Un tribunal de apelaciones decide la legalidad del programa DACA

Este jueves 10 de octubre un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 5? Circuito, con sede en Nueva Orleans, oir¨¢ los argumentos para mantener el programa DACA, actualmente bloqueado. Su decisi¨®n afectar¨¢ a m¨¢s de 500.000 beneficiarios, los llamados dreamers, inmigrantes que ingresaron indocumentados en el pa¨ªs cuando eran menores y a quienes el programa les otorga protecci¨®n temporal para residir y trabajar en el pa¨ªs.

¡°La situaci¨®n de DACA es precaria¡±, admite Nina Perales, vicepresidenta de litigios del Fondo Mexicano-Estadounidense de Educaci¨®n y Defensa Legal (MALDEF, por sus siglas en ingl¨¦s). Perales presentar¨¢ los argumentos ante la Corte para rebatir el fallo del juez de distrito Andrew S. Hanen, que el a?o pasado declar¨® ilegal el programa, y que ha sido apelada por la Administraci¨®n de Joe Biden y varias organizaciones pro inmigrantes.

El magistrado daba as¨ª la raz¨®n al grupo de Estados gobernados por republicanos y liderados por Texas que ya en 2018 presentaron una demanda cuestionando su legalidad. El juez Hanen se pronunci¨® contra el programa en 2021 y volvi¨® a hacerlo en septiembre de 2023.

No hay previsi¨®n de cu¨¢ndo se pronunciar¨¢ el tribunal, pero los defensores de DACA apuestan por que el panel de jueces reafirme la decisi¨®n previa de considerarlo ilegal, lo que elevar¨ªa el caso ante el Tribunal Supremo. En caso de que el Alto Tribunal se pronuncie en contra, podr¨ªa acabar en el desmantelamiento de la protecci¨®n que lleva en vigor desde 2012, a?o en el que el Gobierno de Barak Obama la aprob¨®. Un fallo en contra de DACA pondr¨ªa a m¨¢s de medio mill¨®n de personas al borde de la deportaci¨®n.

¡°Estos ataques contra los inmigrantes y DACA son un paso m¨¢s de un esfuerzo a gran escala para socavar nuestra democracia, poner en marcha deportaciones masivas y garantizar que nuestros servicios, como el de salud y los educativos, se vean perturbados y desmantelados¡±, denuncia Greisa Mart¨ªnez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream Action, la mayor organizaci¨®n de j¨®venes que defienden los derechos de los inmigrantes en el pa¨ªs. Como una de las beneficiadas por DACA, Mart¨ªnez Rosas defiende que el programa ha sido ¡°un salvavidas¡± para las familias, y que ha sufrido ataques por parte de los republicanos desde la ¨¦poca de la presidencia de Donad Trump.

La deportaci¨®n masiva de migrantes es la promesa estrella del republicano, cuya estrategia electoral se ha basado en difundir bulos que responsabilizan a los migrantes de los males del pa¨ªs, desde el encarecimiento de la vivienda hasta un falso aumento de la delincuencia. DACA concede el permiso de trabajo a los migrantes que nacieron despu¨¦s del 16 de junio de 1981 y llegaron al pa¨ªs de forma ilegal siendo menores de 16 a?os. El fallo que mantiene el programa bloqueado proh¨ªbe que se reciban nuevas solicitudes, aunque permite que las que ya fueron aprobadas contin¨²en renov¨¢ndose, lo que se debe hacer cada dos a?os.

La embestida del candidato republicano contra los inmigrantes ha estado plagada de acusaciones falsas y disparatadas durante toda la campa?a, promoviendo un sentimiento antiinmigrante que ha calado entre muchos votantes. El lunes pasado, en una entrevista en el programa de radio de Hugh Hewitt, Trump volvi¨® a culpar a la Administraci¨®n de Biden de haber permitido la entrada de 13.000 asesinos al pa¨ªs e incluso afirm¨® que los migrantes tienen ¡°genes malos¡±, aunque sus asesores aclararon que se refer¨ªa a los criminales.

Mart¨ªnez Rosas advierte del peligro que supone para DACA el Proyecto 2025, que se vincula al programa de Trump. ¡°DACA es una de sus prioridades. El proyecto 2025 no es una promesa lejana de propuestas pol¨ªticas draconianas. Est¨¢ aqu¨ª. Sus ideas se est¨¢n implementando en estados como Arizona, Texas, Florida y en los tribunales de Nueva Orleans¡±, se?ala.

En los Estados republicanos hay iniciativas legales para impedir el acceso de los migrantes a los servicios de salud y de educaci¨®n. Aunque tienen permiso para trabajar, los beneficiarios de DACA carecen de un estatus de residencia legal permanente o de una forma de conseguir la ciudadan¨ªa. Por lo tanto, tampoco pueden acceder a los subsidios federales, como los que rebajan el costo de los seguros m¨¦dicos que, sin ellos, son pr¨¢cticamente inviables. De los 580.000 beneficiarios de DACA, m¨¢s de una cuarta parte no tiene cobertura de seguro m¨¦dico.

Uno de los argumentos que expondr¨¢n los defensores de DACA en Nueva Orleans es que los Estados que iniciaron la demanda no pod¨ªan hacerlo, pues no est¨¢n perjudicados por el programa. Otro de los argumentos pone en evidencia la supuesta ilegalidad del programa, ya que puede incluirse en una categor¨ªa de baja prioridad para los procedimientos de expulsi¨®n que contempla el Departamento de Seguridad Nacional.

Manteniendo Familias Unidas

El mismo panel que escuchar¨¢ a las partes en el caso de DACA iba a recibir en audiencia a los defensores del programa Manteniendo a las Familias Unidas, conocido en ingl¨¦s como Parole in Place. Una decisi¨®n judicial en la noche del viernes cancel¨® la audiencia, frustrando a la defensa que hab¨ªa apelado contra la paralizaci¨®n del programa, ordenada por un juez pocos d¨ªas despu¨¦s de entrar en vigor, y dejando a m¨¢s de medio mill¨®n de migrantes en la incertidumbre.

Aprobado por Biden en junio de este a?o, Parole in Place se convirti¨® en la mayor reforma migratoria de su Administraci¨®n al conceder la residencia a los c¨®nyuges de ciudadanos estadounidenses, pero fue interrumpido unos d¨ªas despu¨¦s por un juez federal de Texas.

Para acceder al programa, los beneficiados deben haber vivido en Estados Unidos un m¨ªnimo de 10 a?os y haberse casado con un ciudadano estadounidense antes del 18 de junio. Adem¨¢s, no pueden suponer una amenaza nacional ni tener antecedentes penales. De media, los beneficiados han vivido m¨¢s de dos d¨¦cadas en Estados Unidos.

El fallo judicial dio una victoria para el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien lider¨® una demanda a la que se sumaron otros 15 Estados republicanos para bloquear el programa, alegando que es inconstitucional porque se aprob¨® sin la autorizaci¨®n del Congreso.

Durante una hora y media la decisi¨®n de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans levant¨® el veto al programa, pero el juez de distrito impuso de nuevo su paralizaci¨®n, que durar¨¢ hasta al menos el 5 de noviembre, d¨ªa en el que se ha fijado la audiencia y que coincide con el d¨ªa de las elecciones generales.

¡°El Centro de Acci¨®n de Justicia (JAC por sus siglas en ingl¨¦s) se estaba preparando para compartir las historias de nuestros clientes, esposos y esposas que quieren que el Gobierno honre sus matrimonios reconociendo su derecho a estar aqu¨ª y permanecer juntos en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. Pero desafortunadamente, el viernes por la noche, en una decisi¨®n no anunciada, el tribunal cancel¨® nuestra audiencia y le neg¨® a nuestros clientes su aparici¨®n en el tribunal¡±, explica Esther Sung, directora de procesos legales de JAC, que representa a 11 individuos afectados que hab¨ªan recurrido la paralizaci¨®n del programa.

Ashley DeAzevedo, presidenta de la organizaci¨®n American Families United, que representa a 1,1 millones de ciudadanos estadounidenses casados con indocumentados, est¨¢ casada con un migrante indocumentado que se beneficiar¨ªa del programa. En su opini¨®n, la coincidencia de poner la audiencia el mismo d¨ªa que las elecciones no es fortuita: ¡°Obliga a familias como la m¨ªa a tomar una decisi¨®n de quedarse en casa y votar y asegurarnos de que protegemos a nuestras familias con nuestro voto, o viajar a Texas para ser testigos de la audiencia que determinar¨¢ el futuro de nuestros seres queridos. No es accidental. Es pol¨ªtico¡±, denuncia.