Las masacres en Colombia lastran la paz de Gustavo Petro

Gustavo Petro no ha podido contener la violencia que hered¨® de su antecesor, Iv¨¢n Duque. Colombia sigue sumida en la violencia a pesar de la pol¨ªtica de paz del nuevo presidente, que ha puesto el fin del conflicto con todos los grupos armados como el objetivo principal de su mandato. Mientras Duque prioriz¨® las operaciones militares y reforz¨® la acci¨®n policial y judicial, Petro ha buscado llevar a todos los territorios la institucionalidad estatal con los ¡°puestos de mando unificados por la vida¡±, pero no ha sido suficiente. El pa¨ªs sigue siendo escenario de masacres, que este a?o suman ya 94 con 354 v¨ªctimas, y de desplazamientos masivos, hasta noviembre 70.000 personas se hab¨ªan tenido que ir de sus casas huyendo de la guerra.

Entre enero y octubre, los homicidios colectivos superaron en un 20% las cifras de todo el 2021, documenta el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz. ¡°En el primer trimestre de Gobierno esta diferencia aument¨® considerablemente, llegando al 38%¡±, se?ala un informe de la organizaci¨®n. Eso muestra que hasta ahora la pol¨ªtica de seguridad de Petro no ha significado una ruptura de las din¨¢micas violentas. El martes pasado hubo dos masacres casi simult¨¢neas, que dejaron ocho personas muertas en el Putumayo y en el Meta. En ambas zonas hay presencia de grupos disidentes de las FARC; en el caso de Putumayo hay adem¨¢s una disputa entre grupos mafiosos por las rutas de tr¨¢fico de droga en la frontera con Ecuador.

¡°La FIP advirti¨® que las propuestas de seguridad estaban entrampadas en reformas moderadas o insustanciales, como las de la Polic¨ªa y el Ej¨¦rcito. No hay estrategias novedosas y preocupa que las anunciadas giren en torno a la protecci¨®n del sistema de seguridad y no de los ciudadanos¡±, apuntaba la Fundaci¨®n Ideas para la Paz (FIP), en un informe sobre los primeros cien d¨ªas de mandato. Petro recibi¨® el pa¨ªs en una cr¨ªtica situaci¨®n de seguridad y su pol¨ªtica de paz, en la que privilegia el di¨¢logo y la negociaci¨®n, signific¨® un cambio en el discurso estatal frente a la guerra, pero todav¨ªa no tiene efectos en la realidad de poblaciones de Arauca, el Cauca, Choc¨®, Putumayo o Nari?o, departamentos que se repiten en la lista de las regiones que este a?o registraron m¨¢s de una masacre.

El nuevo Gobierno ha logrado disminuir los enfrentamientos entre grupos armados y el Estado, pero la situaci¨®n humanitaria contin¨²a mostrando cifras alarmantes. Las disputas territoriales entre organizaciones ilegales siguen siendo uno de los principales desaf¨ªos para la pol¨ªtica de paz total. Jorge Mantilla, director de din¨¢micas del conflicto de la FIP, se?ala razones de por qu¨¦ Petro no ha podido detener la violencia. ¡°La paz total se ha quedado, sobre todo, en anuncios. Por ejemplo, el cese al fuego multilateral del que se habl¨® a finales de septiembre nunca se concret¨®. Gran parte de los anuncios que se han hecho sobre acercamientos con grupos armados tampoco han avanzado. Tras el asesinato de los seis militares en el Cauca, el 7 de diciembre, las disidencias de las FARC revelaron que no se concretaron m¨¢s reuniones y que el Gobierno los dej¨® plantados dos veces¡±, se?ala el analista.

Petro tampoco ha precisado una metodolog¨ªa de negociaci¨®n ni ha establecido, o al menos no p¨²blicamente, un marco jur¨ªdico para el sometimiento de las bandas armadas. ¡°Ni siquiera se ha presentado el proyecto de ley. Y eso hace que los anuncios del alto comisionado de Paz y el Gobierno nacional sobre ¡°paz total¡± no hayan tenido un efecto en territorio¡±, dice Mantilla, que menciona el caso de Buenaventura, donde se han reducido los homicidios y las principales bandas criminales del puerto, los Shottas y los Espartanos, protagonizan el primer intento de di¨¢logo de paz entre pandillas. ¡°Pero sigue habiendo interrogantes frente a otras estructuras armadas que est¨¢n, sobre todo, en la zona rural de Buenaventura, que presenta un aumento en amenazas y en desplazamientos individuales¡±, apunta el investigador.

El registro de masacres en Colombia est¨¢ en manos principalmente de las organizaciones de derechos humanos. Sobre las dos que ocurrieron la semana pasada, el Gobierno ha guardado silencio, mientras oeneg¨¦s como Indepaz siguen llevando una bit¨¢cora con las v¨ªctimas de estos homicidios colectivos. Sobre los de Putumayo y Meta, la organizaci¨®n ha se?alado que las v¨ªctimas fueron atacadas por hombres armados que no se identificaron como miembros de ning¨²n grupo ilegal. En ambas zonas operan frentes disidentes de las FARC y en el caso del Putumayo, el poder territorial lo disputan los llamados Comandos de Frontera, una banda de exguerrilleros de las FARC, y La Constru, un grupo de paramilitares desmovilizados.

La Defensor¨ªa del Pueblo ha emitido varias alertas en las que se?ala que hay aspectos sociales y econ¨®micos asociados a la tenencia de la tierra, as¨ª como brechas en la atenci¨®n institucional en esa regi¨®n que ¡°favorecen la presencia y el fortalecimiento de actores ilegales¡±. En esa zona del pa¨ªs se han registrado las peores matanzas este a?o. El 28 de marzo, en Puerto Legu¨ªzamo, 30 hombres encapuchados y vestidos de negro dispararon contra los civiles que participaban de un bazar para financiar proyectos comunitarios del Alto Remanso y otras veredas vecinas. En total, 11 personas fueron asesinadas. En noviembre, una disputa entre el frente Carolina Ram¨ªrez y los Comandos de la Frontera en Puerto Guzm¨¢n, tambi¨¦n en el Putumayo, dej¨® al menos 18 muertos.

El investigador de la FIP se?ala como uno de los retos para el Gobierno de la ¡°paz total¡± lograr concretar las reglas con las que las organizaciones armadas participar¨¢n de esa pol¨ªtica. ¡±Debe haber claridad sobre cu¨¢ndo un grupo pierde la oportunidad de hacer parte del proceso, porque no deja de ser impresionante que frente a cada hecho de violencia, el Comisionado de Paz pide manifestaciones de buena voluntad, pero no hay una fecha o unas condiciones que establezcan cu¨¢ndo se considera que una estructura no tiene voluntad de negociar¡±, se?ala. ¡°El Gobierno tambi¨¦n enfrenta unos problemas de inteligencia fuertes, en t¨¦rminos de anticiparse a hechos violentos y dise?ar intervenciones m¨¢s territoriales para determinadas regiones del pa¨ªs, que puedan detener esta escalada de la violencia que hay en lugares como el Choc¨® o el Cauca, donde el Estado ha perdido la iniciativa militar¡±, agrega.

En las ¨²ltimas horas, en Caldono, en el Cauca, las comunidades ind¨ªgenas lanzaron una alerta para que el Gobierno atienda la violencia de la que son v¨ªctimas. El 14 de diciembre, a las 6.30 de la tarde, hombres armados irrumpieron en la casa del consejero del cabildo Nasa, Lucio Guetio Campo. ¡°La no presencia del consejero en su lugar de residencia evit¨® un asesinato m¨¢s¡±, denuncia la comunidad, que reclama la presencia estatal. ¡°Hacemos un llamado al Gobierno, a las instituciones del Estado y a la comunidad internacional a atender de manera oportuna las violaciones de derechos humanos que sufren las comunidades ind¨ªgenas en los territorios¡±, pidi¨® la senadora ind¨ªgena Aida Quilcu¨¦, v¨ªctima de un atentado en esa misma regi¨®n el pasado noviembre.

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