La migraci¨®n en el primer d¨ªa de Trump: una inc¨®gnita entre promesas ambiciosas?de?mano?dura

Los primeros 100 d¨ªas de una nueva Administraci¨®n suelen definir las prioridades del Gobierno que se estrena. Pero con Donald Trump esto se sabe desde antes: la pol¨ªtica migratoria protagonizar¨¢ sus primeras medidas. A lo largo de toda la campa?a el presidente electo ha prometido una aproximaci¨®n radical a la migraci¨®n que incluye deportaciones masivas, cancelaci¨®n de programas de acogida, cierre de la frontera y cambios legales que conlleven la expulsi¨®n de millones de migrantes, con y sin papeles, a quienes culpa de todos los males del pa¨ªs. ¡°Esperamos que haga algo grande el primer d¨ªa, pero no sabemos exactamente qu¨¦¡±, dice Douglas Rivlin, portavoz de la asociaci¨®n pro migrantes America¡¯s Voice, aunque podr¨ªa estar hablando en nombre de millones y millones que miran con inquietud el 20 de enero en sus calendarios, el d¨ªa que comienza la segunda presidencia de Trump.

En la campa?a ya anunci¨®, sin sonrojarse ante el estupor de tantos, que al llegar a la Casa Blanca ser¨ªa ¡°dictador por un d¨ªa¡±. Y durante el gran evento a finales de la campa?a en el Madison Square Garden de Nueva York, especific¨® que no esperar¨ªa para desplegar lo que ha sido el n¨²cleo de su discurso y promesas en la contienda electoral: ¡°El primer d¨ªa lanzar¨¦ el mayor programa de deportaci¨®n en la historia de Estados Unidos para sacar a los criminales¡±, dijo. Con este historial de declaraciones, las ¨®rdenes que firme inmediatamente despu¨¦s de la inauguraci¨®n de su mandato son fuente de incertidumbre, y temor, entre los expertos, las organizaciones que trabajan a favor de los migrantes y la poblaci¨®n previsiblemente afectada.

El lunes pasado el presidente electo avanz¨® que declarar¨¢ una ¡°emergencia nacional¡± por el tema migratorio y usar¨¢ a los militares para poner en acci¨®n sus planes, seg¨²n public¨® en su red social Truth. Sin embargo, no queda claro c¨®mo funcionar¨¢ eso, pues la legislaci¨®n de Estados Unidos no permite que los soldados detengan directamente a la poblaci¨®n civil. Por lo cual, dicen los expertos, lo m¨¢s probable es que la declaraci¨®n de emergencia lo que permita sea hacer uso de recursos militares, como edificios, computadoras, veh¨ªculos, etc...

Asimismo, declarar una ¡°emergencia nacional¡± dotar¨ªa al presidente de ciertas autoridades extraordinarias, que es improbable que el Congreso limite dada la mayor¨ªa republicana en ambas c¨¢maras. Junto con un poder judicial af¨ªn, con jueces nombrados por ¨¦l, incluidos tres de los seis magistrados de la mayor¨ªa conservadora del Tribunal Supremo, anulan la posibilidad de una oposici¨®n similar a la que tuvo en su primer mandato cuando vet¨® temporalmente a personas de varios pa¨ªses de mayor¨ªa musulmana o busc¨® acabar con programas de protecci¨®n para migrantes.

A pesar de tener viento a favor y mares tranquilos, la deportaci¨®n de millones de personas ¡ªla cifra oficial de migrantes indocumentados que se encuentran en el pa¨ªs es de 11 millones, aunque Trump ha dicho muchas veces, sin pruebas, que ¨¦l cree que son hasta 25 millones¡ª, presenta grandes desaf¨ªos log¨ªsticos y presupuestarios. Si se aterriza en la realidad, es dif¨ªcil que el republicano pueda solventar estos obst¨¢culos r¨¢pidamente. ¡°La mayor¨ªa de los migrantes indocumentados llevan en el pa¨ªs m¨¢s de una d¨¦cada. Por ello, no se les puede deportar sin haber tenido antes una audiencia ante un juez, y con el atasco de casos que hay en los tribunales, una expulsi¨®n masiva no parece muy probable. Tendr¨ªan que contratarse cientos de jueces, lo que lleva tiempo¡±, explica Ahilan Arulanantham, profesor y codirector del Centro de Pol¨ªtica y Leyes de Inmigraci¨®n de UCLA. En la actualidad hay m¨¢s de tres millones de casos pendientes en los tribunales de inmigraci¨®n.

Otro problema que enfrentar¨ªa Trump es la colaboraci¨®n de las autoridades locales. Muchos de los Estados donde hay un mayor n¨²mero de migrantes, como California, Illinois y Nueva York, est¨¢n gobernados por dem¨®cratas, que no permiten que sus agentes trabajen para la agencia federal de inmigraci¨®n y han asegurado que no van a ayudar al presidente electo en su agenda migratoria. El martes pasado, Los ?ngeles se declar¨® ¡°ciudad santuario¡±, como ya lo son San Francisco, Nueva York, Chicago o Denver, entre muchas m¨¢s, lo que implica que protege a los inmigrantes que viven en la ciudad, prohibiendo el uso de recursos y el personal local para llevar a cabo la aplicaci¨®n de las leyes federales de inmigraci¨®n. Las ¡°ciudades santuario¡± tambi¨¦n est¨¢n en el punto de la mira de Trump, y con su control absoluto de las ramas legislativa y judicial, es muy previsible que las termine por ilegalizar.

De todas formas, esto puede terminar siendo un problema menor, pues otros Estados como Florida y Texas, gobernados por republicanos, ya han dicho que est¨¢n dispuestos a colaborar en un programa de detenciones y deportaciones. De hecho, esta semana Texas se ha ofrecido como base de operaciones para las deportaciones masivas, poniendo un enorme terreno sobre la frontera a disposici¨®n del presidente electo, y se?alando que es un lugar ¨®ptimo para construir centros de detenci¨®n. El d¨¦ficit de camas para albergar migrantes en espera de deportaci¨®n es un gran obst¨¢culo para los planes del republicano.

Halcones con gusto por el espect¨¢culo al mando

El temor y la ansiedad que ha causado entre los migrantes la promesa de deportaci¨®n se han visto avalados por los nombramientos de Trump para dirigir su pol¨ªtica migratoria. Dos de ellos, Tom Homan y Stephen Miller, son viejos conocidos de la comunidad porque dise?aron y ejecutaron la pol¨ªtica de ¡°tolerancia cero¡± que se tradujo en la separaci¨®n de familias durante el primer mandato del republicano, de 2017 a 2021. Homan fue director del Servicio de Inmigraci¨®n y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingl¨¦s) y ahora recibir¨¢ el t¨ªtulo de ¡°zar de la frontera¡±. En una entrevista realizada en octubre en el programa 60 minutos, de CBS, la periodista le pregunt¨® si existe alguna manera de llevar a cabo deportaciones masivas sin separar a las familias, a lo que Homan respondi¨®: ¡°Por supuesto que s¨ª, las familias pueden ser deportadas juntas¡±.

Miller, por su parte, ser¨¢ el jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, papel desde el que supervisar¨¢ las pol¨ªticas de inmigraci¨®n. Otro nombramiento cr¨ªtico has sido el de la actual gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, f¨¦rrea defensora de las pol¨ªticas antiinmigraci¨®n, como secretaria de Seguridad Nacional.

Trump y su equipo han asegurado que las primeras expulsiones se har¨¢n a las personas que ya tienen orden de deportaci¨®n y a quienes cuentan con antecedentes criminales. ¡°No necesita una orden ejecutiva para deportar a esas personas, pero es posible que lo haga por el teatro que supone¡±, explica Arulanantham. El Gobierno de Biden prioriz¨® en las deportaciones a quienes tienen historial delictivo y casi iguala los 1,5 millones de expulsiones que llev¨® a cabo su antecesor. Trump, sin embargo, deport¨® de forma m¨¢s indiscriminada, sin tener en cuenta si hab¨ªan o no cometido delitos.

El c¨®mo lo har¨¢ esta vez es la gran inc¨®gnita todav¨ªa, aunque Homan ya ha advertido de que habr¨¢ redadas en los lugares de trabajo. ¡°Eso crea mucho espect¨¢culo, pero son m¨¦todos muy ineficientes para arrestar gente y violan muchas normas de la Constituci¨®n¡±, explica Arulanantham. Las organizaciones de migrantes ya est¨¢n prepar¨¢ndose para enfrentar todas las ilegalidades que la nueva pol¨ªtica migratoria pueda suponer. La Uni¨®n Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingl¨¦s), ha presentado esta semana una demanda contra el Gobierno federal alegando que ICE no ha proporcionado la informaci¨®n b¨¢sica sobre sus contratos existentes con compa?¨ªas a¨¦reas privadas, servicios de transporte terrestre, aer¨®dromos y pol¨ªticas que rigen los vuelos de deportaci¨®n, incluyendo aquellos que llevan ni?os. ACLU sostiene la necesidad de obtener esa informaci¨®n ante la inminente llegada de Trump. Durante su primer mandato esta organizaci¨®n present¨® m¨¢s de 400 demandas contra su Gobierno.

Ilegalizar a quienes residen legalmente

Pero no solo los migrantes sin papeles est¨¢n bajo la mira de la nueva Administraci¨®n. Hay varios programas que permiten que extranjeros residan de forma legal, aunque temporal, en el pa¨ªs y que est¨¢n amenazados con desaparecer. Uno de los primeros programas que cancelar¨ªa es el TPS (Estatus de Protecci¨®n Temporal), creado en 1990 para permitir la residencia a las cuyos pa¨ªses de origen son considerados inseguros. Biden ampli¨® su alcance e incluy¨® a haitianos y venezolanos. El grupo m¨¢s grande de beneficiarios es el de El Salvador (195.000 personas), seguido de Honduras (57.000 personas) y Hait¨ª (50.000 personas). Tambi¨¦n estar¨ªa en la mira el Parole (permiso) Humanitario, que ha permitido que m¨¢s de 500.000 cubanos, haitianos, nicarag¨¹enses y venezolanos entren a Estados Unidos y permanezcan legalmente por dos a?os si tienen en el pa¨ªs un patrocinador financiero.

Adem¨¢s, casi 600.000 personas podr¨ªan estar sujetas a la deportaci¨®n si acaba, como ya pretendi¨® en su anterior mandato, con el programa DACA. Aprobado durante la presidencia de Barack Obama, este programa concede el permiso para residir y trabajar a quienes llegaron de forma ilegal al pa¨ªs siendo ni?os. Los llamados dreamers son ya adultos que han echado ra¨ªces y formado familias en el que consideran su pa¨ªs. Este programa est¨¢ actualmente paralizado por un fallo judicial que respond¨ªa a una petici¨®n de varios Estados republicanos para cancelarlo.

Para frenar nuevas entradas, otra de las medidas que aprob¨® Biden y que es probable que sea eliminada es la CBP One, una aplicaci¨®n a trav¨¦s de la cual los migrantes pueden agendar una cita para solicitar el asilo. Casi un mill¨®n de personas ha cruzado la frontera de forma legal gracias a ella. Junto con esto, avanzar m¨¢s en la construcci¨®n del muro en la frontera con M¨¦xico y recuperar la pol¨ªtica que obliga a los migrantes a permanecer en el pa¨ªs vecino mientras se gestionan sus solicitudes de asilo, son dos medidas m¨¢s que se espera Trump ponga en marcha en los primeros d¨ªas de su mandato.

Las organizaciones pro migrantes est¨¢n alertando del drama y el caos que desencadenar¨ªan los planes de Trump, teniendo en cuenta que no solo afectar¨ªan a los deportados, sino tambi¨¦n a sus familiares. ¡°Son, en realidad, planes masivos de separaci¨®n familiar. Estas pol¨ªticas afectar¨ªan a m¨¢s de 28 millones de personas de familias de estatus mixto e indocumentadas, incluidos m¨¢s de 20 millones de latinos, aproximadamente uno de cada tres latinos en los Estados Unidos¡±, calcula Phillip Connor, dem¨®grafo de FWD.us.

A las repercusiones sociales se suman las consecuencias econ¨®micas, de las que ya han alertado muchos economistas. La p¨¦rdida de la fuerza laboral, la ca¨ªda de la demanda en el consumo y la falta de ingresos por los impuestos que pagan los migrantes, supondr¨ªan una ca¨ªda del crecimiento del PIB de entre un 2,6 y un 6%, una posible recesi¨®n. El coste de las deportaciones en s¨ª est¨¢ calculado en 315.000 millones de d¨®lares por el Consejo Americano de Inmigraci¨®n. Pero para Trump, como declar¨® en una reciente entrevista a NBC, eso, ni nada m¨¢s ser¨¢ un impedimento. ¡°No es una cuesti¨®n de precio. En realidad, no tenemos otra opci¨®n¡±.