Las denuncias no escuchadas de los ind¨ªgenas desplazados en Bogot¨¢

Lo que parec¨ªa una tragedia anunciada se materializ¨® este mi¨¦rcoles y lo que comenz¨® como una protesta pac¨ªfica de los pueblos ind¨ªgenas termin¨® en una confrontaci¨®n violenta contra la fuerza p¨²blica. Grupos de manifestantes atacaron a funcionarios p¨²blicos en las calles del centro de la capital en un enfrentamiento que acab¨® como una batalla campal entre la polic¨ªa y los ind¨ªgenas. Los altercados dejaron decenas de capturados y heridos, desde poblaci¨®n ind¨ªgena hasta funcionarios de la alcald¨ªa y polic¨ªas. La discusi¨®n sobre los pueblos ind¨ªgenas desplazados, que llevan m¨¢s de un a?o en Bogot¨¢ exigiendo garant¨ªas dignas de vida, volvi¨® al debate nacional con un lamentable desenlace.

Hace cinco meses parec¨ªa evitable gracias al di¨¢logo entre las Autoridades Ind¨ªgenas en Bakata (AIB), delegados del Gobierno Nacional y Distrital e intermediarios de la Comisi¨®n de la Verdad. Entonces, la odisea que viv¨ªan hasta ese momento miles de ind¨ªgenas viviendo al raso en el Parque Nacional, aparentemente, llegaba a su fin. El 5 de mayo, las AIB firmaron un acuerdo para levantar la Minga que se extendi¨® por meses en el en el centro de la ciudad. De este encuentro salieron 12 compromisos desde las diferentes instancias de Gobierno, y posteriormente lleg¨® el desalojo de alrededor de 1.500 personas que hab¨ªan habitado durante seis meses este parque.

Los 15 pueblos ind¨ªgenas fueron trasladados a Unidades de Protecci¨®n Integrales (UPI) de la Alcald¨ªa en diferentes lugares de Bogot¨¢. Al pueblo Ember¨¢, uno de los m¨¢s numerosos, se asign¨® la UPI, La Rioja, ubicada en el centro de la ciudad. Otros fueron reubicados en los distritos de Ciudad Bol¨ªvar y Engativa.

La mayor¨ªa de los compromisos estaban dirigidos a generar condiciones de retorno seguras para los pueblos que buscan volver a sus territorios y crear condiciones de vida dignas para quienes decidieran quedarse en Bogot¨¢, adem¨¢s de asegurar la participaci¨®n pol¨ªtica de las autoridades ind¨ªgenas en las diferentes instancias. En cada uno de los puntos qued¨® consignada una instituci¨®n responsable y durante el primer mes desde su reubicaci¨®n se entregaron kits de h¨¢bitat (colchonetas, cobijas, s¨¢banas), 200 mercados y transporte.

Para las familias reubicadas se pact¨® que tendr¨ªan de forma permanente dotaci¨®n de alimentaci¨®n, transporte, atenci¨®n escolar, de salud y a primera infancia. Asimismo, se establecieron acciones por parte de la Alcald¨ªa como la asignaci¨®n de espacios comerciales creados por el Instituto Para la Econom¨ªa Social (IPES) para venta de artesan¨ªas e involucrar a AIB en la l¨ªnea de defensores de derechos humanos y en los proyectos de las alcald¨ªas locales.

En el caso de quienes decidieran regresar a sus territorios de origen, se plante¨® que se garantizar¨ªa un pago por n¨²cleo familiar, kits de alimento e inclusi¨®n en los planes de retorno estando ya en sus resguardos. El Ministerio de Vivienda ten¨ªa la tarea de incluirlos en una mesa regional para trabajar temas de habitabilidad cuando estuvieran en sus resguardos y el Ministerio de Interior se comprometi¨® a que las comunidades pudiesen presentar proyectos productivos para ser financiados por el Gobierno Nacional.

El primer punto, y uno de los m¨¢s importantes para los pueblos, contempl¨® la implementaci¨®n integral del Art¨ªculo 66 del Plan Distrital de Desarrollo ¡ª que busca garantizar los derechos de los pueblos ¨¦tnicos ¡ª, su participaci¨®n plena en la formulaci¨®n de la pol¨ªtica p¨²blica ind¨ªgena e integrar a este proceso organizativo en la mesa de enfoque diferencial de pueblos ind¨ªgenas.

La odisea del retorno y el incumplimiento

La esperanza de estas comunidades se fue desvaneciendo a las pocas semanas de su reubicaci¨®n. En La Rioja, el hacinamiento se hizo insostenible e iniciaron los cortes de agua y las intermitencias en la entrega de la alimentaci¨®n. Esto qued¨® consignado en los informes que desde mayo emiten las Autoridades Ind¨ªgenas en Bakata, donde hacen un seguimiento de los avances en cada acuerdo. Seg¨²n las cifras del ¨²ltimo documento publicado, el avance en general es m¨ªnimo.

En los compromisos referentes a los servicios b¨¢sicos, como los kits de alimentaci¨®n, y servicios de educaci¨®n, las AIB se?alan: ¡°De las m¨¢s de 1.921 personas de 15 comunidades ind¨ªgenas diferentes que salieron del Parque Nacional, no se les ha realizado la entregada de ninguno de los kits de manera efectiva y de calidad: aseo, cobijas, camarotes, colchonetas¡±. En el caso de los Wayu¨² indican que ¡°no han recibido ni un bono alimentario, ni un mercado en los 80 d¨ªas que transcurrieron desde la salida del parque¡±.

El incumplimiento que m¨¢s preocupa a las AIB tiene que ver con la salud. Las condiciones insalubres en las que viven ya se cobraron la vida de varios ind¨ªgenas. En la UPI La Rioja el escenario es grave: ¡°Dermatitis, par¨¢sitos intestinales, enfermedades respiratorias, pediculosis, infecci¨®n estomacal, gastroenteritis, paludismo, entre otras enfermedades¡±. Seg¨²n sus registros, una menor de edad ind¨ªgena falleci¨® a causa de paludismo.

En cuanto a las familias que han decidido retornar, el escenario es menos favorable a¨²n. A la ya compleja situaci¨®n, se suma el recrudecimiento del conflicto en los territorios de donde provienen estos pueblos. Sobre todo para la poblaci¨®n embera, que en su mayor¨ªa llegan desplazados de Risaralda y Choc¨®, departamentos en los que el conflicto armado ha ido escalando de forma sustancial, por cuenta de la fuerte presencia de guerrillas como el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional, o grupos paramilitares como el Clan del Golfo. Solo el Choc¨® concentra el 75% de los casos de desplazamiento masivo conforme a un reciente informe de la Oficina para la Coordinaci¨®n de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha).

En este punto, las obligaciones depend¨ªan m¨¢s del Gobierno nacional. AIB denuncia que en varios casos de retorno se han presentado revictimizaciones a las comunidades, que van desde recibir nuevamente amenazas de los grupos armados, hasta ser desplazados por segunda o tercera vez. Destacan que tampoco hay una ruta de seguimiento a las familias que vuelven a sus resguardos.

En el limbo de la responsabilidad institucional

En el documento final de los compromisos entre ind¨ªgenas y Gobierno se detalla la competencia de cada entidad, pero en la pr¨¢ctica la responsabilidad de ejecuci¨®n de cada punto ha quedado en el limbo. Desde la Alcald¨ªa de Bogot¨¢ en varias ocasiones se han hecho llamados de cumplimiento al Gobierno Nacional y viceversa.

EL PA?S consult¨® a las diferentes entidades involucradas en los acuerdos, con el fin de conocer su perspectiva en el avance de los compromisos, pero no obtuvo respuesta. La ¨²nica declaraci¨®n que se conoce desde el distrito al respecto, se registr¨® este mi¨¦rcoles despu¨¦s de los enfrentamientos. En un v¨ªdeo del Secretario de Gobierno, Felipe Jim¨¦nez, el funcionario asever¨®: ¡°Desde la ciudad de Bogot¨¢ hemos garantizado todos los derechos a la comunidad embera. Hemos avanzado en cinco retornos, con m¨¢s de mil personas retornadas. Hemos dispuesto dos alojamientos temporales, hemos cumplido todos y cada uno de los acuerdos. Rechazamos los hechos de violencia. Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que avance r¨¢pido en todos los acuerdos¡±.

Por su parte, el nuevo Gobierno de Gustavo Petro se reuni¨® la misma noche del mi¨¦rcoles con una delegaci¨®n de las comunidades ind¨ªgenas. En el encuentro participaron varios miembros del gabinete presidencial, entre ellos la tambi¨¦n embera y directora de la Unidad para las V¨ªctimas, Patricia Tob¨®n, y el ministro de Interior, Alfonso Prada. El ministro ofreci¨® declaraciones posteriores a la reuni¨®n con las comunidades y asegur¨®: ¡°Encontramos una crisis humanitaria que es ocasionada por la falta de agua. Semanas enteras 900 personas viviendo en un edificio sin agua y ahora sin luz el¨¦ctrica. Est¨¢n en una situaci¨®n humanitaria grave, de alimentaci¨®n deficiente y de salubridad p¨²blica muy deteriorada. Por eso hemos hecho un compromiso para atender esta situaci¨®n y un compromiso enorme de no acudir a la violencia¡±.

Este jueves, delegados del AIB participaron en una reuni¨®n para abordar la situaci¨®n. All¨ª delimitaron, junto a la Alcald¨ªa y la Presidencia, nueve compromisos de car¨¢cter prioritario. Mar¨ªa Quiscue, ind¨ªgena nasa que particip¨® en el encuentro, aseguro que, espera que ¡°de la mano de esta administraci¨®n s¨ª se aterricen los acuerdos, pero principalmente que se materialice todo en acciones reales¡±. Adem¨¢s, llama a la empat¨ªa desde la sociedad para que se dimensione el impacto que tiene el conflicto sobre los pueblos ind¨ªgenas y c¨®mo es imprescindible que se les tome en cuenta como actores activos y participes en este Gobierno.

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