Guerra a muerte para acabar con las descargas en Reino Unido

Los que usen programas como eMule o BiTorrent en el Reino Unido (y son m¨¢s de seis millones) pueden tener los d¨ªas contados. El cerco que est¨¢ construyendo en torno a ellos la industria discogr¨¢fica y las entidades de gesti¨®n de derechos es ya asfixiante. El ¨²ltimo cap¨ªtulo de esta guerra a muerte contra los usuarios de programas de intercambio de archivos p2p (peer to peer) ha sido la carta remitida por British Phonographic Industry(BPI) a los proveedores de acceso a Internet (ISP) conmin¨¢ndoles a que si en 14 d¨ªas no toman medidas contra los clientes que realizan descargas masivas emprender¨¢ acciones legales.

La BPI, la asociaci¨®n de gesti¨®n de derechos m¨¢s importante del Reino Unido y que defiende los intereses de la industria discogr¨¢fica, se?ala que las compa?¨ªas de acceso a Internet tienen que empezar a tomarse en serio el problema de las descargas "ilegales", y que su misiva s¨®lo trata de a concienciar a las ISP.

La BPI quiere que se aplique el llamado modelo de los tres-strikes, que permite la legislaci¨®n brit¨¢nica: primero el ISP avisa al infractor que realiza descargas p2p; luego se le interrumpe la conexi¨®n temporalmente si no hace caso a los avisos, y por ¨²ltimo se le desengancha de la red definitivamente.

Las ISP brit¨¢nicas est¨¢n divididas a prop¨®sito de esta legislaci¨®n. Tiscali, que cuenta con 3,5 millones de clientes, accedi¨® en un principio a las demandas de las asociaciones de gesti¨®n de derechos. El pasado verano desconect¨® a 24 clientes que utilizaban programas de intercambio de archivos para bajarse canciones. Pero tras la avalancha de quejas y la amenaza de muchos de sus clientes de que se iban a dar de baja, cambi¨® su pol¨ªtica y no volvi¨® a remitir avisos. Virgin Media reconoci¨® la semana pasada que estaba en negociaciones con las asociaciones de gesti¨®n de derechos para aplicar alg¨²n tipo de control sobre los usuarios de p2p.

Sin embargo, la m¨¢s beligerante ha sido Talk Talk, el tercer ISP brit¨¢nico. Su consejero delegado, Charles Dunstone, quien, tras calificar de "grosera" la misiva de la BPI, ha advertido que "nadie le va a decir a nuestros clientes lo que tienen que hacer y lo que no".Dunstone considera que la industria discogr¨¢fica quiere cargar a las telecomunicaciones el fracaso de su pol¨ªtica a la hora de adaptarse a los nuevos formatos digitales y la revoluci¨®n que ha supuesto Internet para los contenidos audiovisuales.

La legislaci¨®n brit¨¢nica no reconoce, como s¨ª lo hacen la de Espa?a y Francia, el derecho a la copia privada, por lo que no hay ning¨²n tipo de canon compensatorio. La BPI, que act¨²a como la Sociedad General de Autores (SGAE) espa?ola, quiere crear una red de agentes para detectar los IP (el n¨²mero de identificaci¨®n de cada conexi¨®n) desde los que se realizan las descargas masivas y avisar al ISP, que se encargar¨ªa de advertir a su cliente para que cese su actividad.

En Espa?a, las entidades de gesti¨®n quieren que se aplique un modelo similar de vigilancia y corte de suministro, aunque, por el momento, sin ¨¦xito. De hecho, intentaron introducir un articulo (el famoso 17 bis) en la Ley para el Impulso de la Sociedad de la Informaci¨®n, pero los grupos parlamentarios rechazaron sus pretensiones. En Espa?a, no es delito las descargas siempre que no tengan un fin lucrativo (top manta, venta pirata, distribuci¨®n por Internet previo pago, etc¨¦tera), seg¨²n una instrucci¨®n de la Fiscal¨ªa General del Estado.

La UE trabaja en la armonizaci¨®n de las legislaciones acerca del p2p pero, por ahora, no hay ni siquiera un principio de acuerdo entre los miembros sobre el calendario de trabajo y, menos a¨²n, un borrador sobre la regulaci¨®n. El ¨²nico pa¨ªs del mundo en el que se persiguen las descargas por p2p es Jap¨®n, aunque muchos de los expedientes resueltos en las v¨ªas administrativas han acabado en los tribunales.