Las cinco claves de la ley de la paz total de Gustavo Petro

El Gobierno de Gustavo Petro ha conseguido este mi¨¦rcoles dar un paso importante para hacer realidad su ambiciosa propuesta de ¡°paz total¡±. La C¨¢mara de Representantes ha aprobado el proyecto de ley que prorroga el marco legal que existe desde 1997 para negociar con actores armados, y que trae normas adicionales con la impronta del Gobierno. El proyecto cont¨® con 125 votos a favor y 13 en contra, tras dos d¨ªas de debates. Una comisi¨®n de representantes y senadores deber¨¢ conciliar las diferencias entre los dos textos aprobados, especialmente la creaci¨®n de un servicio social obligatorio, eliminado el lunes por el Senado.

El objetivo de la ley es hacer compatible las facultades que requieren las pol¨ªticas de paz del Gobierno con la Constituci¨®n, que reconoce la divisi¨®n de poderes. La acad¨¦mica Julieta Lemaitre, actualmente magistrada de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), explica por tel¨¦fono que la ley funciona como un ¡°aval¡± del Congreso al Ejecutivo. ¡°Lo que hacen estas leyes es concentrar poderes para poder negociar, crean un entramado que le permite al presidente sentarse en la mesa de negociaci¨®n¡±, remarca.

Estos son los cinco aspectos claves del proyecto:

Incluye el crimen organizado en la pol¨ªtica de paz

El texto aprobado extiende la noci¨®n de paz, tradicionalmente vinculada a actores armados con estatus pol¨ªtico, al sometimiento de grupos del crimen organizado. Establece dos tipos de procesos diferenciados. Primero, los tradicionales, que se llevar¨¢n a cabo con ¡°grupos armados organizados al margen de la ley¡± para llegar a acuerdos de paz. En este apartado entra el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN), la guerrilla m¨¢s antigua de Latinoam¨¦rica, con la que el Gobierno espera comenzar negociaciones en los primeros d¨ªas de noviembre. En un segundo punto est¨¢n los nuevos, los ¡°acercamientos¡± con ¡°estructuras armadas de crimen de alto impacto¡± para que se sometan a la justicia. Estos incluyen a grupos que no son de naturaleza pol¨ªtica y que pueden estar asociados a econom¨ªas ilegales como el narcotr¨¢fico o la miner¨ªa ilegal.

El proyecto originalmente delegaba al Ejecutivo la reglamentaci¨®n del proceso de sometimiento. El Gobierno, no obstante, accedi¨® durante el debate parlamentario a retirar el p¨¢rrafo que otorgaba estas atribuciones. Los detalles que regulan el proceso se conocer¨¢n en una futura ley.

El sometimiento es una pol¨ªtica inspirada en el sistema judicial de Estados Unidos, que permite negociar beneficios judiciales, como la reducci¨®n de penas, a cambio de informaci¨®n. Julieta Lemaitre explica que no es usual en Am¨¦rica Latina y que puede ser positivo, pero que falta ver c¨®mo se reglamentar¨¢ y c¨®mo se distribuir¨¢n atribuciones que tradicionalmente pertenecen a la Fiscal¨ªa. ¡°Es innovador que ubiquen el sometimiento a la justicia como un tema de paz, bajo el Alto Comisionado de Paz¡±, comenta la acad¨¦mica.

Uno de los representantes por Putumayo, Andr¨¦s Cancimance (Pacto Hist¨®rico), considera que esta innovaci¨®n es esencial para su departamento, en el cual han sido asesinados m¨¢s de 20 l¨ªderes sociales en lo que va de 2022. Explica que hay grupos importantes del crimen organizado como La Sinaloa que son responsables de asesinatos. ¡°Est¨¢ m¨¢s aceptado el di¨¢logo con un grupo alzado en armas como el ELN, pero en los territorios no est¨¢ solo la guerrilla. Hay una explosi¨®n de grupos armados ilegales asociados al narcotr¨¢fico que de momento no est¨¢n dentro de las negociaciones¡±, se?ala el congresista, cuyo equipo colg¨® en las tribunas una pancarta con las im¨¢genes de los asesinados antes de comenzar la sesi¨®n.

Eleva la paz a pol¨ªtica de Estado

La paz, para el Gobierno, lo atraviesa todo. La ley define la paz total como una pol¨ªtica ¡°prioritaria¡± y ¡°transversal¡± para el Estado, en todos los niveles y sectores de la administraci¨®n. Cada ministerio deber¨¢ definir los componentes de una pol¨ªtica p¨²blica al respecto y el presidente podr¨¢ convocar a un Gabinete de Paz cada dos meses para articularlas. La continuidad de las pol¨ªticas p¨²blicas deber¨¢ ser garantizada por los diferentes gobiernos. ¡°Tienen el deber de concluir aquellas pol¨ªticas que sean fijadas por administraciones precedentes¡±, dice el texto.

Para Lemaitre, este punto refleja un consenso que se ha generado en las ¨²ltimas d¨¦cadas respecto a que todas las dimensiones del Estado son necesarias para enfrentar la violencia. Es necesario un Estado ¡°robusto¡±, con pol¨ªticas de educaci¨®n, cultura y hasta de construcci¨®n de carreteras y de provisi¨®n de Internet. ¡°Hay una relaci¨®n entre las luchas por el poder de grupos armados y la ausencia del Estado¡±, remarca la acad¨¦mica. Para ella, algunos sectores del crimen organizado han obtenido legitimidad al ofrecer servicios que la poblaci¨®n no ten¨ªa. ¡°El Estado no puede dejar que ocupen ese espacio¡±, se?ala.

Revive la posibilidad de un servicio social obligatorio

La C¨¢mara de Representantes logr¨®, con 134 votos a favor y 33 en contra, revivir el servicio social obligatorio para la paz que hab¨ªa sido eliminado en el Senado. Los representantes rechazaron una proposici¨®n de la bancada del Centro Democr¨¢tico, la principal de la oposici¨®n de derecha, para eliminar los art¨ªculos 10 y 11. Con eso sigue viva la promesa de campa?a de Petro de ofrecer una alternativa al servicio militar.

El servicio social para la paz apuesta a que durante un a?o los j¨®venes realicen tareas de alfabetizaci¨®n digital, cuidado ambiental, asistencia a adultos mayores vulnerables y apoyo a v¨ªctimas del conflicto armado. La remuneraci¨®n, que originalmente era equivalente a la del servicio militar, ser¨¢ definida en la etapa de reglamentaci¨®n.

Como el Senado rechaz¨® el lunes los dos art¨ªculos implicados, el texto deber¨¢ ir a una comisi¨®n de conciliaci¨®n integrada por senadores y representantes. Seg¨²n el congresista Andr¨¦s Cancimance (Pacto Hist¨®rico), su partido contempla que no se logre un acuerdo a corto plazo y que por eso el proyecto se estanque por un tiempo.

No cierra la puerta a negociar con los disidentes de las FARC

Una de las dudas centrales es si en las negociaciones entrar¨¢n los miembros de las FARC que retomaron las armas tras firmar el acuerdo de paz de 2016. Hay pol¨¦mica sobre la posibilidad de incluir a La Segunda Marquetalia que lidera Iv¨¢n M¨¢rquez. El senador Humberto de La Calle, que fue negociador jefe del Gobierno de Juan Manuel Santos para la paz, considera que involucrar a los disidentes implica premiar a quienes incumplieron el acuerdo. ¡°Es un p¨¦simo mensaje para los centenares de guerrilleros que han venido firmemente cumpliendo el acuerdo de La Habana, porque pueden decir que a lo mejor hubiera sido preferible incumplir¡±, expres¨® en septiembre.

El senador present¨® el lunes en la c¨¢mara alta una proposici¨®n para excluir expl¨ªcitamente de los di¨¢logos a los desertores, pero no fue incorporada. El ministro del Interior, Alfonso Prada, replic¨® que la paz total debe incluir a todas las ¡°expresiones de violencia¡±. Para el Gobierno, la proposici¨®n del exnegociador de Santos hubiese generado un efecto ¡°demoledor¡± para la paz total: ¡°Hay algunas estructuras que de no incorporarlas dejan a medio pa¨ªs en un ba?o de sangre¡±.

La C¨¢mara de Representantes tambi¨¦n dio este debate y vot¨® en contra de una proposici¨®n similar. No obstante, las contradicciones entre el ministro del Interior y el coordinador de los ponentes, el gobiernista Alirio Uribe (Polo Democr¨¢tico), fueron evidentes. Uribe neg¨® que el texto actual permita cobijar a figuras como Iv¨¢n M¨¢rquez y argument¨® que varias leyes impiden incluir en los procesos a quienes hayan cometido delitos posteriores al acuerdo de paz. Seg¨²n el congresista, los guerrilleros que ¡°deshonraron¡± el proceso de paz pierden los beneficios implicados y pasan a ser sujetos de la justicia ordinaria.

La acad¨¦mica Julieta Lemaitre, explica que no hay un impedimento para incluirlos si el Gobierno quisiera hacerlo. Se?ala que el Congreso puede reformar la Constituci¨®n para habilitar esta opci¨®n, y que por eso se trata de una decisi¨®n m¨¢s pol¨ªtica o ¨¦tica que legal. ¡°El debate es m¨¢s sobre si se debe o no debe hacerlo, si es correcto o no es correcto incluirlos¡±, se?ala.

Define algunas condiciones de las negociaciones

La ley aclara varios puntos del entramado para negociar. Algunos son ya conocidos de negociaciones anteriores. Incluyen la suspensi¨®n de las ¨®rdenes de capturas de los voceros y negociadores de los grupos armados y la entrega de armas de forma an¨®nima a cambio de un incentivo econ¨®mico. Tambi¨¦n contemplan la eventual concentraci¨®n de los miembros de los grupos en lugares espec¨ªficos, como hicieron las FARC en el Cagu¨¢n en el fallido proceso con el Gobierno de Andr¨¦s Pastrana o las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Santafe de Ralito durante la administraci¨®n de ?lvaro Uribe.

Otros puntos son novedosos. Los acuerdos parciales, que pueden ser utilizados para pactar un cese al fuego o disposiciones de car¨¢cter humanitario, deben ser asumidos como pol¨ªticas de Estado.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del pa¨ªs.