencia vicaria machista en lo que va de a?o, 54 desde que hay estad¨ªstica, en 2013¡ª, hab¨ªan sucedido muchas otras cosas.

No se sabe cu¨¢ndo Alina lleg¨® a Espa?a desde Rumania, pero Antonia Contreras, alcaldesa de G¨¦rgal, en Almer¨ªa, cuenta que lleg¨® a su pueblo a final de 2019 o principios de 2020, con Cristian Iona y con Larisa, la mayor de las dos. Se instalaron en un cortijo en La Estaci¨®n de G¨¦rgal, una pedan¨ªa, y ¨¦l comenz¨® a trabajar en el campo. Ya entonces, cuenta la alcaldesa, era evidente que ¡°era un maltratador, de mala entra?a, desde el d¨ªa uno¡±. Con esa violencia obvia para quienes estaban alrededor, pasaron dos a?os.

Alina volvi¨® a quedarse embarazada y naci¨® Elisa, la peque?a. En su vida ya estaban muchas de las circunstancias que los protocolos policiales establecen como indicadores de riesgo cuando existe violencia machista: estar en un pa¨ªs que no es el tuyo, no tener familia cerca, no contar con una red social, tener hijas peque?as o estar embarazada. El 24 de mayo de 2022, poco despu¨¦s de nacer Elisa, cuenta Contreras que Cristian ¡°la agredi¨® y tuvo que intervenir la Guardia Civil¡±. Fue la primera denuncia, pero en el pueblo sab¨ªan que no era la primera agresi¨®n.

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) llev¨® a las tres a un centro de emergencia para mujeres v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero en Almer¨ªa. Dos d¨ªas despu¨¦s, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n¨²mero 1 de Almer¨ªa dict¨® medidas cautelares a la espera del juicio: otorg¨® a la madre la custodia de las ni?as, mantuvo la patria potestad para ella y el padre aunque sin r¨¦gimen de visitas ni comunicaci¨®n con las ni?as, estableci¨® el pago de una pensi¨®n de 150 euros mensuales para la manutenci¨®n de cada una y que ellas se quedaran en la vivienda familiar, e impuso la orden de alejamiento y comunicaci¨®n.

Con esas medidas activas, el IAM las traslad¨® de Almer¨ªa a una casa de acogida para v¨ªctimas de violencia machista en Granada. En esos centros ¡ªde los que hay alrededor de un centenar en Espa?a¡ª, psic¨®logas, trabajadoras sociales y otras especialistas las acompa?an y trabajan con ellas. El objetivo es ayudarlas a recuperarse de las marcas de la violencia, tambi¨¦n a comenzar una vida fuera de ella. En el que estuvo Alina cuentan que ¡°lleg¨® en situaci¨®n de extrema vulnerabilidad, porque a las agresiones se un¨ªa la absoluta falta de red familiar, cierta marginalidad y una dependencia emocional psicol¨®gica de ¨¦l muy fuerte¡±.

Vulnerabilidad extrema

Elena Ocejo, letrada de Abogadas por la Igualdad, expone que ¡°si ya es dif¨ªcil salir de la violencia, en general, cuando est¨¢n atravesadas por la pobreza, el idioma o la migraci¨®n, lo es a¨²n m¨¢s. En este ¨²ltimo caso, mujeres solas en pa¨ªses que no son el suyo de origen, el maltratador, siendo el maltratador, se convierte para ellas en la ¨²nica persona cercana, conocida. Es terriblemente complejo¡±.

La agresi¨®n del 24 de mayo de 2022 por la que Alina estaba en ese circuito institucional consta en el escrito de Fiscal¨ªa al Juzgado de Violencia sobre la Mujer como ¡°una discusi¨®n que deriv¨® en que el acusado, guiado por el ¨¢nimo de menoscabar su integridad f¨ªsica, la cogi¨® del brazo izquierdo y le retorci¨® la mano¡±. En su declaraci¨®n judicial, aunque no aparece mencionado en ese documento, Alina a?adi¨® ¡°haber sufrido otros episodios de malos tratos, f¨ªsicos y psicol¨®gicos, durante la relaci¨®n, algunos de ellos en presencia de sus hijas¡±. Ella necesit¨® que la viese un m¨¦dico y unos d¨ªas para recuperarse.

Tampoco en ese escrito la Fiscal¨ªa menciona a las ni?as, ni como v¨ªctimas directas ni indirectas, a¨²n cuando toda la investigaci¨®n y la legislaci¨®n en este ¨¢mbito ya reconocen que ni?os y ni?as son v¨ªctimas de la violencia por el mero hecho de presenciarla, o de vivir en hogares en los que se da. Lo que s¨ª hizo el Ministerio Fiscal fue solicitar la apertura de juicio oral, catalog¨® los hechos como delito de lesiones en el ¨¢mbito de la violencia de g¨¦nero y pidi¨® un a?o de c¨¢rcel y 200 euros de indemnizaci¨®n.

Ese juicio estaba se?alado para este 10 de abril. Fechas concretas que quienes trabajan con v¨ªctimas tienen en cuenta. Momentos como el de la denuncia, un divorcio o un proceso judicial, como en este caso, pueden aumentar el riesgo de una escalada en la violencia que ejerce el maltratador: es cuando pierden el control sobre ellas o saben que pueden perderlo.

¡°Un desastre familiar y una desatenci¨®n institucional profunda¡±

La abogada de oficio de Alina, Rosa Mar¨ªa Pe?afiel, cuenta que el ¡°desamparo se ve¨ªa con mirarla, la situaci¨®n personal era muy dram¨¢tica, estaba soportando mucho, aunque hac¨ªa todo lo posible por aguantarlo¡±. Recuerda el d¨ªa que se encontraron en la oficina judicial, tras la agresi¨®n: ¡°Vi a las tres en una situaci¨®n muy dram¨¢tica. La madre, tan joven, lleg¨® a la oficina judicial maltratada y golpeada, con un beb¨¦ de meses en el brazo y una ni?a de no mucho m¨¢s de dos a?os de la mano. Eran extraordinariamente peque?as¡±. Mientras esperaba el par de horas que requiere el tr¨¢mite, ¡°le dio el pecho a la beb¨¦ mientras la mayor jugaba con un l¨¢piz que le hab¨ªan dejado, la imagen de un desastre familiar y una desatenci¨®n institucional profunda¡±.

Pe?afiel muestra su profundo desacuerdo con c¨®mo se procedi¨®: ¡°En mi escrito de acusaci¨®n no solo acuso por el maltrato hacia ella, sino hacia las ni?as. Y solicito que se inhabilite al acusado para ejercer la patria potestad o el acogimiento sobre las menores por tiempo entre 1 y 5 a?os, por resultar esta pena necesaria para el inter¨¦s de las menores. Si se hubiera estimado, esto no habr¨ªa pasado¡±. Ese escrito se present¨® en el juzgado el 19 de enero de 2023, dos meses despu¨¦s, Alina pidi¨® en el centro de acogida granadino volver a Almer¨ªa.

¡°Se fue voluntariamente, la estancia no es obligatoria, aunque nuestro criterio t¨¦cnico fue que se quedara. A¨²n hab¨ªa mucho trabajo para recuperarla bien. Ella quer¨ªa volver a Almer¨ªa y en cuanto pudiera, a Rumania. Ten¨ªa a¨²n demasiada dependencia de ¨¦l¡±, explican desde la Consejer¨ªa. Se march¨® y las tres se instalaron en Abla, a unos 15 minutos de la residencia del padre. Y mientras avanzaba el proceso penal, se produc¨ªa otro, el civil.

Participantes en el minuto de silencio en memoria de las dos menores asesinadas a manos de su padre en Abla, el pueblo almeriense donde las dos ni?as viv¨ªan con su madre.
Participantes en el minuto de silencio en memoria de las dos menores asesinadas a manos de su padre en Abla, el pueblo almeriense donde las dos ni?as viv¨ªan con su madre. Marian Le¨®n (Europa Press)

Separaciones, divorcios o custodias son tratados por los juzgados de familia, y los delitos como la violencia machista, por lo penal. As¨ª, suelen abrirse en casos como este siempre dos procesos en dos juzgados distintos que, a veces, no tienen la informaci¨®n de lo que est¨¢ haciendo el otro. Algo de lo que las instituciones son conscientes en toda Espa?a.

En septiembre de 2022, y a ra¨ªz de otro asesinato por violencia vicaria machista, el que cometi¨® Jos¨¦ Antonio A.C. contra su hijo de 11 a?os en Sueca, en Valencia, la Comisi¨®n Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprob¨® establecer una comunicaci¨®n fluida para que que los juzgados de familia pudieran acceder a las resoluciones dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cuando agresor y v¨ªctima est¨¢n en tr¨¢mites de separaci¨®n. Adem¨¢s, la Ley de Protecci¨®n Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia modific¨® en 2021 la normativa para que si los jueces ve¨ªan riesgo para los menores, pudieran suspender de forma cautelar la patria potestad, visitas y comunicaciones o custodias.

Sin protecci¨®n integral

Pero sigue sin ser algo extendido. Ni la comunicaci¨®n entre juzgados ni las suspensiones. En el caso de Alina, como hizo p¨²blico el TSJA hace unos d¨ªas, el proceso civil autoriz¨® ese r¨¦gimen de visitas que, seg¨²n el mismo organismo, fue resultado del acuerdo entre los dos progenitores. La guardia y custodia fue otorgada a la madre, se obligaba al padre a pagar 300 euros mensuales para las ni?as, y establec¨ªa que el agresor ¡°pod¨ªa estar con sus hijas los s¨¢bados y domingos de cada semana entre las 12.00 horas y las 18.00 horas. Para ello, la madre deb¨ªa trasladar a las menores al Punto de Encuentro Familiar donde eran recogidas por su progenitor¡±. Una decisi¨®n que no solo pon¨ªa en riesgo a las ni?as sino que era compleja y no ten¨ªa en cuenta las circunstancias de Alina.

Esa provincia tiene dos puntos de encuentro: en Almer¨ªa capital y en El Ejido. El m¨¢s cercano a Abla es el de la capital, a 63 kil¨®metros. As¨ª que cada s¨¢bado y cada domingo se supon¨ªa que Alina y las ni?as, que en aquel momento ten¨ªan poco m¨¢s de un a?o y poco m¨¢s de tres, ten¨ªan que recorrer esos 63 kil¨®metros de ida y otros tantos de vuelta para que el padre maltratador con una orden de alejamiento estuviera seis horas con sus hijas. Ni Alina ten¨ªa coche ni existe un servicio de autobuses los fines de semana con un horario viable. Alina deb¨ªa buscar a alguien que las llevara, que esperara con ella seis horas, o que se marchara y quisiera volver para recogerlas.

¡°Esto produce una distorsi¨®n y la quiebra de lo que es la rutina, el descanso o el ocio del fin de semana¡±, apunta Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de G¨¦nero, y puntualiza que en este caso eran 40 minutos, ¡°pero hay mujeres que hacen dos horas¡±. Afirma que ¡°es un sistema perverso que hace que quien sufre la violencia, sufra tambi¨¦n las consecuencias de la violencia que sufre, y que las v¨ªctimas tengan que asumir eso es inaceptable¡±. Los puntos de encuentro, dice, ¡°deber¨ªan pensarse para el bienestar de los menores, no para generar a¨²n mayor vulnerabilidad¡±.

La abogada de Alina cree que esas medidas ¡°quiz¨¢ tienen sentido te¨®rico, pero en la pr¨¢ctica, a veces, no tienen mucho¡±. Ella le pidi¨® ¡°encarecidamente¡± que relajara las medidas de alejamiento: ¡°Y, sobre todo, que renunciara al punto de encuentro. Era muy dif¨ªcil para ella el traslado y todo lo que giraba alrededor¡±. Tanto que fue imposible. Solo se realiz¨® una visita conforme a la sentencia, seg¨²n inform¨® al juzgado la cooperativa que tiene adjudicado el servicio de ese punto de encuentro, VICFAM.

Entrado el verano, tras varias ausencias, Alina y Cristian informaron a VICFAM de un nuevo acuerdo para cambiar el sistema: ¡°Las estancias del s¨¢bado no se llevar¨ªan a cabo y las entregas y recogidas se har¨ªan en domingos alternos de 10.30 horas a 18.30 horas¡±. Tampoco funcion¨®: entre junio y agosto de 2023 ocurri¨® una vez. El 20 de agosto, los responsables del punto de encuentro recibieron una comunicaci¨®n de los progenitores inform¨¢ndoles de que no volver¨ªan.

Alina ya hab¨ªa pedido el fin del r¨¦gimen de visitas tutelado varias veces, la ¨²ltima, el 4 de octubre del a?o pasado. D¨ªas despu¨¦s, el punto de encuentro y Fiscal¨ªa apoyaron cambiar ese sistema. Y el 9 de noviembre el juzgado decidi¨® que las entregas no fueran en el punto, aunque mantuvo los d¨ªas y horarios acordados previamente. Pero tampoco pas¨®.

La abogada de Alina relata que los tiempos de visita se fueron incrementando y d¨ªas y horarios cambiaron. Y personas que conoc¨ªan el d¨ªa a d¨ªa de Alina en los ¨²ltimos meses cuentan que la realidad era que las visitas se daban en fines de semana alternos y ambos d¨ªas pr¨¢cticamente de primera a ¨²ltima hora. Al mismo tiempo ocurrieron dos cosas que, seg¨²n los indicadores de riesgo oficiales, pueden aumentar la posibilidad de que los maltratadores vuelvan a ejercer la violencia, cuestiones con las que perciben que han perdido el control y la sumisi¨®n de sus v¨ªctimas: Alina ten¨ªa una nueva pareja e intentaba rehacer su vida con un trabajo propio.

Eso, como nada de lo dem¨¢s, le era f¨¢cil. Jos¨¦ Mar¨ªa Herrer¨ªas, propietario de la cafeter¨ªa La Esquina, de Abla, la conoci¨® hace ¡°cinco o seis meses¡±. Quiso ayudarla: ¡°La est¨¢bamos formando para trabajar, intentamos legalizar su situaci¨®n pero hasta hoy nos ha sido imposible¡±. A pesar de eso, dice, le hac¨ªan encargos peque?os: ¡°Y le d¨¢bamos algo para que pudiera salir adelante¡±. Cuenta que cuando intentaron formalizar el contrato de Alina acudieron a una gestor¨ªa, ¡°pero su documento estaba muy mal y no pudieron concretar el n¨²mero¡±. Herrer¨ªas recuerda que ten¨ªa cita para solucionar esto en Extranjer¨ªa, en la Polic¨ªa Nacional, el pasado 26 de enero: ¡°Le cancelaron la cita y seguimos esperando a que le den otra¡±.

Mientras, las visitas continuaban, y comenzaron a ser en el cortijo en el que viv¨ªa Cristian. ¡°Corral¡± lo llama la alcaldesa de G¨¦rgal. Una construcci¨®n de una planta, especialmente baja, en mitad de un pedregal, en el t¨¦rmino de Albodoluy, dependiente a su vez de G¨¦rgal. La mayor parte son dos naves de aperos o corrales, y la parte habitable tiene apenas un ventanuco al exterior. Estaba a 15 minutos en coche de Abla. Todo era m¨¢s f¨¢cil para el traslado de las menores, pero tambi¨¦n las dejaba totalmente desprotegidas, en un ambiente desolado, y tambi¨¦n aislado.

Por qu¨¦ no intervinieron los servicios sociales, la Justicia o los cuerpos de seguridad, se desconoce. Pero all¨ª fue donde Alina encontr¨® a sus hijas pasadas las diez de la noche del domingo, la autopsia revel¨® que murieron sobre las 9.30 de la ma?ana. El sistema, los protocolos, las decisiones de quienes forman parte de ese sistema y aplican esos protocolos protegen y salvan la vida de cientos de miles de mujeres, ni?os y ni?as cada d¨ªa, en este caso no sirvieron para Alina, pero sobre todo fallaron para Larisa y Elisa.

El tel¨¦fono 016 atiende a las v¨ªctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del d¨ªa, todos los d¨ªas del a?o, en 53 idiomas diferentes. El n¨²mero no queda registrado en la factura telef¨®nica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. Tambi¨¦n se puede contactar a trav¨¦s del correo electr¨®nico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el n¨²mero 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al tel¨¦fono de la Fundaci¨®n ANAR 900 20 20 10. Si es una situaci¨®n de emergencia, se puede llamar al 112 o a los tel¨¦fonos de la Polic¨ªa Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicaci¨®n ALERTCOPS, desde la que se env¨ªa una se?al de alerta a la Polic¨ªa con geolocalizaci¨®n.

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