¡°Mi hijo ser¨¢ ap¨¢trida¡±: los planes de Trump condenan a una generaci¨®n de ni?os a no tener nacionalidad

Como era de prever, un juez ha bloqueado temporalmente el decreto presidencial que eliminaba el derecho a la nacionalidad por nacimiento por considerarlo ¡°inconstitucional¡±. A pesar de que semanas antes de su investidura Donald Trump hab¨ªa anunciado que lo har¨ªa, muchos expertos cre¨ªan que no cumplir¨ªa su promesa porque desaf¨ªa la Constituci¨®n, que desde 1868 recoge esa garant¨ªa en su Decimocuarta Enmienda. Sin embargo, despojar de ese derecho a los ni?os por el estatus migratorio de sus padres fue uno de los primeros decretos que firm¨® el magnate. Aunque el bloqueo temporal deja en el aire su implementaci¨®n, miles de familias se sienten amenazadas por una orden ejecutiva que llega cargada de incertidumbre, pues no aclara muchos supuestos y deja en el limbo a los futuros descendientes, formando una generaci¨®n sin ninguna nacionalidad.

¡°Mi hijo van a ser ap¨¢trida. La orden ejecutiva caus¨® mucha confusi¨®n en muchas familias como la m¨ªa, aquellas personas que somos solicitantes de asilo o de TPS no sabemos con claridad qu¨¦ es lo que debemos hacer con esta orden ejecutiva, si aplica para nuestro caso¡±. Son declaraciones de M¨®nica, que prefiere mantener su identidad en el anonimato. Venezolana, de profesi¨®n m¨¦dica, est¨¢ embarazada de 12 semanas y la orden del presidente acaba de dar un vuelco a su gestaci¨®n. ¡°En vez de estar pendientes de que el ni?o venga sano al mundo, estamos estresados, ansiosos, deprimidos por esta situaci¨®n de que ahora nuestros beb¨¦s no pueden ser ciudadanos¡±, lamenta.

M¨®nica es una de las cinco mujeres embarazadas que esta semana han interpuesto una demanda contra el decreto de Trump en el Estado de Maryland, donde residen, apoyadas por las organizaciones CASA, el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo Defensa (ASAP, por sus siglas en ingl¨¦s) y el Instituto de Protecci¨®n Constitucional de la Facultad de Derecho de Georgetown (ICAP).

Solicitante de asilo y bajo el programa de protecci¨®n temporal TPS, M¨®nica teme que cuando su beb¨¦ llegue al mundo a finales de julio o comienzos de agosto no pueda inscribirle en ning¨²n registro y se quede sin ninguna nacionalidad. Venezuela carece de embajada o consulado en Estados Unidos al que acudir y, por el nuevo decreto tampoco podr¨ªa hacerlo en el pa¨ªs donde nace.

La incertidumbre de no saber d¨®nde acudir a registrar a sus hijos y si van a ser ciudadanos de alg¨²n sitio no se limita a los pa¨ªses que, como Venezuela, no tienen representaci¨®n diplom¨¢tica en territorio estadounidense. Los extranjeros solicitantes de asilo han huido de la violencia y persecuci¨®n a la que est¨¢n expuestos en sus respectivos pa¨ªses, por lo que no pueden acudir a sus Gobiernos a pedir la nacionalidad para sus hijos.

¡°Hay muchas personas en Estados Unidos solicitando asilo que temen que sus hijos no van a tener patria. Tienen miedo de ir a la embajada o el consulado de su pa¨ªs de origen porque ya presentaron una petici¨®n en Estados Unidos diciendo que ese Gobierno los ha perseguido.¡± Como solicitantes de asilo, tampoco les est¨¢ permitido viajar fuera del territorio nacional.

Trump ha parado con otro decreto las solicitudes de asilo y no se sabe qu¨¦ pasar¨¢ con las que est¨¢n pendientes. M¨®nica present¨® su solicitud hace seis a?os y a¨²n no ha sido citada para contar su caso. La normativa establece un periodo de 180 d¨ªas, pero el atasco de los casos por falta de personal y de presupuesto en el Departamento de Inmigraci¨®n ha aumentado exponencialmente en los ¨²ltimos a?os. Seg¨²n el informe presentado en julio pasado, a finales de 2023 hab¨ªa m¨¢s de un mill¨®n de casos pendientes.

Si llega a aplicarse, el decreto, que recibe el nombre de Protegiendo el significado y el valor de la ciudadan¨ªa estadounidense, deja muchas dudas sobre a qui¨¦n afectar¨¢. El enunciado recoge que no se otorgar¨¢ la ciudadan¨ªa en dos casos: uno, cuando la madre resida ilegalmente en Estados Unidos y el padre no sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal, y dos, cuando la madre tenga un permiso legal pero temporal (como con una visa de estudiante, trabajo o turista) y el padre no sea ciudadano o residente permanente.

Seg¨²n Rupa Bhattacharyya, directora legal de ICAP, que se encarg¨® de presentar la demanda de Maryland, no est¨¢ claro a qui¨¦n afecta. El segundo supuesto es el que despierta m¨¢s dudas. ¡°Se proporcionan algunos ejemplos para que sepamos que esas personas se ver¨¢n afectadas de inmediato, pero no se define de otra manera, por lo que no est¨¢ claro exactamente qui¨¦nes son. Es vital que la ciudadan¨ªa de una persona sea clara e inequ¨ªvoca, y la orden ejecutiva en este momento lo hace imposible. A muchos ni?os se les negar¨¢ la ciudadan¨ªa. Para otros, la vaguedad de los t¨¦rminos de la orden arroja su estatus en una completa y absoluta incertidumbre¡±, alega.

El juez federal John C. Coughenour, que ha frenado la aplicaci¨®n de la orden por considerarla ¡°descaradamente inconstitucional¡±, se pronunci¨® sobre una demanda de los Estados de Washington, Arizona, Illinois y Oreg¨®n. Al menos se han interpuesto ya seis demandas presentadas por 22 Estados y varias agrupaciones de migrantes en todo el pa¨ªs. En todas ellas se alega la inconstitucionalidad de la orden ejecutiva.

Como el decreto no tiene car¨¢cter retroactivo, si entrara en vigor, crear¨ªa situaciones absurdas dentro de una misma familia, donde algunos hijos ser¨ªan ciudadanos y otros no, pudiendo causar m¨¢s separaciones familiares. Es el caso de Maribel, otra de las mujeres embarazadas que participa en la demanda de Maryland, que tambi¨¦n prefiere no revelar su identidad. Residente en Estados Unidos desde hace dos d¨¦cadas, tiene dos hijos que son ciudadanos. ¡°Temo que a mi hijo que va a nacer se le nieguen los derechos b¨¢sicos de los que disfrutan mis otros hijos, incluido el acceso a la atenci¨®n m¨¦dica y a una educaci¨®n de calidad. Sin las protecciones de la ciudadan¨ªa estadounidense, la Administraci¨®n Trump podr¨ªa incluso intentar arrebatarme a mi beb¨¦ y a nuestra familia y deportarlos a un pa¨ªs que nunca han conocido¡±.

La Decimocuarta Enmienda de la Constituci¨®n especifica que ¡°todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicci¨®n, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen¡±, dejando fuera raras excepciones, como los hijos de diplom¨¢ticos.

Trump sostiene que los padres que no son ciudadanos o tiene residencia permanente no est¨¢n sujetos a la jurisdicci¨®n de Estados Unidos, pero, de momento, su argumento no ha cuajado.

¡°Ning¨²n presidente tiene la autoridad para alterar unilateralmente la Constituci¨®n de los Estados Unidos o su interpretaci¨®n bien establecida por la Corte Suprema, particularmente en el ¨¢rea de los derechos individuales. La orden ejecutiva intenta otorgar un poder que Trump simplemente no tiene. Por derecho, la orden ejecutiva deber¨ªa ignorarse. En t¨¦rminos pr¨¢cticos, puede no ser implementable debido al caos que conllevar¨ªa la creaci¨®n a largo plazo de una clase de ap¨¢tridas en este pa¨ªs¡±, sostiene Thomas A. Saenz, presidente del Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educaci¨®n (MALDEF).