La Corte Constitucional de Colombia deja en duda la propiedad de miles de predios

Con una votaci¨®n de ocho a uno, la Sala Plena de la Corte Constitucional zanj¨® un debate jur¨ªdico que puede tener profundas consecuencias para el campo colombiano, la reforma rural integral pactada con las Farc que el Gobierno de Gustavo Petro quiere implementar, y la seguridad jur¨ªdica en Colombia. Esencialmente, dijo que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) debe organizar un plan para recuperar las tierras de la Naci¨®n que no han sido de nadie, llamadas bald¨ªos, cuando los obtuvieron privados a trav¨¦s de sentencias de prescripci¨®n adquisitiva (cuando alguien ocupa un predio durante 20 a?os como si fuera su due?o, y luego lo reclama). Pero la Corte aclara que la ANT no debe incluir en ese plan los predios si los privados eran campesinos sin tierra.

Como jueces han entregado miles predios que pueden ser bald¨ªos al reconocer la prescripci¨®n adquisitiva, la sentencia puede devolver muchos de predios a la Naci¨®n. Eso en un pa¨ªs en el que el problema de la tierra es agudo y ha sido factor de violencia: como dice la misma Corte, el 25% de los propietarios tienen el 82% de la tierra.

La pregunta, cuya respuesta nadie tiene, es cu¨¢ntos y cu¨¢les. Seg¨²n c¨¢lculos del Ministerio de Agricultura que cita la misma Corte en el comunicado de prensa que explica su decisi¨®n, a 2014 eran por lo menos 37.949 predios; seg¨²n el Grupo de Investigaci¨®n ¡°Derecho Constitucional y Derechos Humanos¡± de la Universidad Nacional de Colombia, ser¨ªan por lo menos 12.070. ¡°Podr¨ªan existir miles de sentencias¡±, resume la Corte en su comunicado. Y no es claro cu¨¢ntas de ellas beneficiaron a campesinos sin tierras y deber¨ªan mantenerse, y cu¨¢ntas no, y deber¨ªan ser objeto de acciones legales de parte de la ANT para recuperarlas.

El proceso jur¨ªdico fue largo y complejo. La Corte recibi¨® una primera tutela de la ANT contra un juez en 2017, y fue acumulando otras similares en un solo expediente, hasta sumar 13, incluyendo dos de personas contra jueces que les negaron la prescripci¨®n adquisitiva. Eran dif¨ªciles porque aunque en 2014 ya hab¨ªa dicho que los jueces no pod¨ªan entregar bald¨ªos por prescripci¨®n adquisitiva, encontr¨® que si anulaba todas esas sentencias pod¨ªa quitarle tierra a miles de campesinos que la hab¨ªan adquirido por esa v¨ªa. Mejor dicho, que aplicar a rajatabla su decisi¨®n sobre las sentencias de prescripci¨®n adquisitiva pod¨ªa terminar siendo una contrarreforma agraria.

El l¨ªo es que la Corte no ten¨ªa c¨®mo revisar uno por uno los expedientes de las miles de sentencias. Por eso, el comunicado de prensa de la Corte dice que ¡°la Sala reconoce (ii) que algunas sentencias de pertenencia han cumplido la finalidad de asegurar el acceso a la tierra de peque?os propietarios y que, desconocerlos, podr¨ªa afectar intensamente la estabilidad de las relaciones sociales, finalidad ¨²ltima de la seguridad jur¨ªdica¡±.

Dada la complejidad del debate, el magistrado ponente dur¨® meses en el estudio, y la sala plena la discuti¨® durante varios d¨ªas. ¡°Hicimos un esfuerzo muy grande por tener una decisi¨®n consensuada en un tema tan importante¡±, explic¨® uno de los nueve magistrados de la Corte a EL PA?S. Efectivamente, solo un magistrado, Alejandro Linares, estuvo en desacuerdo con la decisi¨®n, y no en todos los puntos.

La Corte, seg¨²n el comunicado, decidi¨® que la ANT debe elaborar un plan para recuperar los bald¨ªos que se hayan entregado con estas sentencias. Como no es posible que las mire todas, le orden¨® priorizar para saber qu¨¦ predios tienen dudas, y para resolver luego si son bald¨ªos que deben ser devueltos a la Naci¨®n o no. As¨ª, la ANT deber¨¢ revisar sobre todo las sentencias que se refieran a grandes extensiones de tierra y a las regiones en las que haya m¨¢s sentencias de este tipo o en la que las tierras est¨¢n m¨¢s concentradas. Adem¨¢s, la Corte le orden¨® armar una base de datos que sustente ese plan.

Como lo que encontr¨® la Corte fue un problema estructural, en el que no solo hay miles de sentencias y falta de informaci¨®n sino que el Gobierno y el Congreso no han implementado partes del Acuerdo con las Farc sobre la reforma rural, tambi¨¦n dio ¨®rdenes a varias entidades para que se acelere ese proceso. Una aceleraci¨®n que tambi¨¦n ha reclamado el nuevo Gobierno, que ya le dio la bienvenida a la decisi¨®n con un mensaje m¨¢s de mesura que de celebraci¨®n, a pesar de que la Corte le abre la puerta a conseguir tierras, que hoy son de privados, para hacer su reforma agraria:

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