La jueza que investiga las agresiones en el centro de menores de Ateca cree que el exdirector puede ser cooperador necesario

La investigaci¨®n por las supuestas agresiones, torturas y vejaciones en el centro de menores de la localidad zaragozana de Ateca sigue su curso y la instructora, Aida Ram¨ªrez, ha tomado declaraci¨®n al exdirector de las instalaciones como nuevo investigado al considerar que existen indicios suficientes de que pudiera ser cooperador necesario de estos delitos. La investigaci¨®n comenz¨® en junio con la denuncia de dos de los internos, que aseguraban haber sido maltratados, privados de comida y objeto de violencia sexual. En este punto de la instrucci¨®n el n¨²mero de menores que ha denunciado asciende a 19. Tras la toma de declaraci¨®n, la jueza ha dejado al hombre en libertad al no apreciar riesgo de reincidencia ni de fuga.

El avance de las pesquisas es lo que ha llevado a considerar que el antiguo responsable del centro, que estuvo al frente entre junio de 2017 y julio de 2024, era part¨ªcipe e incluso cooperador necesario de las irregularidades del mismo. El exdirector, Miguel ?ngel V. P., fue detenido el lunes en la localidad madrile?a de M¨®stoles por la Guardia Civil y trasladado hasta Calatayud, cuyo juzgado ha asumido la causa, para prestar declaraci¨®n este martes. El investigado ha negado los delitos que se investigan y ha asegurado que este centro fue ¡°ejemplo para otros¡± en el resto de Espa?a por su funcionamiento.

En el auto de puesta en libertad, Ram¨ªrez exime que ¡°existen indicios racionales y suficientes de criminalidad para imputarle la posible comisi¨®n de un delito de omisi¨®n del deber de socorro, lesiones, torturas, contra la integridad moral, y agresi¨®n sexual a menores de edad como cooperador¡±. La jueza a?ade que todos estos indicios deben ser investigados a lo largo de la instrucci¨®n.

La causa criminal comenz¨® en junio, con la denuncia de las madres de dos internos, que aseguraban que sus hijos hab¨ªan sido maltratados, encerrados en una habitaci¨®n, que se les hab¨ªa negado la comida y se les hab¨ªa prohibido la comunicaci¨®n con sus familias. Tras los primeros pasos de la investigaci¨®n, la jueza envi¨® a prisi¨®n sin fianza al responsable del centro y a cuatro educadores. Ya en ese primer momento, la instructora ordenaba la b¨²squeda de chicos cuyo paradero era desconocido tras haberse fugado del centro para saber si el maltrato era la causa por la que se hab¨ªan escapado. Las madres de los primeros denunciantes aseguraban a EL PA?S haber recibido mensajes y llamadas de muchos otros afectados que dec¨ªan haber sido maltratados en el centro a lo largo de los ¨²ltimos a?os. El Tribunal Superior de Justicia de Arag¨®n confirma que se han incorporado otras 17 denuncias a la causa.

Esta instituci¨®n lleva abierta desde 2017 en esta localidad zaragozana de apenas 1.800 habitantes, pertenece a una entidad privada, pero tiene concierto con el Gobierno de Arag¨®n para alojar a 20 menores tutelados por la Administraci¨®n. Se trata de una instituci¨®n especializada en ni?os y adolescentes con problemas de conducta. En el edificio viv¨ªan adolescentes bajo la custodia de los gobiernos de Arag¨®n, Baleares y Pa¨ªs Vasco.

Tras la declaraci¨®n de este nuevo investigado, la jueza lo dej¨® en libertad al alegar que no hab¨ªa riesgo de que interfiriera en los menores, ya que est¨¢ jubilado, no trabaja ya con ni?os ni se ha acreditado que en todo este tiempo se pusiera en contacto con ninguna de las presuntas v¨ªctimas. La instructora tampoco aprecia riesgo de fuga o destrucci¨®n de pruebas, pero s¨ª le impone medidas como la retirada del pasaporte y la comparecencia en un juzgado cada lunes.

Tras la entrada en prisi¨®n de los educadores y el director, el Gobierno de Arag¨®n anunci¨® que iniciaba su propia investigaci¨®n para saber qu¨¦ hab¨ªa fallado y notific¨® la primera consecuencia del caso: abrir un expediente disciplinario a la funcionaria responsable del servicio de tutela y atenci¨®n a la infancia. El Ejecutivo aragon¨¦s asegur¨® que tomaba esta decisi¨®n porque hab¨ªa constatado ¡°deficiencias en los canales de informaci¨®n y comunicaci¨®n¡±. Las madres de los primeros denunciantes explicaron que hab¨ªan acudido en reiteradas ocasiones a los servicios sociales para hacerles part¨ªcipes de las irregularidades y que estos solo se comunicaron con el centro, quien les aseguraba que ellas eran una mala influencia para los menores. El resto de implicados permanece en prisi¨®n provisional.