Donald Trump se lanza a una guerra contra las ciudades santuario

Chicago ha sido presentada por el trumpismo desde la campa?a presidencial como una ciudad presa del crimen, hoyo sin ley y hasta zona de guerra. Como el gran ejemplo del caos y la desgobernanza supuestamente generadas por su estatus de ciudad santuario, que impide a las fuerzas de seguridad colaborar con la agencia migratoria para identificar, detener y deportar inmigrantes indocumentados. Trump prometi¨® que ser¨ªa en Chicago donde comenzar¨ªa el desmantelamiento de estas jurisdicciones que limitan la colaboraci¨®n local con el Servicio de Inmigraci¨®n y Control de Aduanas (ICE) y el ahora presidente ha consumado las amenazas. El Gobierno ha abierto todos los frentes con una demanda contra Chicago e Illinois y una investigaci¨®n a varias ciudades en la C¨¢mara de Representantes.

La hoja de ruta ya estaba trazada desde antes. Las l¨ªneas de ataque contra estos lugares, considerados seguros para los migrantes indocumentados a los que Trump quiere deportar en masa, ser¨ªan principalmente dos: una econ¨®mica y otra judicial.

Por un lado, se ha reiterado una y otra vez que se congelar¨¢ la financiaci¨®n federal a las localidades que tuvieran leyes de santuario, desde condados hasta Estados enteros. Por otro lado, los argumentos legales en contra alegan que esas normas u ordenanzas son inconstitucionales porque obstaculizan la implementaci¨®n de las leyes migratorias nacionales, que son de competencia exclusivamente federal.

El lenguaje amenazante usado en una carta enviada a finales de diciembre a 249 jurisdicciones de todo el pa¨ªs no dejaba lugar a dudas de que el objetivo era que las ciudades santuario dieran un paso hacia atr¨¢s de manera voluntaria por el miedo a las consecuencias, econ¨®micas pero tambi¨¦n judiciales. Sin embargo, la insistencia de mantener las pol¨ªticas locales vigentes y el rechazo de numerosos lugares a colaborar con la agenda de deportaci¨®n masiva de Trump han forzado la mano de la Administraci¨®n.

Este mi¨¦rcoles, en su primer d¨ªa completo en el cargo, la nueva fiscal general nombrada por Trump, Pam Bondi, pidi¨® a sus funcionarios identificar administraciones locales que tengan pol¨ªticas que impidan la aplicaci¨®n de la pol¨ªtica migratoria para tomar acci¨®n ¡°donde fuese apropiado¡± e indic¨® que frenar¨ªa la financiaci¨®n desde su departamento a las jurisdicciones santuario ¡ªaunque estos fondos espec¨ªficos son relativamente peque?os¡ª. El jueves, Bondi anunci¨® una demanda en contra de varios funcionarios del Estado de Illinois y su capital, Chicago. Entre los acusados de obstaculizar la aplicaci¨®n de las pol¨ªticas migratorias federales est¨¢n el gobernador, J.B. Pritzker, y el alcalde, Brandon Johnson, que se han vuelto importantes figuras dentro de la oposici¨®n a Donald Trump a nivel nacional.

El Departamento de Justicia cita varias normativas locales y estatales ¡ªcomo la Ley de Confianza de Illinois, la Ley Camino a Seguir y la Ordenanza Ciudad Acogedora de Chicago¡ª y afirma que ¡°est¨¢n dise?adas para interferir y discriminar la aplicaci¨®n de la ley federal de inmigraci¨®n¡±, ¡°en violaci¨®n de la Cl¨¢usula de Supremac¨ªa de la Constituci¨®n de Estados Unidos¡±, que establece que la ley federal prevalece sobre una estatal.

En un comunicado en respuesta, el gobernador Pritzker contest¨®: ¡°A diferencia de Donald Trump, Illinois cumple la ley. La ley bipartidista Illinois TRUST Act, firmada por un gobernador republicano, siempre ha cumplido con la ley federal y todav¨ªa lo hace hoy. Illinois defender¨¢ nuestras leyes que priorizan los recursos policiales para combatir el crimen, al tiempo que permiten a las fuerzas del orden estatales ayudar con la detenci¨®n de criminales violentos¡±.

En el Congreso tambi¨¦n se ha abierto otro frente en la guerra contra las ciudades santuario. El presidente del Comit¨¦ de Supervisi¨®n y Reforma Gubernamental de la C¨¢mara de Representantes, James Comer, anunci¨® la semana pasada una investigaci¨®n en contra de las ciudades santuario y esta semana confirm¨® que los alcaldes de Chicago, Boston, Denver y Nueva York han confirmado su asistencia para testificar en una audiencia ante el comit¨¦ el pr¨®ximo 5 de marzo.

¡°Los alcaldes santuario deben al pueblo estadounidense una explicaci¨®n por las pol¨ªticas municipales que ponen en peligro la seguridad p¨²blica y violan la ley federal de inmigraci¨®n al liberar de nuevo en las calles a peligrosos delincuentes extranjeros ilegales. Estas pol¨ªticas imprudentes en ciudades y Estados gobernados por dem¨®cratas en todo el pa¨ªs han provocado demasiadas tragedias evitables. Tambi¨¦n ponen en peligro a los agentes del ICE, que se ven obligados a tomar medidas m¨¢s dif¨ªciles en jurisdicciones que se niegan a cooperar con las autoridades federales de inmigraci¨®n [...] Las pol¨ªticas de Boston, Chicago, Denver y Nueva York dan prioridad a los delincuentes extranjeros ilegales sobre el pueblo estadounidense. Esto es inaceptable y sus dirigentes deben rendir cuentas. Presionaremos a estos alcaldes para que den respuestas y examinen medidas para hacer cumplir la ley federal de inmigraci¨®n¡±, dice la carta que explica la investigaci¨®n de Comer.

Por ahora, los gobernantes de las jurisdicciones santuario se han mantenido firmes, con la excepci¨®n del alcalde de Nueva York, Eric Adams, que se ha mostrado abierto a colaborar con la Administraci¨®n de Donald Trump y derogar la norma que obliga a la ciudad a no colaborar con la agencia migratoria federal, y tambi¨¦n dar refugio a los migrantes. Pero en el resto del pa¨ªs, localidades dem¨®cratas, desde California hasta Massachusetts, han reiterado su posici¨®n de no colaborar en materia migratoria con el Gobierno de Trump y no han participado en las redadas de ICE que se han llevado a cabo por todo el pa¨ªs desde la primera semana de la segunda presidencia de Donald Trump. Los argumentos son ¨¦ticos, una cuesti¨®n de valores y de la protecci¨®n de la dignidad de los migrantes, pero tambi¨¦n pr¨¢cticos: las leyes santuario son claves para que las comunidades migrantes se atrevan a acercarse a la polic¨ªa y denunciar delitos.

Pero desde el trumpismo no hay contraargumento v¨¢lido para la acusaci¨®n de que son leyes anticonstitucionales y que su aplicaci¨®n significa el sistem¨¢tico refugio de criminales. Y no hay se?ales de que el discurso en su contra se vaya a rebajar. En realidad, siempre ha ido en aumento. La ofensiva lanzada contra las ciudades santuario ahora es una continuaci¨®n de las pol¨ªticas de la primera administraci¨®n de Donald Trump. En esos a?os se intent¨® retener la financiaci¨®n de aquellas jurisdicciones, pero estas se defendieron en los tribunales y ganaron.

Desde entonces, el entorno de Trump ha aprendido de sus errores y tiene nuevos argumentos legales. Adem¨¢s, tiene un aparato institucional alineado, en especial un Tribunal Supremo ultraconservador con tres de los seis jueces de la supermayor¨ªa nombrados por ¨¦l mismo. En el fondo de cualquier audiencia o juicio futuro sobre el tema, esta realidad va a estar presente: si la guerra se prolonga hasta la ¨²ltima instancia, la corte que dar¨¢ el veredicto final es m¨¢s cercana a la posici¨®n de la Administraci¨®n de Trump.