C¨®mo encontrar¨¢ Petro un balance entre eficacia y consenso

¡°La ley es el poder de los que no tienen poder¡±, dijo Gustavo Petro al final de su discurso inaugural, en el d¨¦cimo de sus compromisos: cumplir y hacer cumplir la Constituci¨®n. Esta promesa va al coraz¨®n del reto menos obvio, pero tal vez el m¨¢s duro y transversal, de los que se plantean en su gobierno y que formar¨¢ parte indisoluble de su mandato igual que lo ha hecho de su carrera hasta la Casa de Nari?o: la democracia colombiana est¨¢ en crisis. O m¨¢s bien lo est¨¢ su apoyo popular, y por tanto la credibilidad del sistema y de sus partes ante la ciudadan¨ªa.

Que la democracia est¨¢ en crisis se ha convertido en un lugar com¨²n en la regi¨®n americana, pero hay razones s¨®lidas para pensar que es especialmente profunda en Colombia. La pregunta est¨¢ndar para medir la fe en este sistema es la consideraci¨®n del mismo como superior (o no) a otras formas de gobierno (no democr¨¢tico). Y aunque ese term¨®metro se ha enfriado en toda Am¨¦rica, el enfriamiento ha sido mayor aqu¨ª.

De hecho, Colombia es el segundo pa¨ªs de la regi¨®n en el que m¨¢s ha aumentado el volumen relativo de esc¨¦pticos con la democracia en los ¨²ltimos tiempos.

Resulta interesante contrastar este escepticismo con la situaci¨®n m¨¢s o menos objetiva de la libertad en el pa¨ªs. Colombia no es uno de los pa¨ªses que mejor punt¨²a en estos ¨ªndices cualitativos (como Canad¨¢, Uruguay o Costa Rica), pero tampoco es de los peores (Honduras, Hait¨ª, Guatemala). Sin embargo, y a diferencia de lo que pasa con todas las otras naciones salvo Per¨², tiene un nivel de escepticismo con el sistema mucho mayor a la calidad medida del mismo.

No parece casualidad que dos de las naciones con mayores problemas de credibilidad institucional en los ¨²ltimos a?os formen este peque?o grupo. Colombia, al igual que Per¨², lleva a?os inmersa en un proceso de deterioro de legitimidad respecto al orden democr¨¢tico reinante que se puede medir, por ejemplo, en el vuelco que ha dado el indicador de orgullo que sus ciudadanos por el mismo, que ha pasado de estar por encima de la media regional a quedar por debajo.

Algo id¨¦ntico ha sucedido con el deber de apoyo que la ciudadan¨ªa entiende que se le debe brindar al sistema pol¨ªtico.

El ¡°pico¡± at¨ªpico en 2018 coincide en ambos gr¨¢ficos porque ese a?o hubo elecciones presidenciales en Colombia. La presencia de comicios revivi¨® la fe en el sistema, pero en 2021 la tendencia volvi¨® a ser negativa borrando toda la ganancia.

Esto sugiere que buena parte del deterioro de la legitimidad democr¨¢tica se corresponde con un sentimiento de falta de respuesta, de sensibilidad, del mecanismo central electoral a las demandas, intereses y necesidades de la ciudadan¨ªa, que se traduce en una tendencia de insatisfacci¨®n profunda y no recuperada de manera estable por ning¨²n cambio de gobierno.

?Ser¨¢ distinto con el de este fin de semana, es decir, con la entrada de Petro al poder? Tanto su campa?a como numerosos an¨¢lisis desde orillas izquierdas del espectro ideol¨®gico han anticipado que s¨ª, que la victoria del Pacto Hist¨®rico supone una suerte de ampliaci¨®n del per¨ªmetro democr¨¢tico que se traducir¨¢ en pol¨ªticas m¨¢s dedicadas a responder a las demandas de quienes hasta ahora estaban frustrados con el sistema.

Sin embargo, para que eso suceda, adem¨¢s de producir los resultados esperados en materia de decisiones e implementaci¨®n, ¨¦stos deben cubrir con las alt¨ªsimas expectativas generadas. Y es que si todas las democracias del mundo est¨¢n atrapadas en una hiperinflaci¨®n de promesas fruto, entre otras cosas, de la fragmentaci¨®n de los viejos partidos pol¨ªticos (que hac¨ªan las veces de moderadores y pegamento de intereses colectivos) que obliga a interlocutar directamente con los individuos, as¨ª como de la aceleraci¨®n del debate p¨²blico, Colombia no s¨®lo no es una excepci¨®n, sino que ha aupado a la presidencia a alguien que le promete ¡°paz total¡±.

Si estos objetivos m¨¢ximos aparecen demasiado inalcanzables, una tentaci¨®n natural para el gobierno entrante ser¨¢ la de estirar los contrapesos institucionales con la excusa de lograrlos. Dentro la idea de ¡°la ley es el poder de quienes no tienen poder¡± cabe, como se ha visto en otros pa¨ªses de la regi¨®n pero tambi¨¦n dentro de Colombia bajo gobiernos de signo ideol¨®gico contrario al que ahora entra, el desmantelamiento parcial de derechos e instituciones que se presentar¨ªan como ¡°barreras¡± al avance de la ¡°voluntad popular¡±.

Pero esto no s¨®lo no servir¨ªa a la reconstrucci¨®n de la confianza en la democracia, sino que podr¨ªa terminar por dinamitarla completamente. Basten dos datos m¨¢s como advertencia. En primer lugar, la sensaci¨®n de p¨¦rdida del respeto por sus derechos b¨¢sicos que expresan los colombianos, lo cual sugiere poco margen para ponerlos (a¨²n m¨¢s) en riesgo.

Y, en segundo lugar, el mantenimiento de una base de respeto por las instituciones similar a la del resto del continente, con un deterioro que s¨ª se logr¨® frenar a finales de la d¨¦cada pasada.

Por todo ello, la respuesta m¨¢s plausible a la crisis constitucional colombiana no parece pasar ¨²nicamente por lo que haga o deje de hacer un ¨²nico gobierno, por novedoso o distinto a los anteriores que sea. Sino m¨¢s bien por la manera en que ¨¦ste, su oposici¨®n, y sus sucesores, se relacionen tanto con las instituciones como con la propia ciudadan¨ªa. Porque ¡°la ley es el poder de los que no tienen poder¡± es una m¨¢xima que tambi¨¦n puede ser interpretada de manera inequ¨ªvoca bajo un prisma liberal, pluralista, e inclusivo. En los pr¨®ximos cuatro a?os sabremos en cu¨¢l de las dos interpretaciones se ubica el gobierno que el pasado domingo 7 de agosto inici¨® su traves¨ªa.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del pa¨ªs.