De Ana Orantes a Laura Luelmo: dos d¨¦cadas de cambios en la justicia

"C¨®mo olvidar a Ana Orantes". Esa frase es la primera que pronuncia Flor de Torres cuando arranca a hablar sobre c¨®mo ha cambiado la mirada de la justicia en la lucha contra la violencia de g¨¦nero, sobre cu¨¢nto queda por hacer. La fiscal delegada de esta ¨¢rea en Andaluc¨ªa desde hace 15 a?os sit¨²a ah¨ª la g¨¦nesis: "Lo que hab¨ªa antes de Ana Orantes y lo que hubo despu¨¦s. Supuso una catarsis que reactiv¨® el movimiento feminista de Espa?a y que desencaden¨® un cambio social con consecuencias muy positivas a todos los niveles". Era 17 de diciembre de 1997 cuando Jos¨¦ Parejo, el exmarido de Orantes, la quem¨® viva roci¨¢ndola con gasolina y prendiendo un mechero. Solo 13 d¨ªas antes la mujer se hab¨ªa sentado en el plat¨® del programa de Canal Sur De tarde en tarde para contarle a Irma Soriano los 40 a?os de palizas, amenazas, torturas, humillaciones, insultos y vejaciones que hab¨ªan sufrido ella y sus hijos, las 15 denuncias que hab¨ªa puesto, y el fallo judicial cuando se divorciaron un a?o antes que los oblig¨® a seguir viviendo juntos, en un chalet en el pueblo granadino de C¨²llar Vega.

Hoy, dice de Torres, "ser¨ªa inveros¨ªmil que sucediera aquello". Hasta aquel momento la violencia machista hab¨ªa sido normalizada por la sociedad, en los medios de comunicaci¨®n se hablaba de cr¨ªmenes pasionales e incluso se hac¨ªan sketches de humor, las familias callaban y las v¨ªctimas lo asum¨ªan y lo ocultaban. Todav¨ªa, tras el brutal asesinato, Francisco ?lvarez-Cascos, vicepresidente del Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en esa fecha, lo defini¨® como "un caso aislado obra de un exc¨¦ntrico". Pero Orantes fue la v¨ªctima n¨²mero 59 de aquel a?o y su testimonio, en directo, puso rostro a la violencia de g¨¦nero, por primera vez de forma p¨²blica. "As¨ª fue como la sociedad espa?ola y los medios en general empezaron a despertar y a hacer presi¨®n", apunta De Torres.

Tambi¨¦n as¨ª fue como comenzaron una serie debates y de cambios legislativos que en dos d¨¦cadas han colocado a Espa?a como uno de los pa¨ªses m¨¢s avanzados en este ¨¢mbito, seg¨²n la opini¨®n de expertas y organizaciones internacionales; y seg¨²n la legislaci¨®n vigente: la ley integral contra la violencia de g¨¦nero de 2004, la ratificaci¨®n del Convenio de Estambul en 2014 y el Pacto de Estado de 2017. Despu¨¦s de Ana Orantes, otros muchos nombres han impulsado reformas legales y han servido de trampol¨ªn para la transformaci¨®n social. Aqu¨ª, juristas y abogadas hacen un repaso a los casos y las sentencias que han contribuido a cambiar el panorama legislativo en los ¨²ltimos 20 a?os.

La orden de alejamiento y la violencia psicol¨®gica, 1999

El asesinato de Orantes fue, seg¨²n Flor de Torres, "un disparo social y medi¨¢tico". "La incomprensi¨®n de la sociedad respecto algunas decisiones de la justicia inici¨® un camino de cambios que, desgraciadamente, siguen sucediendo tras algunas resoluciones, aunque a veces, como en este caso, no fuesen inmediatos", apunta refiri¨¦ndose a la existencia todav¨ªa de fallos pol¨¦micos que abren el debate sobre la protecci¨®n de las v¨ªctimas por parte de la justicia. Aunque, asegura, "son los menos".

En 1999 se hizo una reforma del C¨®digo Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal que introdujo la persecuci¨®n de oficio de los malos tratos (sin que hubiese denuncia por parte de la agredida), la violencia psicol¨®gica como delito y las ¨®rdenes de alejamiento. En el art¨ªculo 48 se prohib¨ªa aproximarse o comunicarse con la v¨ªctima, sus familiares u otras personas que los tribunales dictaminasen por cualquier medio. Despu¨¦s, ese art¨ªculo fue ampli¨¢ndose. En 2003 incluy¨® que, cuando se fijara una orden de alejamiento, tambi¨¦n quedase suspendido respecto a los hijos (si los hab¨ªa) "el r¨¦gimen de visitas, comunicaci¨®n y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena"; y la posibilidad de que el control de esas medidas se realizara a trav¨¦s de medios electr¨®nicos. Y en 2015 se redactaron medidas especiales para la protecci¨®n de las v¨ªctimas con discapacidad intelectual.

La orden de protecci¨®n, 2003

En verano de 2003 se modific¨® la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el BOE se public¨® una nueva ley para regular las ¨®rdenes de protecci¨®n. El objetivo era que los jueces pudiesen adoptar medidas civiles y penales provisionales, en un plazo m¨¢ximo de 72 horas, despu¨¦s de recibir una denuncia por violencia machista. "Supondr¨¢, a su vez, que las distintas Administraciones p¨²blicas, estatal, auton¨®mica y local, activen inmediatamente los instrumentos de protecci¨®n social establecidos en sus respectivos sistemas jur¨ªdicos. En ello consiste, precisamente, su elemento m¨¢s innovador", rez¨® el texto de la nueva norma publicado el 31 de julio de 2003.

Ocho meses despu¨¦s, Encarnaci¨®n Rubio se convirti¨® en la primera v¨ªctima de violencia machista con orden de protecci¨®n despu¨¦s de haber denunciado. En el mismo pueblo donde Jos¨¦ Parejo quem¨® a Ana Orantes, C¨²llar-Vega, Francisco Jim¨¦nez atropell¨® tres veces a la que todav¨ªa era su mujer en abril de 2004. Hasta aquel momento se hab¨ªan dictado alrededor de 7.800 ¨®rdenes de protecci¨®n, pero una sola v¨ªctima fue suficiente para que se abriera el debate sobre la falta de coordinaci¨®n policial y judicial?¡ªerrores que permitieron que Jim¨¦nez se acercase a la mujer¡ª y la ausencia de formaci¨®n y concienciaci¨®n en torno a la violencia de g¨¦nero que hab¨ªa en casi todos los profesionales que interven¨ªan.

La Ley de Violencia de G¨¦nero, 2004

"Fue una revoluci¨®n absoluta. Casi una esquizofrenia legislativa...". La fiscal Flor de Torres recuerda la aprobaci¨®n de la Ley de Violencia de G¨¦nero como un salto impensable pocos a?os antes. "Aquella ley pionera a nivel mundial produjo un cambio radical a la hora de ver y tratar la violencia machista a todos los niveles". La norma fue aprobada el 7 de octubre de 2004 por unanimidad del Congreso ¡ª320 votos emitidos, 320 s¨ªes¡ª y era la primera legislaci¨®n europea espec¨ªfica en este ¨¢mbito. Se crearon los juzgados de violencia contra la mujer, se implantaron ayudas para las v¨ªctimas y se incluyeron medidas judiciales, laborales y educativas. Adem¨¢s, se prohibi¨® la publicidad vejatoria y, en medio de una fuerte pol¨¦mica, se incluyeron agravantes penales para los agresores cuando fuesen hombres, despu¨¦s ampliados a la persona que maltratase a otra si esta era "especialmente vulnerable" y conviv¨ªan, entre otras muchas medidas.

Octavio Salazar, jurista experto en derecho constitucional y feminista, hace hincapi¨¦ en "la reacci¨®n judicial" que provoc¨® la introducci¨®n de aquel agravante, para el que se modific¨® el art¨ªculo 153.1 del C¨®digo Penal y que provoc¨® que el Tribunal Constitucional recibiera m¨¢s de 200 cuestiones de inconstitucionalidad. Aquello se zanj¨® el 13 de mayo de 2008 con siete votos a favor y cinco en contra de la constitucionalidad. "La cuesti¨®n es c¨®mo la igualdad y la protecci¨®n de las mujeres pudieron levantar aquel revuelo", dice Salazar. Se pregunta si realmente hab¨ªa quien no percib¨ªa la profunda desigualdad que exist¨ªa?¡ª"y existe"¡ª entre hombres y mujeres, y el patr¨®n claro de una violencia continua contra estas ¨²ltimas.

La sentencia que lo resolvi¨®, dice el jurista, "fue la primera en la que se consider¨® una diferenciaci¨®n normativa, sostenida por una arraigada desigualdad estructural". El tribunal fundament¨® ese "trato diferenciado" en la de idea de que no vale perseguir la igualdad con "meras formalidades". "?Cu¨¢les son los obst¨¢culos que impiden a las mujeres disfrutar de lo mismo que los hombres? Ah¨ª hay que ir, eso hay que cambiar". Aquel mismo a?o, y tambi¨¦n con ese objetivo, el mismo ¨®rgano desestim¨® el recurso de inconstitucionalidad que present¨® el Partido Popular contra las listas electorales paritarias que se recogen en la Ley de Igualdad, aprobada en 2007. Para Salazar, ambas sentencias del alto tribunal introducen "una doctrina jur¨ªdica casi revolucionaria, porque nunca antes hab¨ªa abordado la igualdad de g¨¦nero desde esta perspectiva, la de g¨¦nero".

La primera menor v¨ªctima directa de violencia machista, 2014

Cuenta Flor de Torres, la fiscal delegada de Andaluc¨ªa para la violencia de g¨¦nero, que no pasa un solo d¨ªa en el que no recuerde a Leonor: "Fue la primera v¨ªctima menor legal y directa de la violencia machista. Gracias a ella hoy se reconocen, contabilizan y nombran a los y las menores asesinados para multiplicar por mil el dolor de la madre". A Leonor, que ten¨ªa siete a?os, la asesin¨® su padre el 31 de marzo de 2013, en una de las visitas que el juez hab¨ªa estipulado tras la separaci¨®n de ambos progenitores, despu¨¦s de que ¨¦l fuese condenado por amenazas. De Torres batall¨® durante casi un a?o por que el asesinato de la peque?a no se considerase violencia dom¨¦stica. En 2014 un auto de la Audiencia de M¨¢laga le dio la raz¨®n: "A partir de ah¨ª no solo cambi¨® la perspectiva de la violencia contra los menores, tambi¨¦n las leyes. Se sent¨® jurisprudencia". "Fue rapid¨ªsimo", espeta De Torres, que recuerda que en septiembre del a?o siguiente entr¨® en vigor la Ley de Protecci¨®n de la Infancia y la Adolescencia, "que avalaba a los menores como v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero".

El Estado como responsable de la violencia machista, 2018

M¨¢s informaci¨®n

El Estado deber¨¢ pagar 600.000 euros a la madre de una hija asesinada por su padre

Andrea, la hija de ?ngela Gonz¨¢lez, fue asesinada una d¨¦cada antes que Leonor. Tambi¨¦n ten¨ªa siete a?os y tambi¨¦n lo hizo su padre, separado de su madre. Viviana Waisman, la presidenta de Women's Link, la organizaci¨®n que represent¨® a Gonz¨¢lez, cuenta que ella hab¨ªa denunciado en muchas ocasiones el peligro que la ni?a corr¨ªa con el progenitor, "pero un juzgado la oblig¨® a acatar un r¨¦gimen de visitas no supervisado". En una de esas visitas asesin¨® a la ni?a y se suicid¨®. En ese momento, "?ngela inici¨® un largo proceso judicial de m¨¢s de 15 a?os para demostrar la responsabilidad del Estado espa?ol en la muerte de su hija". Women's Link y Gonz¨¢lez llevaron el caso ante el Comit¨¦ de Naciones Unidas para la Eliminaci¨®n de la Discriminaci¨®n contra la Mujer (CEDAW): en 2014 le dio la raz¨®n y conden¨® a Espa?a y dict¨® una serie de medidas. "Espa?a se neg¨® a cumplirlas", recuerda Waisman. "?ngela tuvo que litigar otros cuatro a?os exigiendo que se cumpliera ese dictamen hasta que, hace unos meses, en julio de 2018, el Tribunal Supremo le dio la raz¨®n y conden¨® a Espa?a por el asesinato de su hija".

La sentencia de este caso, seg¨²n la jurista, es hist¨®rica: "No solo por la reparaci¨®n que supone para ?ngela, a quien el Estado debe indemnizar, sino porque por primera vez se reconoce que un Estado puede ser responsable por la violencia de g¨¦nero si no pone los medios a su alcance para evitarla". Adem¨¢s, la sentencia, al reconocer que el dictamen del CEDAW es vinculante, reconoce la obligaci¨®n del Estado de cumplir con los est¨¢ndares internacionales. Algo que para Waisman tiene un alto impacto en el trabajo de quienes se dedican a la.defensa de los derechos humanos: "Porque podr¨¢n usarla como precedente cuando necesiten exigir al Estado que se apliquen dict¨¢menes internacionales".

La violencia machista m¨¢s all¨¢ de las parejas o exparejas, 2016

M¨¢s informaci¨®n

Toda la informaci¨®n sobre el asesinato de Diana Quer

Diana Quer y Laura Luelmo fueron atacadas, retenidas, violadas y asesinadas por hombres que no conoc¨ªan. "Desaparici¨®n forzada con m¨®vil sexual", define Luc¨ªa Avil¨¦s, de la Asociaci¨®n de Mujeres Juezas de Espa?a. Quer desapareci¨® a mediados de agosto de 2016 y se encontr¨® su cad¨¢ver el 31 de diciembre de 2017; de Luelmo no se supo nada durante cinco d¨ªas, entre el 12 y el 17 de diciembre de 2018. Primero Quer y luego Luelmo abrieron con fuerza el debate sobre el concepto de v¨ªctima: "Se plantea ampliar ese concepto dentro de los par¨¢metros del Pacto de Estado contra la Violencia de G¨¦nero y el Convenio de Estambul (el acuerdo europeo para luchar contra la violencia machista), que ya hab¨ªamos ratificado". Explica Avil¨¦s que la violencia, en cualquiera de sus formas, afecta desproporcionadamente a las mujeres solo por el hecho de serlo y cualquier normativa deber¨ªa ajustarse a esa realidad: "Desde 2016, tanto la Delegaci¨®n del Gobierno para la Violencia de G¨¦nero como el Observatorio se comprometieron a recoger datos de otras formas de violencias machistas y el Consejo General del Poder Judicial dio el paso y empez¨® a hablar de feminicidios despu¨¦s de estudiar varias sentencias de 2016".

M¨¢s informaci¨®n

Toda la informaci¨®n sobre el asesinato de Laura Luelmo

Desde el pasado 1 de octubre, la Delegaci¨®n recoge datos de forma oficial para confeccionar una nueva estad¨ªstica de violencia machista en paralelo a la existente. "Hay que preguntarse por qu¨¦ desde 2014 que ratificamos el Convenio de Estambul no se ha adaptado nuestro ordenamiento jur¨ªdico, por qu¨¦ estas resistencias, ?estamos preparados como sociedad para enfrentarnos a las cifras que habr¨ªa si contabiliz¨¢ramos todas las formas de violencia [mutilaci¨®n genital femenina, violencia econ¨®mica, trata, prostituci¨®n, matrimonios forzados...]?". Avil¨¦s se decanta por la diligencia debida, un concepto jur¨ªdico recogido en el Derecho Internacional: "Determina que el Estado tiene que asumir compromisos para protegener intereses o bienes jur¨ªdicos relevantes. En este caso, se tratar¨ªa de cumplir los compromisos a nivel mundial asumidos en materia de g¨¦nero".

La revisi¨®n de los delitos sexuales en el C¨®digo Penal, 2018

M¨¢s informaci¨®n

Toda la informaci¨®n sobre el caso de La Manada

La madrugada del 7 de julio de 2016 cinco hombres abusaron de una chica de 18 a?os en un portal de Pamplona. Lo que sucedi¨® aquella primera noche de sanfermines se convirti¨® en uno de los casos m¨¢s medi¨¢ticos en la historia espa?ola, el caso de La Manada. Desde aquel d¨ªa, la historia y el procedimiento judicial, inacabado, "evidenciaron una visi¨®n machista de la justicia y pusieron de manifiesto, m¨¢s que nunca, la necesidad de juzgar desde una perspectiva de g¨¦nero", apunta Mar¨ªa Andr¨¦s, abogada de familia y feminista. Los cinco hombres, condenados a nueve a?os por abuso sexual con prevalimiento, esperan ahora en libertad la decisi¨®n del Tribunal Supremo, despu¨¦s de pasar por la Audiencia Provincial de Navarra y el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad foral, cuyas decisiones provocaron manifestaciones y protestas en las calles, en las redes sociales, en los medios e, incluso, a nivel pol¨ªtico e internacional.

El tratamiento de la v¨ªctima durante el juicio y la calificaci¨®n del delito ¡ªsi era abuso, sin violencia o intimidaci¨®n, o agresi¨®n sexual, con abuso o intimidaci¨®n¡ª fueron los detonantes de las movilizaciones. M? Eug¨¨nia Gay, decana del Colegio de la Abogac¨ªa de Barcelona (ICAB), habla de la "fractura entre el sentimiento popular de la ciudadan¨ªa y el sistema judicial" que supuso la sentencia. "Y a su vez, algo m¨¢s grave: que algo ha fallado". Explica que, en Espa?a, el C¨®digo Penal recoge que una relaci¨®n sexual sin consentimiento mutuo es un delito contra la libertad sexual de las mujeres: "Si el consentimiento necesario en toda relaci¨®n es vulnerado, las mujeres v¨ªctimas son despojadas de la libertad, autoridad y oportunidad de las que disfruta el hombre". Por eso asegura que tanto el fallo como los votos particulares (que supusieron dos visiones enfrentadas de unos mismos hechos probados: abuso sexual con prevalimiento frente al "jolgorio sexual" al que se refiri¨® uno de los magistrados) "deben hacer reflexionar sobre si se debe reformar el C¨®digo Penal y la necesidad de juzgar con perspectiva de g¨¦nero, empezando por el consentimiento como tema de m¨¢xima urgencia".

A partir de aquella sentencia, una comisi¨®n reformada para incorporar m¨¢s mujeres (ahora mayor¨ªa) estudia la reforma de los delitos sexuales en el C¨®digo Penal. "E important¨ªsimo", a?ade Mar¨ªa Andr¨¦s, "se abri¨® el mel¨®n de la exigencia de la formaci¨®n en todos los operadores jur¨ªdicos". Algo que en el ¨¢mbito judicial se puso en octubre sobre la mesa del Congreso con un cambio que todav¨ªa no se ha cerrado para convertir la violencia de g¨¦nero en una especialidad jur¨ªdica como la de Mercantil o Menores, que requerir¨¢ m¨¢s de un a?o de preparaci¨®n y no unas cuantas horas de curso on line, como hasta ahora.

M¨¢s informaci¨®n

El Supremo establece como agravante en violencia machista que un ni?o perciba la agresi¨®n aunque no la vea

El pasado abril, el Tribunal Supremo estableci¨® en una sentencia que un agresor por violencia machista podr¨¢ ser condenado con el agravante ¡°en presencia de menores¡± aunque los ni?os no vean directamente la agresi¨®n. La sentencia dice que, aunque los ni?os no est¨¦n presentes, ¡°escuchan y son plenamente conscientes de lo que est¨¢ sucediendo, percat¨¢ndose tanto de las expresiones verbales que contienen un componente agresivo o violento, como del ruido que es propio de un golpe o de otra agresi¨®n¡±. La abogada y durante diez a?os presidenta de la Comisi¨®n para la Investigaci¨®n de Malos Tratos a Mujeres de Espa?a Consuelo Abril lleva cuatro d¨¦cadas dedicada al derecho de familia y cuenta que nunca ha dejado que los menores est¨¦n presentes en su despacho, porque sabe lo que sucede: "Cuando est¨¢n donde hay una tensi¨®n latente que puede estallar, de forma verbal o f¨ªsica, hay algo que les marca para siempre. Se tapan los o¨ªdos, si est¨¢n en casa se meten debajo de las s¨¢banas de su cama o se esconden donde pueden...". Esta sentencia, para la abogada, se acerca m¨¢s a la realidad que debe configurar la justicia, porque "los ni?os sienten esa carga emocional, notan los tonos de voz y el clima que hay en cualquier ambiente. Protegerlos es tambi¨¦n nuestro deber, para el presente y para el futuro, porque a veces, una exposici¨®n permanente a estas situaciones normaliza las conductas violentas".

M¨¢s informaci¨®n

El maltrato sin lesiones tambi¨¦n implicar¨¢ alejamiento

Para Alba P¨¦rez, abogada de la Plataforma 7N, la sentencia del juez Llarena de agosto de 2018 sobre la implicaci¨®n de una orden de alejamiento cuando exista maltrato aunque no haya lesiones es "una importante resoluci¨®n con perspectiva de g¨¦nero". El fallo, que unific¨® el criterio sobre esta cuesti¨®n ¡ªlas audiencias provinciales no hab¨ªan mantenido una idea uniforme al respecto¡ª, aleg¨® adem¨¢s que tirar del brazo de una mujer, empujarla o agarrarla del pelo puede ser penado con prisi¨®n de entre seis meses y un a?o. "Aqu¨ª, la justicia est¨¢ entendiendo que la integridad ps¨ªquica de la v¨ªctima tambi¨¦n es algo que proteger, y es lo que debe hacer la justicia, abarcar la violencia en todas sus manifestaciones y orientarse hacia una mayor protecci¨®n de las v¨ªctimas".

Durante el a?o pasado, adem¨¢s, el Supremo interpret¨® por primera vez en qu¨¦ casos hay que aplicar la agravante de g¨¦nero, estableci¨® que ya no har¨¢ falta probar la intenci¨®n machista para que una agresi¨®n sea violencia de g¨¦nero, e inclus¨® dict¨® c¨®mo se tiene que medir la distancia en las ¨®rdenes de alejamiento.

Para las expertas, estos avances configuran la posibilidad de un futuro en el que la perspectiva de g¨¦nero sea inherente a la justicia, y aunque no todas son siempre optimistas?¡ªla abogada Mar¨ªa Andr¨¦s asegura que 2019 tendr¨¢ que ser "por fuerza" el doble de feminista para hacer frente a la tempestad pol¨ªtica [en referencia a Vox]¡ª lo intentan. Alba P¨¦rez recuerda que "una justicia justa que aplica la perspectiva de g¨¦nero nos hace avanzar hacia una sociedad igualitaria", y en esa misma l¨ªnea concluye Octavio Salazar, que dice que "una democracia no puede funcionar sin igualdad material, real". Viviana Waisman, la presidenta de Women's Link, a?ade que estas resoluciones son una manera "de abrir la puerta a que el sistema de protecci¨®n mejore y otras mujeres no pasen por lo mismo". Al final, sentencia la fiscal Flor de Torres, todo es cuesti¨®n de "empat¨ªa". "La justicia tiene que ser el espejo de una realidad, nosotros hemos de hacer bien nuestro trabajo, llegando al equilibrio de que la sociedad entienda las resoluciones judiciales y la justicia haga lo propio con las demandas sociales".