Nicaragua vs. Colombia: c¨®mo avanza la disputa en La Haya

Nicaragua y Colombia han avanzado un paso m¨¢s en el litigio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya (Pa¨ªses Bajos). Este lunes ha comenzado la instancia oral del proceso que Managua inici¨® en 2013 para ampliar su plataforma continental. Las audiencias se extender¨¢n hasta el viernes y ser¨¢n transmitidas en directo por los canales de comunicaci¨®n de las Naciones Unidas.

Colombia y Nicaragua firmaron en 1928 un tratado para terminar con disputas territorial...

Nicaragua y Colombia han avanzado un paso m¨¢s en el litigio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya (Pa¨ªses Bajos). Este lunes ha comenzado la instancia oral del proceso que Managua inici¨® en 2013 para ampliar su plataforma continental. Las audiencias se extender¨¢n hasta el viernes y ser¨¢n transmitidas en directo por los canales de comunicaci¨®n de las Naciones Unidas.

?Cu¨¢les son los antecedentes?

Colombia y Nicaragua firmaron en 1928 un tratado para terminar con disputas territoriales que databan de la ¨¦poca colonial. El documento estableci¨® que el pa¨ªs andino ten¨ªa soberan¨ªa sobre el archipi¨¦lago de San Andr¨¦s, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, en 1979, el Gobierno sandinista desconoci¨® la validez del acuerdo porque fue realizado durante la ocupaci¨®n estadounidense.

En 2001, Nicaragua llev¨® la disputa a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Fue la primera de tres demandas y se resolvi¨® en 2012: el tribunal respald¨® la soberan¨ªa de Colombia en el archipi¨¦lago, mientras que reconoci¨® a Nicaragua una mayor extensi¨®n de zonas mar¨ªtimas que las que ya ten¨ªa. Los cayos colombianos Quitasue?o y Serrana se convirtieron en enclaves, rodeados por aguas nicarag¨¹enses.

El pa¨ªs centroamericano realiz¨® una nueva demanda en 2013 para denunciar el incumplimiento de la sentencia del a?o anterior. Acus¨® a Colombia de realizar actividades de pesca y patrullaje en territorio nicarag¨¹ense y de interrumpir las tareas de sus trabajadores. El pa¨ªs sudamericano respondi¨® con una contrademanda por la decisi¨®n de Nicaragua de cambiar unilateralmente la forma en la que med¨ªa las 200 millas n¨¢uticas que le corresponden desde sus costas.

En abril de 2022, la CIJ dict¨® una sentencia que en su t¨ªtulo declaraba que Colombia viol¨® los derechos soberanos de Nicaragua. El fallo exigi¨® a Colombia ¡°cesar inmediatamente¡± las actividades pesqueras en territorio nicarag¨¹ense, algo que celebr¨® el Gobierno de Daniel Ortega.

No obstante, los expertos colombianos consultados matizan el resultado. Explican que la sentencia tambi¨¦n estableci¨® en su s¨¦ptimo punto que las nuevas mediciones que realiz¨® Managua no estaban en conformidad con el derecho internacional. Adem¨¢s, interpretan que la corte reconoci¨® el derecho de Bogot¨¢ a una zona contigua que recupere la conexi¨®n con las islas de Quitasue?o y Serrana, pese a que el fallo se?ala que un decreto de 2013 al respecto debe adecuarse al derecho internacional.

?Cu¨¢l es la disputa actual?

Las audiencias que inician este lunes son parte de un tercer proceso que inici¨® Nicaragua, tambi¨¦n en 2013. El caso refiere a la delimitaci¨®n de la plataforma continental del pa¨ªs centroamericano y no tiene relaci¨®n con la decisi¨®n que tom¨® el tribunal en abril de este a?o respecto a la violaci¨®n de la sentencia de 2012.

Nicaragua asegura que desde sus costas hay una prolongaci¨®n natural ininterrumpida del continente que se extiende m¨¢s all¨¢ de sus 200 millas n¨¢uticas. Argumenta que esto le da derecho a incrementar su plataforma, pese a que se superponga con las 200 millas n¨¢uticas que le corresponden a Colombia desde sus costas continentales. En el centro del reclamo est¨¢n el gas y el petr¨®leo del suelo marino.

Colombia alega que nunca ha ratificado la Convenci¨®n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que reconoce las plataformas continentales. Nicaragua responde que sus reclamos tambi¨¦n est¨¢n reconocidos en el derecho consuetudinario, basado en costumbres legales de los Estados que se aceptan como obligatorias. Sin embargo, el pa¨ªs andino afirma que esto no es cierto, ya que el derecho consuetudinario refiere a principios generales y no a los tecnicismos de la delimitaci¨®n de territorios.

?Qu¨¦ temas tratar¨¢n las audiencias?

La CIJ ha tomado la inusual decisi¨®n de limitar los asuntos que se tratar¨¢n en las audiencias. Solo analizar¨¢, de momento, dos temas estrictamente jur¨ªdicos. El primero refiere a si existe en el derecho consuetudinario una norma que aplique a la delimitaci¨®n de plataformas continentales. El segundo aborda si se puede reconocer una plataforma que se solape con las 200 millas n¨¢uticas que le corresponden a otro pa¨ªs como parte de su zona econ¨®mica exclusiva.

Las exclusiones de otros temas complican al pa¨ªs andino, seg¨²n explican por tel¨¦fono expertos colombianos. Ha quedado fuera un an¨¢lisis probatorio sobre si la plataforma nicarag¨¹ense realmente tiene la extensi¨®n que dice el pa¨ªs centroamericano. Adem¨¢s, la jurisdicci¨®n de la CIJ sobre la delimitaci¨®n de una plataforma no est¨¢ en discusi¨®n, ya que se decidi¨® en 2016.

La resoluci¨®n del tribunal se conocer¨¢ en los pr¨®ximos meses. Una sentencia puede cerrar el caso, mientras que una providencia puede llevar el proceso a evaluar las consideraciones m¨¢s t¨¦cnicas.

?Es posible un acuerdo pol¨ªtico?

La CIJ consider¨® en su sentencia del pasado abril que ambos pa¨ªses deben llegar a un acuerdo para resolver sus disputas territoriales. Sin embargo, las posibilidades de que esto ocurra son limitadas.

Los analistas consultados enfatizan que es esencial que el Gobierno colombiano demuestre voluntad pol¨ªtica de negociar. Coinciden en que el presidente, Gustavo Petro, tiene la oportunidad de cambiar el rumbo y diferenciarse del Gobierno de Iv¨¢n Duque, que rechaz¨® durante a?os cualquier tipo de di¨¢logo con ¡°una dictadura¡± como la de Daniel Ortega. Comentan que se han dado se?ales de acercamiento: Bogot¨¢ se abstuvo en agosto de condenar en la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA) las violaciones de derechos humanos del pa¨ªs centroamericano y jurament¨® en octubre a un nuevo embajador en Managua.

Por otro lado, Colombia nunca ha tenido un clima pol¨ªtico favorable a la negociaci¨®n. Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, explica por tel¨¦fono que el pa¨ªs andino siempre resinti¨® la decisi¨®n del sandinismo de reabrir la disputa en los a?os 70 y que ahora se suma la dificultad de dialogar con un r¨¦gimen dictatorial como el de Ortega. Para ¨¦l, todos los gobiernos han intentado evitar el tema y pasar ¡°la pelota¡± a sus sucesores.

Nicaragua tambi¨¦n ha dado se?ales contradictorias. Para Jaramillo, el Gobierno de Ortega est¨¢ interesado en un acuerdo. Considera que el caso actual es m¨¢s endeble jur¨ªdicamente que los otros y que est¨¢ ligado a una estrategia para generar presi¨®n. ¡°Enterrar a Colombia con demandas sirve para la negociaci¨®n. La idea de Nicaragua es meterse en la agenda colombiana y no salir¡±, se?ala.

No obstante, Managua ha mantenido la distancia. ¡°No pedimos nada diferente a que reconozcan el fallo del m¨¢ximo tribunal del planeta¡±, dijo en septiembre un portavoz nicarag¨¹ense. Hist¨®ricamente, el pa¨ªs centroamericano ha privilegiado a la CIJ como parte esencial de su pol¨ªtica exterior y no ha realizado acuerdos pol¨ªticos posteriores a sus victorias judiciales.

Un analista nicarag¨¹ense que prefiere no ser citado por temor a represalias afirma por correo electr¨®nico que su pa¨ªs no negociar¨¢ sobre cuestiones jur¨ªdicas que ya han sido resueltas por la CIJ. Para ¨¦l, cualquier punto de partida deber¨¢ reconocer los l¨ªmites fijados en la sentencia de 2012. Esto, sin embargo, choca con la postura colombiana, que establece que solo un tratado internacional puede modificar las fronteras del pa¨ªs.

?C¨®mo afecta la disputa al pueblo raizal?

La disputa impacta principalmente a los pescadores del pueblo raizal, de origen afrocaribe?o y protestante. Esta comunidad ha expresado preocupaci¨®n por los da?os medioambientales que pueden producirse con la potencial explotaci¨®n de recursos que Nicaragua haga en su plataforma continental. Adem¨¢s, han denunciado que los procesos anteriores han generado dificultades para pescar en zonas que hist¨®ricamente les pertenecieron y que ahora est¨¢n bajo la jurisdicci¨®n del pa¨ªs centroamericano.

El l¨ªder de la Federaci¨®n de Pescadores de Providencia y Santa Catalina, Edgar Jay, lamenta por tel¨¦fono que la CIJ limite la participaci¨®n a los Estados. Siente que los raizales han quedado relegados pese a ser una ¡°naci¨®n¡±: ¡°Colombia y Nicaragua son los que disputan un territorio que en realidad pertenece al pueblo raizal¡±.

Jay tiene expectativas con el nuevo Gobierno colombiano, pero critica que el nuevo equipo negociador sigue sin incluir a los pescadores. Exige que los trabajadores que representa sean parte del proceso y de potenciales di¨¢logos con Nicaragua.

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