Qu¨¦ hacer con el narcotr¨¢fico en Colombia

Hace pocos d¨ªas el presidente Gustavo Petro expuso cu¨¢les eran sus l¨ªneas rojas en su pol¨ªtica de paz total frente al crimen organizado y las bandas criminales. ¡°Con el narcotr¨¢fico no se puede negociar el poder¡±, dijo de manera perentoria y agreg¨® que ¡°es el poder judicial el que tiene que negociar con esas agrupaciones porque se trata de acogerlos a la justicia¡±.

Esta aclaraci¨®n sobre qu¨¦ es lo que hay que negociar con el narcotr¨¢fico (y lo que no) la hizo el presidente luego de que se revel¨® la existencia de un cartel de abogados que a cambio de altas cifras de dinero, y en nombre de su paz total, le estar¨ªa prometiendo a los mafiosos y parapol¨ªticos que est¨¢n pagando su condena, el oro y el moro.

Hay videos que pr¨®ximamente saldr¨¢n a la luz p¨²blica en los que se ve a narcos pagando altas sumas de dinero a cambio de la promesa de que van a recuperar su libertad y de que no ser¨¢n extraditados. El palo no est¨¢ para cucharas.

Si este fest¨ªn clandestino que se est¨¢ dando desde las c¨¢rceles colombianas no se frena, puede poner en peligro el proyecto progresista y reformista del primer presidente de izquierda de Colombia.

Por eso es necesario que haya claridad en la manera como se est¨¢n adelantando esos acercamientos con las bandas criminales. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, un hombre cat¨®lico y reservado que ha recorrido las c¨¢rceles de Colombia pidiendo que se respeten los derechos de los presos, tiene la experiencia y el conocimiento para adelantar estas negociaciones con las bandas, sobre todo con el Clan del Golfo, sin duda la m¨¢s importante de todas. Sin embargo, el exagerado hermetismo con que ha hecho esos acercamientos ¡ªno se puede saber el nombre de ninguno de los gestores de paz ¡ª ha llenado de una innecesaria opacidad el proceso.

La falta de claridad sobre las atribuciones que tienen los gestores de paz que han sido nombrados por el Gobierno ha hecho que muchos narcos hayan llegado a pagar hasta un mill¨®n de d¨®lares por el cupo para estar en la lista de los gestores, porque ven en esa figura una v¨ªa para salir libres y blindarse de la extradici¨®n. Pero, adem¨¢s, el hecho de que todo esto est¨¦ sucediendo cuando ni siquiera se conoce el texto de la ley de sometimiento (que debe presentar el Gobierno ante el Congreso esta semana) le da pie a sus detractores para que digan que est¨¢ tomando forma el Pacto de La Picota, un acuerdo clandestino con la mafia que no buscar¨ªa ning¨²n sometimiento sino la impunidad total.

Este Gobierno tiene toda la autoridad moral para adelantar un proceso de acogimiento con el Clan del Golfo. Esta banda est¨¢ en expansi¨®n desde que se firm¨® el acuerdo de paz con las Farc. Cuando esa guerrilla se desarm¨® y dej¨® de tener el control sobre varios territorios, lo que se esperaba es que el Estado entrara a hacer all¨ª presencia. Lamentablemente, eso no pas¨® y ese vac¨ªo lo termin¨® copando el Clan del Golfo, una organizaci¨®n criminal que ejerce un control territorial y que es la expresi¨®n armada de una mafia que se ha enquistado en el poder, que se ha ido lavando y que elige a alcaldes, gobernadores y congresistas. El Clan del Golfo es hoy el responsable de la mayor¨ªa de los asesinatos a los l¨ªderes sociales en Colombia.

Que Petro quiera buscar una salida pac¨ªfica para acordar con ellos un sometimiento es un deber ¨¦tico. Lo que no puede permitir es que esta pol¨ªtica se pacte en la clandestinidad de las c¨¢rceles, a espaldas suyas y a escondidas del pa¨ªs.

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